El Instituto Interamericano por la Democracia ratificó la denuncia pública contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, a quien apuntó por las “irregularidades” en un juicio que desembocó en el desalojo de un anciano y su familia de un paraje cercano a Forres, caso que tuvo adquirió ribetes escandalosos cuando el damnificado falleció poco después de esa medida.La comisión integrada por el exembajador de EEUU en la comisión de DDHH ante la ONU, Armando Valladares, y el abogado Marcel Feraud, quienes entregaron el informe a autoridades del gobierno nacional y al propio López Alzogaray y a la ministra de Justicia, Matilde O`Mill y la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Aguila. “No nos recibió el gobernador aunque pedimos que lo hiciera, porque la intención nuestra es hablar con todas las partes”, aseguró Feraud.
Valladares advirtió que “si dentro de dos semanas no tenemos una respuesta de la Justicia de Santiago del Estero vamos a llevar este tema a las más altas instancias de los DDHH del mundo”, como la Corte Interamericana de Justicia, la OEA o la ONU. “Ya todos estos atropellos trascendieron la provincia y se conocieron en América Latina y se conocerá en el mundo”, añadió.
Valladares recordó que fue preso político del régimen castrista, en Cuba, durante 22 años, pero aclaró que “nunca vi un ensañamiento como el que se llevó a cabo con una familia humilde, un hombre que durante 60 años trabajó con su familia y fue despojado de su propiedad. Y la persona que dirigió todo esto es nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray”.
“Para mí no tiene precedentes, tanto es así que lo despojaron de sus tierras, le prendieron fuego a la casa y esto afectó muchísimo a este hombre, que habló con nosotros hace un año y ocho meses, y estando nosotros todavía en Argentina él murió de tristeza, por estas acciones en contra de él y su familia”, cuestionó.
Valladares sostuvo que el instituto comenzó a investigar el caso hace dos años “y pudimos comprobar no solamente la violación de los DDHH, sino de la normativa de la República Argentina. “La actitud de López Alzogaray tiene como consecuencia e involucra a toda la provincia en esta injusticia y violación de los Derechos Humanos”, afirmó. Pero también dijo que se constataron otros 300 casos en la provincia.
Feraud agregó que “lo grave de este caso es que no se trata de una conculcación de los DDHH de la familia Ardiles, sino que este atropello fue cometido bajo el ropaje de un proceso judicial, que agravia la injuria. Formalmente los DDHH se violan cuando es la policía o el poder el que agrede, pero acá todo eso lo hace bajo el manto de un proceso judicial, de manera muy inteligente”.
El abogado dijo que en sus años de experiencia “lo que ha sucedido en este juicio jamás lo he visto. El actor es nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, o sea la figura número uno del Poder Judicial, que demanda a Manuel Ardiles, un campesino de escasa ilustración y patrimonio, y todo lo que sucede en el juicio es lo que él pide, de inmediato. Inclusive, a través de una medida precautelatoria lo desalojan inmediatamente a Ardiles de su campo”.
“Nosotros hemos decidido ir hasta las últimas consecuencias porque consideramos que el atropello utilizando los medios de la Justicia es algo imperdonable y consideramos que la familia Ardiles debe ser atendida y compensada. Como dijo el embajador, nosotros lo conocimos a Manuel antes que falleciera cuando nosotros no habíamos terminado nuestro trabajo en Argentina. Y fallece por esto, porque lo arrancan de su campo donde él había nacido y lo ubican en los primeros días en una especie de frigorífico, donde estaban en condiciones peor que animales”.
Feraud ratificó que Ardiles era dueño de ese campo, porque su padre lo había obtenido a través de la prescripción adquisitiva de dominio, lo que se conoce como “título perfecto”, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad. El juicio de López Alzogaray buscó revisar esa sentencia de hace más de 50 años “y su argumento fue que su familia había recibido una cédula real en el Siglo XVIII, cuando la Argentina todavía no existía y que por esa línea ancestral él era dueño de esto. Si se hubiera escrito una novela hubiera pasado como ficción, pero en la realidad jurídica eso no podría haber sucedido jamás, pero pasó en Santiago del Estero y esto habla muy mal de la provincia. Por eso es que las autoridades y el gobierno provincial tienen que responder y alguien tendrá que encargarse de que esto se repare”.
El abogado reafirmó que “nosotros no representamos a ningún interés, simplemente nos llamó la atención el caso”. Valladares, también indicó el de Ardiles no fue el único caso que conocieron de Santiago del Estero: “Estamos realmente horrorizados por los testimonios que escuchamos de un grupo de familias”, dijo, en alusión a una reunión con integrantes de la Asamblea en Defensa de la Tierra. También mantuvieron un encuentro con Patricia Isorni, que denunció en la provincia y el ámbito nacional el asesinato de su hijo Franco. “No damos abasto, pero vamos a regresar”, prometió el exembajador.
“El caso Ardiles no es aislado, hay un modus operandi en la provincia de usurpación de tierras que nosotros tomamos nota y vamos a seguir con esa investigación. Es usurpación de extensos territorios y de riqueza, lo que no habla bien de la provincia”, acotó Feraud.
“Les puedo asegurar que no están solos todos los que han sufrido la represión y violación de sus DDHH y todos sus derechos, porque para nosotros esto es una prioridad”, sostuvo Valladares.
La conferencia se realizó en un hotel céntrico, bajo un clima enrarecido, porque hubo “muchos curiosos”, algún empresario y también abogados señalados por presuntamente manipular a campesinos para ocupar tierras, que intentaron romper las reuniones e imponer la agenda. Por ejemplo, Carlos “Ati” Weyemberg, a quien desde prensa de gobierno se sugirió entrevistar para intentar desacreditar al comité de IID, al sostener que “le llamaba la atención que se ocuparan de un solo caso y no de muchos otros”.
Los propios Valladares y Feraud se encargaron de desmentir esto, al sostener que si bien la investigación comenzó con el caso de Ardiles, recibieron testimonios sobre otros cientos de damnificados de la provincia. Precisamente, en el mismo lobby del hotel se ubicó el Subsecretario de Prensa, Carlos “Lito” Argañaraz para controlar quiénes ingresaban. Además, toda la conferencia se grabó por un equipo que se identificó como perteneciente a una página digital vinculada al director general de Prensa y Difusión, Walter Coria, donde curiosamente no se publicó nada.
Mientras tanto, López Alzogaray mantuvo un silencio obstinado, pese al escándalo. El fin de semana hizo publicar que había sido elegido presidente de la región Norte de la Junta Federal de Jueces, una entidad sin peso específico, como para contrarrestar el nuevo embate de IID, que fue revelado por Visión Santiago.
También trascendió que un conocido abogado del medio entrego a los visitantes una carpeta con variada documentación en donde se acusa el Director del Registro de la Propiedad Inmueble -un oscuro abogado de apellido Velarde- de manipular los dominios del interior provincial mediante informes truchos a la espera de posteriores coimas a sus propietarios .
Próximamente ampliaremos como opera este individuo y sus cómplices de adentro y de afuera de la oficina que debe velar por la seguridad jurídica.
