Un Juez de Control y Garantías de la circunscripción La Banda Dr. José Luis Torrelio otorgó la libertad a dos hombres acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, siendo uno de los imputados funcionario policial.
Fuente:
"El periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto". F.U.
viernes, 31 de mayo de 2024
A LO ZAFFARONI UN JUEZ DE LA BANDA
martes, 14 de mayo de 2024
ARGENTINA UN PAÍS MAS QUE GENEROSO:
Así tenemos que en estos últimos meses se detectó:
-Que había irregularidades
por $65 mil millones en la compra de medicamentos oncológicos.
-Que 9.000 personas que
cobraban el plan potenciar trabajo; eran empleados públicos.
-Que el 55% de los comedores
registrados que fueron relevados; no existen.
-Que en Chaco operaba una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes.
-Que Anses pagó hasta $1.700
millones por mes por sobre precios en contrataciones de seguros.
-Que Kicillof gastó $170.000 mil millones en programas llamados "Haceme Tuyo” o “Juguemos piola" de geles íntimos y otros gastos disparatados y no prioritarios.
-Que había un delegado en el
exterior que cobraba U$S 13 mil al mes hace ¡31 años! y otro U$S 9 mil sin
saberse bien a que se dedicaban.
-Que el impresentable Pérsico
se transfirió (él a él mismo) U$S 88 millones de dólares del estado a su
cooperativa.
-Que igual que lo que ocurre
en Santiago del Estero, había un negocio montado con la toma de tierras,
operado por agrupaciones sociales a través de funcionarios del sector..
-Que existe un consejo
campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y dos sedes, que le costaba
al país $9 mil millones al año.
-Que regalaron 2 hectáreas
del parque nacional Nahuel Huapi a un abogado de dudosa procedencia, amigo del “soy
inocente” Grabois , entre otros 81 lotes
en el país que aprobaron 16 días antes del 10/12/2023.
-Que se pagaron $171
millones por 500 mil guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se
hicieron 3 mil; estafando, inventando o usando a cooperativas para poder
facturarlos.
-Que 11.000 cooperativas que
financiaba el estado; no existen y otras 4.500 se está investigando si existen
o no.
-Que algunos canales de T.V.
sin la pauta oficial no son viables financieramente.
-Que los recitales gratis
tampoco existieron se pagaba entre U$S 150 mil a U$S 350 mil a determinados
artistas para bajar entre, tema y tema, adoctrinamiento a los jóvenes.
-Que hubo malversación por
USD 341 millones en la entrega de las Becas Progresar; que lo financiaban con
un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos.
-Que las provincias no
ejercían su función indelegable de pagar a los docentes, porque se gastan los
presupuestos en otras prioridades.
-Que además, ciertas
provincias, solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían
alguna obra en su jurisdicción, y si eran amigos del gobierno anterior,
recibían más sumas de dinero sin control ni justificación.
-Que antes de dejar el
gobierno se robaron 174 notebooks nuevas por un valor $290 millones.
-Que pagamos planes a 3.000
personas que no viven en argentina por $5.800 millones.
-Que para hacer el recital
lolapalloza un municipio perdó $60 millones, recibiendo a cambio y de cortesía,
cientos de entradas.
-Por todos estos ejemplos y
más, la Argentina este país más que generoso, está destruida, en lo económico y
en lo social. Nunca se registró tanta pobreza y desocupación. Pero eso sí… de
presos ni hablar, menos de que se reintegre lo robado al Estado.
Lo que aceptas, te transforma; lo que niegas te somete.
Salvo seas lento,
corrupto o cómplice.
viernes, 10 de mayo de 2024
UNA DENUNCIA LARGAMENTE ESPERADA A LA CAJA FORENSE
El abogado del foro local, Gabriel Coronel Chalfón, formuló una denuncia criminal en Fiscalía de turno, "en contra de la Caja Forense de Santiago del Estero y/o quienes resulten responsables, por la supuesta comisión de los delitos que resultaren de la Instrucción Penal Preparatoria".
La presentación la realizó a
partir de señalar unas presuntas irregularidades en la institución. Además, el
letrado aportó documentación como pruebas y solicitó que el fiscal de turno
ordene una auditoria forense u otra medida probatoria que considere pertinente,
"a los fines de determinar si se habría incurrido en actos de corrupción
y/o algún ilícito penal".
Al argumentar los motivos de la
presentación, en primer lugar el letrado señaló que "de manera compulsiva
se nos ha obligado a realizar aportes a la Caja Forense en todos los procesos
que llevamos adelante".
Dijo que ello abarca todo tipo de
acción, como iniciar una demanda o previo a librar oficios o copas certificadas
de sentencias: "Nos obligan a reponer honorarios que van desde el 5 al 10
por ciento de los mismos", indicó.
Ante ello, indicó que los
honorarios del abogado "tienen carácter alimentario, pues esos frutos
civiles del ejercicio de nuestra profesión, constituyen el medio con el cual se
satisfacen las necesidades vitales propias y de nuestra familia".
En tal sentido, manifestó si cabe
"preguntarse si estos aportes obligatorios a la Caja Forense no revisten
el carácter de confiscatorios del derecho patrimonial de todos los abogados, a
la par de que podría traer aparejado un enriquecimiento indebido de dicha
institución y hasta incluso podría tratarse de un abuso del derecho, que no
puede tolerarse desde el linaje constitucional".
Además, consignó supuestas
irregularidades: puntualizó que tuvo conocimiento "que en un proceso que
se tramita por ante el Juzgado de Paz Letrado de Primera Nominación en Expte.
Nº 759140, sobre una Acción de Nulidad Contra la Caja Forense, se habría
acompañado un balance de cierre del ejercicio económico finalizado en
fecha 21/12/ 2023" y que al respecto, "el hecho principal que me
causó extrema preocupación es ver el resultado del patrimonio neto de la Caja
Forense que arrojó una suma de $ 55 millones. Es decir que la institución
creada en el año 1974, y con la cantidad de aportes obligatorios de todos los
abogados de la Provincia, a lo largo de 50 años de existencia sólo cuenta con
ese patrimonio".
Expresó en la denuncia que
"por ello, mínimamente se debería ordenar una auditoría externa a los
fines de determinar si se habría incurrido en actos de corrupción y/o algún
ilícito penal".
También manifestó en su
presentación que "del balance mencionado" le llamó la atención que
"está firmado por el presidente de la Caja Forense, Dr. René Gustavo
Hauterberque, y certificado y/o fiscalizado por su hermano, Cr. Héctor Oscar Hauteberque".
"Llama poderosamente la
atención tal situación, ya que, por sentido común, deducimos y sabemos que un
hermano no podría certificar a otro en una institución, ya que claramente
habría incompatibilidades", planteó.
El abogado consideró que
"habría que recurrir a nuestro Código Civil y Comercial Art. 173, o el
Art. 286 inc. 3 de la Ley de Sociedades o el Reglamento de Legalización de
Firmas y la RT 37, aprobada por Resolución 51/12 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de nuestra provincia, y establecer si hubo alguna clase de
irregularidad que podría configurar alguna de las tipificaciones contempladas
en nuestro Código Penal".
Es por ello que solicitó
"con suma urgencia, al fiscal de turno, que ordene una información sumaria
y/o IPP tendiente a determinar si se habría incurrido en algún ilícito".
El Dr. Coronel Chalfón aportó
como prueba documental "boletas varias de pago de los aportes obligatorios
realizados en distintos procesos; copia de balance de la Caja Forense del
ejercicio finalizado al 21/12/2023".
Además, solicitó a modo de
recolección de prueba informativa, que se libre oficio al Juzgado de Paz
Letrado de Primera Nominación, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Santiago del Estero, a la Caja Forense, a los fines de que remitan copias
certificadas del referido balance.
Por último, pidió que se ordene
una auditoría forense u otra medida probatoria que determine el fiscal de
turno.
EL EFECTO DENUNCIA
Tras la denuncia del abogado Coronel Chalfón para que se investigue los estados contables de la Caja Forense de Santiago del Estero, ahora miembros del foro legal local manifestaron "su profundo desconcierto ante los resultados revelados en el balance financiero de la Caja Forense de la provincia, donde se informa un patrimonio neto líquido de $55.000.000, una cifra considerada desproporcionadamente baja en relación con los ingresos percibidos por la entidad durante más de medio siglo".
Los letrados en consonancia con
la presentación de Coronel Chalfón dicen que "la preocupación aumenta al
descubrir que el balance, certificado y auditado por un familiar directo del
presidente de la Caja Forense, podría contravenir disposiciones legales
vigentes que prohíben la participación de familiares en la auditoría de
entidades a las que están vinculados".
"La posibilidad de que un
balance financiero sea aprobado bajo tales circunstancias resulta inaceptable
para la comunidad jurídica. Más aún, si se tiene presente que los fondos
comprometidos son fruto y propiedad de los afiliados que durante décadas
aportaron con su trabajo".
Señala que "el foro
santiagueño se encuentra en vísperas de una explicación detallada por parte de
la Caja Forense sobre las razones que llevaron a la aprobación de estados
contables y balances con las deficiencias señaladas. En ese sentido, se resalta
la necesidad de una fiscalización externa e interna que garantice la
transparencia y la integridad en la gestión de los recursos financieros
destinados al bienestar de los profesionales del derecho y sus
beneficiarios".
"Se ha observado que la Caja
Forense nunca cumplió con su objeto social, que tenía que ver con las
prestaciones previsionales en favor de los abogados. Esta omisión agrava aún
más la situación, generando preocupación sobre la gestión y la administración
de los recursos destinados a cumplir con dicho fin".
Tras recordar que el abogado
Coronel Chalfón "ha formalizado una denuncia ante el Ministerio Público
Fiscal para que se investiguen las presuntas irregularidades, argumentando que
podrían haberse cometido delitos en relación con las inconsistencias que surgen
del balance", señalan que "los profesionales del derecho instan a la
realización de una investigación exhaustiva para esclarecer posibles
infracciones legales y salvaguardar los intereses de la comunidad jurídica y la
ciudadanía en general".
"Resulta prescindible
recordar a los afiliados a la Caja Forense que cualquier acto ilícito que
comprometa a la institución también los afectará directamente, implicando una
responsabilidad personal directa e ilimitada de su patrimonio".
Fuente: El Liberal
sábado, 27 de abril de 2024
RAUL ERNESTO HABRA ... PASO DE DELINCUENTE ELECTORAL A CAPO MAFIA DE LA DROGA
Ayer en horas de la siesta los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la Policía Federal, procedió al allanamiento de dos dos inmuebles en nuestra ciudad capital en el marco de una investigación originada en el Juzgado Federal de La Plata por fondos que habrían recibido partidos políticos.
Las viviendas allanadas pertenecen al C.P.N. Raúl Ernesto Habra, -conocido delincuente electoral y denunciador serial, ahora devenido capo narco- y en una de ellas descubrieron una habitación en la que se cultiva marihuana.
El allanamiento fue librado
por el juez Ramos, de La Plata y se
llevó a cabo por parte de los efectivos de la División Unidad Operativa Federal
Santiago del Estero de la Policía Federal en dos inmuebles, uno en Misiones al
300 del barrio Centenario y otro en el barrio Autonomía.
El juez federal de Santiago
del Estero, Dr. Guillermo Molinari,
autorizó los procedimientos y además del secuestro de documentación en los dos
domicilios, en la casa del barrio Autonomía hallaron una habitación acondicionada
para el cultivo de marihuana y habrían secuestrados 65 plantines y cogollos además
encontraron frascos con marihuana. .
Como consecuencia del accionar delictivo de este conocido personaje, dos de sus hijos fueron detenidos en esa oportunidad porque se encontraban en la vivienda y quedaron a disposición de la Justicia Federal de nuestra provincia.
Sin embargo, la Fiscalía Federal decidió
no imputarles ningún delito a los jóvenes, quienes integran un grupo de música
latinoamericana, y fueron liberados ayer al mediodía. En tanto, el Dr. Molinari
citó para la próxima semana al propietario de la vivienda En la que se halló la
sustancia. Este allanamiento es parte de una vieja investigación que se realiza
en la capital federal, relacionado con la nota que transcribimos a
continuación.
LOS
ANTECEDENTES DEL CASO
En estas horas, los principales medios nacionales dieron cuenta de la decisión de la justicia electoral de frenar el pago de $72 millones destinados a un Frente que buscaba competir en la provincia de Buenos Aires y que, según Clarín, sería una de las típicas “Pymes” electorales que se inscriben únicamente para recibir fondos del Estado.En el fallo se menciona a Raúl Ernesto Habra como apoderado de la alianza. Habra es santiagueño, conocido en el ambiente político por conocidas maniobras de “alquiler” de sellos partidarios y en las elecciones de este año, es también apoderado e integrante del Frente Pais en Santiago del Estero.
La Cámara
Nacional Electoral impidió que el frente Unión
Federal, que llevaba como candidatos al actor Ivo Cutzarida y al cantante
de cumbia Antonio Rios, participe
de las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y
reciba $72 millones del Estado para la impresión de boletas.
En su fallo del 25 de junio pasado, el juez Culotta argumentó que los partidos que pretendían conformar el frente habían cometido varias irregularidades a la hora de presentar la documentación necesaria para la inscripción de alianzas
En
Santiago del Estero, Habra
también es apoderado del Frente Pais que lidera en la provincia Pablo Mirolo.
Dicha alianza se halla integrada por tres partidos: Renovador Democrático,
Movimiento Libres del Sur y Unión por la Libertad, siendo este último uno de
los sellos que alquilaría Habra.
¿Qué es una Pyme Electoral?
Según
Clarín, en el planeta electoral, un micro mundo de apoderados y funcionarios,
hablan de “pymes” electorales (sin mencionar casos específicos) porque sospechan que hay listas que se anotan
para recibir fondos. “Los gastos se rinden pero es difícil comprobar: un
partido nos entrega facturas de que imprimió 4 millones de boletas y nosotros
no podemos saber si es verdad o no” indica una fuente judicial a Clarín.
Sin
duda se trata de un fraude al
Estado, dicen en esos corrillos y plantean que debería actuar otro fuero.
Hace tiempo la Cámara Nacional Electoral (CNE) pide que más recursos para
aumentar el plantel de auditores que controlan los gastos de partidos.
Actualmente tiene ocho.
jueves, 29 de febrero de 2024
SIGUE LA CORRUPTELA TRIBUNALICIA
Santiago del Estero: jueces, fiscales y abogados envueltos en la corrupción del armado del caso Móttola
La conmoción sobre el armado de causas a inocentes en Santiago Del Estero sostenida en una connivencia política, judicial y policial; estalló tras la filtración del audio de la Fiscal Aída Farrán Serlé donde confirma que el Policía Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva es inocente.
Tras la aparición del audio en los medios nacionales no cesaron de surgir hechos que clarifican el enquistamiento de la corrupción judicial.
El Ministerio Público Fiscal rápido de reflejos y con la clara intención de despegarse del escándalo judicial suscitado imputó a la fiscal confesa, la Dra. Aída Farrán Serlé y a través del Dr. Mauricio Abramczuk le tomó declaración indagatoria por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero tras ese acto comenzaron a filtrarse audios que demuestra que las "tranzas judiciales" para favorecer a unos y perjudicar a otros es parte de una enorme asociación ilícita.
Ahora a la justicia han llegado los audios que demuestran que el primer abogado del sindicado como autor del sicariato, el policía federal Juan Pablo Fernández, el Dr. Diego Lindow le pidió 30.000 dólares - en connivencia con su socia del estudio jurídico la Dra. Malena Bustos quien, causalmente, es hija de la Jueza de Apelación, la Dra. Sandra Generoso.
Según el abogado Diego Lindow su operatoria sería liderada a traves del lobby ejecutado por Malena Bustos y Luciana Jacobo, hija y sobrina respectivamente de la Jueza Generoso.
Según ellos ese dinero fue solicitado por el Juez Darío Alarcon para redireccionar la investigación a la pesquiza inicial que era la pista "narco" de la gobernación.
En los audios se escucha al abogado Lindow expresando: "Ahora lo llamo al gordo pelotudo este (por el Juez Darío Alarcon) que me dijo que esta todo bien y que el jueves resuelve".
Ahora, trascendió la denuncia contra el Juez Darío Alarcon, el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez y la fiscal Aída Farrán Serlé quienes llevaron durante años a cabo investigaciones de los “narcos vip” en la provincia. Además, en la causa iniciada se menciona también a la Jueza Falco, letrada que llevó adelante el caso de Marito Salto.
La denuncia se presentó ante el Consejo de la Magistratura, donde el objeto señalado es “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El caso tiene como génesis, además de la causa armada contra el policía Fernández, un conflicto de posesión de tierras en el interior de Santiago del Estero, más precisamente en el Departamento Pellegrini. Donde se argumenta un retardo injustificado llevado a cabo en distintas etapas del proceso judicial, una de aquellas denuncias fue realizada en el fuero penal del ex Juzgado de Instrucción en lo Criminal y en lo Correccional de 5ta nominación, que data del año 2015, a cargo de la jueza Falco.
Siguiendo esta línea, el documento señala además una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales y que responde directamente a una “maniobra compleja en procuras de apropiarse ilegítimamente de inmuebles en todo el territorio de la provincia”. Proceso que sería facilitado por una compleja red ilícita, de la cual formarían parte tanto empleados de distintas oficinas de la administración pública (Archivo de la Provincia, Registro de la Propiedad, Dirección de Catastro, etc.), empresarios cuyo rol es “reinsertar el inmueble en el mercado legal para su venta”, escríbanos (se menciona a Edmundo Alberto Gómez y Ana Lía Terzano de Gómez) y funcionarios judiciales de alto rango, cuyo rol sería determinante para la existencia de tal asociación.
La denuncia fue realizada por el Dr. Edgardo Taboada, que luego de numerosas presentaciones ante la justicia santiagueña, vislumbró un posible entramado ilícito. Se vio, entonces, obligado a presentar cargos por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
De esta manera la confirmación del armado espúreo de la causa Móttola donde la fiscal Aída Farrán Serlé en el escandaloso audio admite que ella sabe cuál era la línea investigativa a seguir (la pista narco), que además de lo vergonzoso de cómo llegaron al Policía Fernández para inculparlo, el oficial es inocente, se ha constituido en la punta del Iceberg de una escalada de denuncias contra la Asociación Ilícita que estaría conformada por el Juez Darío Alarcón, el Coordinador de Fiscales Julio Gómez, la Fiscal Aída Farrán Serlé y la Jueza Rosa Falco entre muchos otros funcionarios judiciales.
miércoles, 14 de febrero de 2024
SIGUE LA CORRUPTELA EN TRIBUNALES SANTIAGUEÑOS
Santiago del Estero: "Tras la confesión de la fiscal Farrán Serlé denuncian asociación ilícita de funcionarios"
La fiscal Aida Farrán Serlé reconoció en audios se filtraron que el Policía Juan Pablo Fernández preso por el caso Móttola es inocente, y llueven las denuncias.
martes, 9 de enero de 2024
CRISIS Y DESENCANTO DE LA JUSTICIA SANTIAGUEÑA
El presidente del Colegio de abogados Dr. Luis Miguel, reveló a un diario santiagueño que en la actualidad unos 500 abogados del foro local no presentaron sus títulos en la institución. Cosa rara ya que para matricularse se exige la presentación del mismo, pues de no ser así cualquiera andaría por el mundo con credencial de abogado.
Revelo que en la actualidad 4.980 abogados se encuentran inscritos en el Colegio de
Abogados de Santiago del Estero, y casi
el 10%, unos 500 en total, aún no presentaron el título universitario y sobre ese total, hay
alrededor de 40 casos "sospechosos, de gente con legajo, pero que no
tienen el diploma".
Es decir que se conoce a
quienes resultan ser “truchos” –no se los denuncia- lo que significa que siguen
litigando en los tribunales como cualquier profesional.
 |
| Dr Luis Miguel, antes de denunciar hay que juntar las pruebas y establecer los responsables |
“El hecho que no hayan presentado el título, no significa que no sean abogados, sino que no cumplieron con la formalidad de presentar esa certificación universitaria.” Expresa el entrevistado y lo grave del caso es que: “hemos descubierto gente con legajo que no tienen el diploma. Se van a destapar algunos casos en este 2024".
Acaso hay que esperar que
transcurra todo el año que acaba de comenzar para recién poner en descubierto a los usurpadores? Se
preguntan propios y extraños después de enterarse de este reportaje.
El letrado explicó cómo es
el mecanismo para otorgar la matrícula: "El Colegio de Abogados en
Santiago, viene confiando en la buena fe y permite la jura de profesionales con
certificados analíticos y provisorios por pandemia para que ejerzan su
profesión, para no poner trabas". Pero resulta que la excepción de la pandemia
ya fue superada y no precisamente ayer.
Agregó: "Se les otorga
un plazo de 180 días para que acompañen su diploma que suele demorar mucho en
las universidades. Pero hemos detectado varios casos, donde ese diploma no existe. Por eso a partir de 2024, se tomará
juramento a los que traigan su diploma. Esto va a ralentizar la matrícula. En
algunos casos estamos averiguando en las universidades porque “parece que no tienen el título” De modo
que estamos instruyendo sumarios para hacer las denuncias correspondientes. Es
grave", enfatizó el profesional.
Por lo que se sabe las
autoridades del Colegio, no citaron a ningún profesional con irregularidades en
sus legajos, para que se pongan al día con ese requisito.
MOROSIDAD
También se mostró preocupado
por la alta morosidad en el pago de las matriculas que alcanza casi el 85% del padrón
general.
También se rumoreó que entre
en los abogados “truchos” se encontrarían jueces y funcionarios públicos de
alto rango. De esto se desprende algún comentario que expresa: Ese sería el nivel
de mediocridad imperante. Un juez que ni
siquiera razona bien en el análisis de los hechos por falta de formación
jurídica en casos de duda no absuelve, condena. Cuando apenas advierte el
conformismo, se limitan a reproducir los fundamentos cuestionados y rebaten a
las defensas sosteniendo que las razones que invoca solo expresan
disconformidad por la opinión de los jueces.
En este nivel nos estamos conduciendo. También es preciso mencionar que
en estos tiempos solo designan jueces de amistad.
El tema es que tampoco el
colegio controla nada, expreso un joven abogado: “yo debo ser el único que
tenía al día el pago de mí matrícula; y que además una vez que me fijan
honorarios voy y pago impuestos...debiera ser que cada vez que vamos a ver un
expediente alguien pregunte: Dr. .cuál es su matrícula… Dr. Usted no está al
día con el pago de su matrícula y observamos que debe impuesto sobre honorarios
de tal expediente nunca se controla eso y las costumbres se hacen leyes "
“Lo mismo pasa con el predio
que pertenece al Colegio. Una vergüenza que sea el predio más abandonado en
relación a los de médicos ; ingenieros CS económicas etc etc resulta ser...el
más pobretón de todos siendo abogados es una vergüenza...pero en fin ; si la
cabeza no se pone firme ; todos les van a pasar por arriba ..”
Otro profesional expresó:”
Nadie paga la matricula porque no se ofrece ningún beneficio” Para que
recaudar? Después de las gestiones desaparecen los aportes.
En fin largo seria de
continuar con este tema que da para mucho más. Si se llegase a practicar una auditoria
sobre las causas que se ventilan en la actualidad irían todos presos, no solo
por la ignorancia que demuestran, sino por la morosidad perversa que padecen
todos.
Mientras tanto se siguen nombrando
jueces con el dedo, sin requisitos, ni concursos. Así vamos.