sábado, 11 de enero de 2025

EL FISCAL GENERAL INAMOVIBLE EN SU CARGO

 

NO ES LA ‘CHINA’ NI ‘WANDA’ NI ‘ICARDI’ NI ‘L-GANTE’; ES EL FISCAL GENERAL ‘EDUARDO DE LA RUA’, UN ROCK STAR DE LA JUSTICIA SANTIAGUEÑA CON ARRANQUES DE CHANO CHARPENTIER…

¿Al fiscal “fiestero” le quedará una vida más después de tantos escándalos?

De la Rúa cuenta con un historial de comportamiento alejado del decoro que debiera mantener como jefe de fiscales, además de cuantiosos gastos por viajes –pese a la Emergencia Económica- y un récord personal de pedidos de juicio político que el zamorismo archivó sin tratar en la Legislatura. Noche, tragos y bellas mujeres, una combinación peligrosa. El último episodio que se le atribuye es haber chocado a una mujer en pleno centro.

El fiscal general Luis Alberto de la Rúa acumula un historial de escándalos que contrarían el decoro que debiera exhibir un jefe de fiscales, pero, pese a todo, es sostenido contra viento y marea en su cargo clave por el zamorismo.

El último episodio, de una gravedad inusitada, ocurrió el domingo 29 de diciembre, cuando se le atribuye haber chocado a una mujer que descendía de un vehículo en Perú y Salta, en pleno centro. Pero lo más grave no fueron las lesiones que sufrieron en una de sus piernas la damnificada, oriunda de Córdoba, ni los daños al vehículo, sino la desaprensiva actitud de huir con su vehículo del lugar, abandonándola a su suerte. Pero fue detenido unas cuadras más adelante por policías que ni sabían quién era: allí habría sacado chapa de fiscal general para abandonar su auto y marcharse a pie, en estado calamitoso, hasta su casa a pocas cuadras. Así lo muestra un video anónimo.

El vehículo fue retirado del lugar y ocultado de miradas indiscretas, pero la noticia ya había sido esparcida en algunos portales, que, por presiones oficiales, las borraron al poco rato. Todo se tapó para silenciar el escándalo mayúsculo, ya que si se hubiera tratado de un ciudadano de a pie hubiera terminado aprehendido o, de mínima. demorado por la policía.

Para colmo, se movilizaba en un vehículo oficial, un Toyota Corolla dominio AF 062 IW, afectado al Ministerio Público Fiscal. Todo se acalló y es presumible que se tuviera que hacer cargo de todos los daños y lesiones causadas, para que los damnificados no salieran a denunciarlo. Pero así no debiera funcionar el sistema, en el que supuestamente no tendría que haber hijos y entenados: además de hacerse cargo de los perjuicios, debería responder por su conducta indecorosa y violatoria de la ley.

Una actitud diametralmente opuesta se vio con el caso del subcomisario Ezequiel Paz Santillán, a quien se detuvo pocos días después por haber embestido a un ciclista en avenida Belgrano, a la altura del Parque Sur, que también huyó del lugar y chocó en Aguirre Vieja y Pedro González. Una travesti que al parecer lo acompañaba escapó del vehículo, según versiones. El funcionario se habría encontrado alcoholizado, por lo que la fiscal Jacqueline Macció ordenó que fuera aprehendido. Una decisión que contrastó con la permisividad de Eugenia Callegaris, quien dejó marchar a su jefe en estado de ebriedad.

No hay dudas de que De la Rúa es un protegido de Gerardo Zamora, si no, no se explica que haya sobrevivido a tantos escándalos y graves denuncias que tendrían que haberlo eyectado de su cargo hace tiempo. El fiscal general parece tener predilección por la actividad nocturna, con tragos y mujeres bellas, una combinación bastante incompatible con su cargo.

Hace pocos años, en una de las fiestas de cierre anual que organiza, una abogada allegada a De la Rúa fue invitado –pese a no pertenecer al Ministerio Público- y habría denunciado en plena celebración de fiscales la presunta desaparición de un anillo que ella había donado para sortear entre los presentes, lo cual no está permitido por la Ley Provincial de Ética Pública 6.784, que les impide recibir obsequios de partes que pueden tener intereses en los litigios en los que intervienen.

A fines de 2023, se filtró un video de una fiesta en un quincho, donde se lo ve con un vaso en la mano, mientras intenta insistentemente entablar conversación con una atractiva fiscal de Género, a la que se ve visiblemente incómoda. En la mesa donde hay varios fiscales se ven bebidas gaseosas y alcohólicas y tienen hasta un DJ que musicaliza el encuentro. A propósito de esto, en otro momento también se lo ve bailar lambada, al parecer uno de sus ritmos favoritos.

Pero no son pocas las fotografías que circulan, rodeado de fiscales y abogadas, celebrando en mesas donde corre champán en abundancia, como una fechada en agosto de 2023.

En sus constantes viajes para encuentros de instituciones anodinas, que más responden a relaciones públicas y turismo, suele ser acompañado por una funcionaria cercana. Aunque en 2023 fue con su esposa y su hija a Santa Cruz, donde se quedó una semana, pese a que la reunión formal era de sólo dos días. Se alojó en una habitación triple de un hotel 5 estrellas y se hizo pagar viáticos, contrariando la directiva del gobernador de austeridad por la Emergencia Económica, que entonces acababa de decretar. Según trascendidos, su estadía habría costado unos $2 millones.

Ese año celebró con sus fiscales una fiesta de Fin de Año, de gala, cuya tarjeta rezaba: “Celebremos el cierre de un año maravilloso”. Un concepto completamente alejado de la realidad, al menos para la mayoría de los santiagueños, castigados por la inflación, la pobreza, sueldos miserables y hasta la falta de combustibles, en aquel momento. Algunos de sus propios fiscales “agasajados” se quejaron porque fueron obligados a pagar en tres cuotas las tarjetas, mientras que el Ministerio Público fiscal se habría hecho cargo de una parte de su costo.

Como si esto fuera poco, el Ministerio Público muestra pobres resultados estadísticos, de acuerdo al relevamiento anual que realiza el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que encabeza el prestigioso jurista Alberto Binder: los últimos datos disponibles de 2021 arrojan que de 57.659 causas que ingresaron y llegaron a sentencia, la mayoría por juicio abreviado, sólo 177. Se omitió informar las prescripciones (por vencimiento de los plazos legales, lo que es responsabilidad de los fiscales) y las absoluciones, en juicios donde pierden como parte acusadora. “Una vergonzosa ineficiencia”, sentenció un letrado que frecuenta los pasillos de tribunales.

Cabe acotar que en el último reporte de 2022 Santiago del Estero figura “sin datos”, porque el Ministerio Público Fiscal ni siquiera respondió a la consulta, por lo que fue ubicado entre los sistemas más opacos del país, porque ni le llevó el apunte a la ley de acceso a la información pública nacional 27.275. “Este ‘apagón informativo’ impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”, se quejó INECIP.

Por último, valga recordar que en la Cámara de Diputados hay unos cuatro pedidos de juicio político contra De la Rúa, por su injerencia en diversas causas, donde se le atribuye mal desempeño, pero también conductas que podrían configurar delitos, según los denunciantes.

Tras el último escándalo de la mujer atropellada se instaló un pesado silencio. Lo salvó la campana de la feria judicial de verano, con una suerte de pausa para que se calmen las aguas mientras se prohíbe hablar del tema. Lo que no se sabe es si volverá a retomar su función después de este grave episodio, o si se le dará una salida decorosa como la jubilación. La única certeza es que, al menos hasta ahora, el gobierno que encabeza Zamora lo protegió a capa y espada.

Publicado en El Termeño.

sábado, 4 de enero de 2025

LOS "APRIETES" DEL FISCAL GENERAL SANTIAGUEÑO




Conforme resulta ser reiterativo, el Fiscal General de la provincia protagonizó un escandaloso episodio en el Parque Aguirre. Y van 

   Este fin de semana, el Fiscal General de la provincia, Luis Alberto De La Rúa, increpó en la vía pública al Dr Maximio Ruiz para luego denunciarlo por supuestas amenazas. Con inusual celeridad, Ruiz, que es dirigente de la Coalición Cívica en Santiago, fue citado a declarar, aunque la fiscal de la causa hizo marcha atrás aludiendo “un error” en la notificación.



Un confuso episodio tuvo lugar este fin de semana en el Parque Aguirre, cuando Maximio Ruiz, abogado y referente del partido de Elisa “Lilita” Carrió, se encontraba trotando en el lugar y al pasar, circunstancialmente, junto al Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto De la Rúa, fue increpado por éste en duros términos.

Así lo relató Ruiz a Visión Santiagueña, quien aún sorprendido por el incidente, contó que el jefe de los fiscales incluso lo  “invitó a pelear” mientras “agitaba los puños y me insultaba, diciéndome degenerado y delincuente”.

“El venía caminando y yo corriendo, y como el sendero era angosto, me hice a un costado y pasé a su lado; no sé si se habrá asustado o qué, pero en ese momento se dio vuelta y empezó a gritarme desaforado” explicó.

También contó Ruiz que tras lo ocurrido, y con una rapidez muy poco común en la justicia santiagueña, el domingo un grupo de efectivos policiales se presentó en su domicilio con una notificación que lo intimaba a comparecer este lunes a las 12:30 en la fiscalía a cargo de la Dra. Cecilia Larred, para prestar “declaración testimonial” en el marco de una denuncia por “amenazas” presentada en su contra por De la Rúa.

“Eran policías de civil que vinieron en una camioneta blanca sin identificación oficial y que intentaron ingresar en mi edificio, aunque en un primer momento no lo lograron. Luego lo hicieron, pero yo ya no me encontraba allí” detalló.

En compañía de sus letrados, Dra. Teresa Pereyra y Dr. Anselmo Juárez, el denunciado se presentó en el Ministerio Público Fiscal en el horario establecido, y tras cuatro horas de espera, la fiscal Larred, subalterna del denunciante, le informó que la citación a declarar se había tratado de un supuesto “error” y que la cédula en realidad tenía por objeto notificarlo de una medida de prohibición de acercamiento a De La Rúa.

En un video publicado en la cuenta de Facebook de Ruiz, se observa a la fiscal visiblemente nerviosa tratando de explicar su “error” y pidiendo no ser filmada.

Publicado por Visión Santiagueña

lunes, 30 de diciembre de 2024

SANTIAGO DEL ESTERO CARGA CON LA INEPTITUD DEL PODER JUDICIAL


Esta noticia fue publicada en el portal: info del estero.com pero fue levantada a poco de su amplia distribución por orden de quien manda mas.

Santiago del Estero soporta una crisis profunda en estos últimos veinte años, lacerada por una corrupción y  la manipulación sin límites dentro del sistema judicial. Los recientes hechos revelan una preocupante combinación de encubrimiento institucional, violación a los derechos de los santiagueños y un desinterés absoluto por la transparencia y el respeto a la legalidad.

El caso más reciente lo protagonizó el Fiscal General santiagueño, Dr. Luis Alberto de la Rúa, - uno de los personajes más desacreditado e ignorante- que no solo pone de manifiesto la crisis de ética dentro del sistema judicial, sino también el grado de impunidad con el que se opera desde las altas y bajas esferas del poder en la provincia.

UN HECHO REPUDIABLE

Este jefe de los Fiscales en toda la provincia  Luis Alberto de la Rúa en la mañana del 29 de diciembre de 2024, protagonizó un hecho escandaloso que zarandeó a toda la opinión publica provincial, pues fue identificado extraoficialmente – en un principio- como el responsable de un accidente en el que atropelló a una mujer de 57 años sobre la calle Perú, dejándola tendida en la vía pública.

Tras el incidente, este despreciado funcionario, se dio a la fuga. El impacto, sucedido entre las 10 y 11 de la mañana, fue captado por cámaras de seguridad de la zona, pero la sospecha de manipulación de evidencia, crece a medida que se reporta la anulación de los registros del CCTV.

Posteriormente, el vehículo del Fiscal fue detenido en la intersección de Independencia y Balcarce, con el frente visiblemente dañado, evidencia inequívoca del choque.

Este incidente no puede desvincularse de un contexto más amplio de encubrimiento y abuso de poder que caracteriza a las instituciones. La falta de acción inmediata y la posibilidad de alterar informes toxicológicos refuerzan la percepción de una justicia selectiva y subordinada al poder político.


UNA SUMA DE TRAPIZONDAS

Este caso se suma a una serie de episodios que evidencian la manipulación de la justicia, para proteger a los aliados del poder. La anulación de registros del CCTV, la dilación de pericias y el potencial de alteración de informes médicos constituyen actos que destruyen la credibilidad en las instituciones.

Santiago del Estero es escenario de sobreprecios en obras públicas, desfalcos millonarios y un uso indebido de recursos públicos. Los contratos otorgados a empresas vinculadas al oficialismo, como el caso de Stilnovo y Grupo Uno Led, muestran un patrón de favoritismo y apropiación indebida de fondos.



La corrupción no es un fenómeno aislado; impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La negligencia en la provisión de servicios esenciales como salud, educación y seguridad representa una violación sistemática de los derechos básicos de la población.

El poder judicial en Santiago del Estero fue cooptado para garantizar la impunidad de los poderosos y perseguir a quienes denuncian irregularidades.

Este esquema, reforzado por funcionarios como Luis Alberto de la Rúa, perpetúa la injusticia y debilita el estado de derecho.

Resulta imprescindible garantizar una justicia independiente y eficiente que actúe conforme a la ley y sin injerencias políticas.

Auditar el Uso de Fondos Públicos, llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos y presupuestos provinciales para identificar y sancionar actos de corrupción.  Brindar seguridad a quienes han sido afectados o han denunciado abusos, evitando represalias por parte de las autoridades provinciales. Reestructurar las Instituciones, Implementar reformas profundas en las instituciones judiciales y administrativas para garantizar su autonomía y transparencia.

Próxima nota en confección: Registro de la Propiedad… un nuevo caso Rentas?

lunes, 16 de diciembre de 2024

QUIENES SON LOS QUE TIENEN FUEROS?

 

En 1892 murió Don Carlos Fuero. Una calle en la ciudad de Saltillo, una en Parral y otra en Chihuahua llevan su nombre.

Por si no sabían. La historia es digna de ser conocida...

En la guerra por la República a la caída de Querétaro, quedó prisionero de los "Juaristas", el Jefe del Estado Mayor de Maximiliano, el General Don Severo Del Castillo,

En juicio breve fue condenado a muerte, y su custodia se encomendó al Coronel Carlos Fuero.

La víspera de la ejecución del General Del Castillo, el Coronel Fuero dormía, cuando su asistente lo despertó diciéndole:

 -El General Del Castillo, desea hablar con usted Coronel.- Fuero se vistió de prisa  y acudió de inmediato a la celda del condenado a muerte.

No olvidaba que el General Don Severo Del Castillo, había sido amigo de su padre.

 -Carlos-, le dijo el General, -perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes, me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor.

Quiero confesarme y hacer mi testamento.

Por favor manda llamar al padre Montes, y al licenciado José María Vázquez.

Mi General-, respondió el Coronel Fuero.

-No creo que sea necesario que vengan esos señores.  -¿Cómo?-_, se irritó el General Del Castillo,

-Deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia, ¿y me dices que no es necesario que vengan el sacerdote y el notario?

-En efecto mi General- repitió el Coronel republicano-

-No hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos, y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese.

El General Don Severo se quedó estupefacto. La muestra de confianza que le daba el joven Coronel Fuero era extraordinaria.

-Pero Carlos, le respondió emocionado -¿Qué garantía tienes de que regresaré, para enfrentarme al pelotón de fusilamiento?

-¡Su PALABRA DE HONOR mi General! , contestó Fuero. -Ya la tienes-, dijo Don Severo, abrazando al joven Coronel.

Salieron los dos y dijo Fuero al encargado de la guardia:  -El General Del Castillo, va a su casa a arreglar unos asuntos. Yo me quedaré en la celda en su lugar como prisionero. Cuando él regrese, me manda despertar.

A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, el General Sóstenes Rocha. El encargado de la guardia le informó de todo lo sucedido. Corriendo fue Rocha a la celda en donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó moviéndolo:-¡¿Qué hiciste Carlos?! ¿Por qué dejaste ir al General Del Castillo?

-Ya volverá-, le contestó Fuero.   -Y si no lo hace, entonces me fusilas a mí.

En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera:

-¿Quién vive?-, gritó el centinela. ¡México!- respondió la vibrante voz del General Del Castillo -y un prisionero de guerra.

Cumpliendo su PALABRA DE HONOR, volvía Don Severo para ser fusilado.

El final de esta historia es feliz.  El General Severo Del Castillo, no fue pasado por las armas.  El General Rocha le contó a Don Mariano Escobedo lo que había pasado, y éste le informó a don Benito Juárez.

El Benemérito conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al General Del Castillo, y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra el Coronel Fuero. Ambos hicieron honor a la Gloriosa Institución.

Ambos hicieron honor a su palabra. De ahí deriva también la palabra "Fuero",

Tener "Fuero", es tener un privilegio, que debe sustentarse en la PALABRA DE HONOR, y en un juramento que todos los abusivos políticos han olvidado, y hecho a un lado para gozar de canonjías, privilegios absolutamente extravagantes y fuera de la ley... en resumidas cuentas, ¡¡¡PARA COMETER ABUSO DE PODER SIN LÍMITES NI VERGÜENZA!!!.

También muchos de los que no son políticos han olvidado lo que es tener: “PALABRA DE HONOR", para eludir sus responsabilidades, evitar sus compromisos y engañar muchas veces, hasta a sus más allegados, a sus familiares, amigos, a sus compañeros de trabajo, a su empleador.

AFORTUNADAMENTE AÚN EXISTEN MUCHAS FAMILIAS QUE INCULCAN A SUS HIJOS TODAVÍA LO QUE ES TENER  PALABRA DE HONOR. Ahora ya saben de dónde viene el tan mentado ¡¡¡fuero!!!

Que falta hace hoy en DIA, Ojalá se recupere este VERDADERO HONOR.

miércoles, 11 de diciembre de 2024

Nada justifica la demora, Señor Juez

 

Por Rita Lucca

10 de Diciembre de 2024

La Corte Suprema rechazó un recurso del juez laboralista Alberto Alejandro Calandrino contra la resolución 189/2024 del Consejo de la Magistratura, que lo sancionó por demoras en la tramitación de expedientes. Los detalles del caso   

El eterno atraso y las largas demoras en la tramitación y dictado de sentencias no es algo nuevo. El problema aqueja a los diferentes fueros a lo largo y ancho del país, pero se agravó en la Justicia Nacional del Trabajo por el alto número de vacantes, la pandemia y la falta de recursos. A su vez, gran parte de las causas que tramitan son de carácter alimentario y las sumas reclamadas se ven afectadas por la inflación.

La crisis quedó nuevamente en el centro de la escena, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso deducido por el juez laboralista Alberto Alejandro Calandrino contra la resolución 189/2024 del Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo sancionó por demoras en la tramitación de expedientes. 

El titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 35, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió una sanción de apercibimiento por graves demoras en un reclamo que involucraba un crédito por despido y accidente laboral. En el caso, el letrado patrocinante de la parte actora presentó sucesivos escritos, denunciando la demora del juzgado en resolver y solicitando pronto despacho, pero todas esas peticiones fueron proveídas y suscriptas por el magistrado, quien admitió el vencimiento de los plazos legales e hizo saber a la parte que procedería a resolver, respetando el orden de ingreso de los expedientes que se encontraban en estado de dictar sentencia. Sin embargo, el magistrado omitió comunicar la situación a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tal como lo exige el artículo 167, apartado 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Las actuaciones se iniciaron el 17 de abril de 2015, pero el primer despacho se dio cuatro meses después de su radicación. El denunciante explicó, en este sentido, que el dictado de las resoluciones "ha excedido con creces los plazos", y destacó que los escritos de las partes tampoco eran agregados al expediente ni subidos al Lex100 en forma apropiada. El llamamiento de autos para sentencia en el expediente tuvo lugar el 1 de febrero de 2019, pero a la fecha de la denuncia -3 de junio de 2021- había vencido el plazo previsto. Finalmente se dictó sentencia el 18 de octubre de 2021, es decir, dos días después del descargo del magistrado ante el Consejo. 

Calandrino admitió haber suscripto las sucesivas providencias, pero se justificó: “(…) resulta curioso –y ajeno para quienes no se desempeñan en este Poder del Estado- pretender que un Magistrado firma y constata los cientos de proveídos ‘Agréguese y tiénese presente’ que se generan por día en una dependencia. Ello no se condice con la realidad y con la delegación de funciones necesaria para poder afrontar el servicio de justicia que debemos brindar (…) En definitiva, la firma de un magistrado en la recepción de un escrito no puede considerarse como toma de conocimiento –en este caso- de una demora”. 

En este escenario, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -Horacio Rosatti se excusó de intervenir- rechazaron los planteos del magistrado sancionado y advirtieron que el Consejo evaluó "cada una de las defensas ofrecidas por el magistrado y las desestimó con argumentos concretos, respaldados en la prueba obrante en el expediente". 

A la hora de decidir, el Consejo ponderó que el juez había subrogado otro juzgado desde agosto de 2015 hasta octubre de 2020; que la pandemia del COVID-19 había afectado gravemente el funcionamiento de los tribunales de justicia; y que el fuero laboral carecía de los recursos materiales y humanos necesarios para una óptima prestación del servicio. El organismo reconoció incluso lo "dificultoso el cumplimiento de los plazos legales de 30 y/o 60 días para dictar sentencia". Pese a ello, consideró que "esas circunstancias no alcanzaban para excusar la morosidad del magistrado" y que la demora era "irrazonable y excesiva". 

Calandrino dedujo un recurso contra la resolución. En este escenario, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -Horacio Rosatti se excusó de intervenir- rechazaron los planteos del magistrado sancionado y advirtieron que el Consejo evaluó "cada una de las defensas ofrecidas por el magistrado y las desestimó con argumentos concretos, respaldados en la prueba obrante en el expediente". 

"(…) el recurrente reitera que tenía mayor cúmulo de trabajo debido a la subrogancia de otro juzgado, pero no se hace cargo de que esa situación culminó un año antes de dictar la sentencia demorada. Insiste con que la pandemia y la crisis del fuero laboral impiden cumplir con los plazos legales (…), sin embargo, no advierte que no fue sancionado por incumplir esos términos sino por una morosidad que excede ampliamente esos plazos y que fue valorada como excesiva teniendo en cuenta una diversidad de elementos: tanto el contexto de pandemia y la crisis de recursos del fuero laboral, como la falta de complejidad jurídica del expediente y las reiteradas oportunidades que tuvo el magistrado de enterarse de que la causa estaba demorada y la parte requería el dictado de la sentencia definitiva", dijo el Máximo Tribunal. 

También destacaron que el juez "pretende amparar su conducta en la falta de conocimiento efectivo de los reiterados pedidos de pronto despacho y, para ello, alega que no estaba al tanto de las providencias que suscribía", pero que esta "manifestación implica, en sí misma, un reconocimiento de negligencia ya que la colaboración de otro funcionario en las tareas no puede excusar al magistrado de conocer el contenido de la resolución que rubrica y por la cual es responsable".

 

miércoles, 9 de octubre de 2024

ARGENTINA UN PAÍS DONDE TODO SE SABE PERO NO SE HACE NADA

 

 

A muchos les molesta que el Presidente Milei use un lenguaje impropio de su investidura, pero no solo es eso…en estos pocos meses de su gobierno se conoció, se probó y se publicó que:

-Que hay irregularidades por $65 mil millones en la compra de medicamentos oncológicos.

-Que 9.000 personas que cobraban el plan potenciar trabajo; eran empleados públicos.

-Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados; no existen.

-Que el llamado dirigente Grabois manejó una caja de U$S 244 millones durante el gobierno anterior y hasta el momento…nada

-Que el impresentable Belliboni manejó una caja de $5 mil millones de pesos y extorsionaba a la gente.

-Que en el Chaco operó una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes de todo tipo y a la vista de todos.

-Que la Anses pagó hasta $1.700 millones por mes por sobre precios en contrataciones de seguros.

-Que Kicillof gastó $170.000 mil millones en programados llamados "Haceme Tuyo” o “Juguemos piola" de geles íntimos y otros gastos disparatados y no prioritarios.

-Que había un delegado en el exterior que cobraba U$S 13 mil al mes hace ¡31 años! y otro U$S 9 mil sin saberse bien a que se dedicaban.

-Que Pérsico se transfirió (él a él mismo) U$S 88 millones de dólares del estado a su cooperativa y hasta la fecha cero accionar judicial..

-Que existíó un consejo campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y dos sedes, que le costaba al país $9 mil millones al año. Insólito.

-Que regalaron 2 hectáreas del parque nacional Nahuel Huapi a un abogado de dudosa procedencia, amigo de Grabois (¿?) entre otros 81 lotes en el país que aprobaron  a las apuradas 16 días antes del 10/12/2023. Aun no retorno esa tierra al Estado

-Que se pagó $171 millones por 500 mil guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se hicieron 3 mil; estafando, inventando o usando a cooperativas para poder facturarlos. Todos andan sueltos.

-Que 11.000 cooperativas a las que financió el Estado; no existen y otras 4.500 se están investigando si existen o no. Pero que está haciendo esta justicia?

-Que los recitales gratis nunca existieron le pagaban entre U$S 150 mil a U$S 350 mil a determinados artistas para bajar entre, tema y tema, adoctrinamiento a los jóvenes. Y los siguen contratando

-Que hubo malversación por USD 341 millones en la entrega de las Becas Progresar; que lo financiaban con un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos.

-Que las provincias no ejercían su función indelegable de pagar a los docentes, porque se gastan los presupuestos en otras prioridades. Y… ahí están todos libres.

-Y que además, ciertas provincias, solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían alguna obra en su jurisdicción, y si eran amigos del gobierno anterior, recibían más sumas de dinero sin control, ni justificación

-Que antes de dejar el gobierno se robaron 174 notebooks nuevas por un valor $290 millones. Se sabe quiénes lo hicieron, pero todos libres

-Que se pagó planes a 3.000 personas que no viven en argentina por $5.800 millones. Y… ni un solo sumario todos en sus casas

-Que para hacer el recital lola palloza un municipio perdía $60 millones, recibiendo a cambio y de cortesía, cientos de entradas.

Por todos estos  ejemplos y más, nuestra Argentina está destruida, en lo económico y en lo social. Lo que aceptas, te transforma; lo que niegas te somete.  Salvo que seas muy lento, corrupto o cómplice… y que no te importe un carajo el país en donde vives

Muy fácil es decir lo que hicieron pero peor es tener los elementos para recuperar lo mal habido y quedarse en la silla, pensando en el próximo choreo.

jueves, 3 de octubre de 2024

DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ARRECIAN LOS ROBOS DE CAMPOS


El IID intimó al zamorismo a expedirse sobre el caso de Ardiles, sino recurrirá a organismos internacionales

Entregaron un documento en el que se sostiene que habrían existido irregularidades en el juicio que el presidente del Superior Tribunal, López Alzogaray, inició contra un campesino para desalojarlo de sus tierras, cerca de Forres, pese a que tenía título de propiedad sobre ellas. El anciano murió poco tiempo después, lo que atribuyeron al despojo que sufrió. Pero sostienen que no sería un caso aislado, sino un modus operandi para la apropiación de tierras.


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El Instituto Interamericano por la Democracia ratificó la denuncia pública contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, a quien apuntó por las “irregularidades” en un juicio que desembocó en el desalojo de un anciano y su familia de un paraje cercano a Forres, caso que tuvo adquirió ribetes escandalosos cuando el damnificado falleció poco después de esa medida.La comisión integrada por el exembajador de EEUU en la comisión de DDHH ante la ONU, Armando Valladares, y el abogado Marcel Feraud, quienes entregaron el informe a autoridades del gobierno nacional y al propio López Alzogaray y a la ministra de Justicia, Matilde O`Mill y la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Aguila. “No nos recibió el gobernador aunque pedimos que lo hiciera, porque la intención nuestra es hablar con todas las partes”, aseguró Feraud.

Valladares advirtió que “si dentro de dos semanas no tenemos una respuesta de la Justicia de Santiago del Estero vamos a llevar este tema a las más altas instancias de los DDHH del mundo”, como la Corte Interamericana de Justicia, la OEA o la ONU. “Ya todos estos atropellos trascendieron la provincia y se conocieron en América Latina y se conocerá en el mundo”, añadió.

Valladares recordó que fue preso político del régimen castrista, en Cuba, durante 22 años, pero aclaró que “nunca vi un ensañamiento como el que se llevó a cabo con una familia humilde, un hombre que durante 60 años trabajó con su familia y fue despojado de su propiedad. Y la persona que dirigió todo esto es nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray”.

“Para mí no tiene precedentes, tanto es así que lo despojaron de sus tierras, le prendieron fuego a la casa y esto afectó muchísimo a este hombre, que habló con nosotros hace un año y ocho meses, y estando nosotros todavía en Argentina él murió de tristeza, por estas acciones en contra de él y su familia”, cuestionó.

Valladares sostuvo que el instituto comenzó a investigar el caso hace dos años “y pudimos comprobar no solamente la violación de los DDHH, sino de la normativa de la República Argentina. “La actitud de López Alzogaray tiene como consecuencia e involucra a toda la provincia en esta injusticia y violación de los Derechos Humanos”, afirmó. Pero también dijo que se constataron otros 300 casos en la provincia.

Feraud agregó que “lo grave de este caso es que no se trata de una conculcación de los DDHH de la familia Ardiles, sino que este atropello fue cometido bajo el ropaje de un proceso judicial, que agravia la injuria. Formalmente los DDHH se violan cuando es la policía o el poder el que agrede, pero acá todo eso lo hace bajo el manto de un proceso judicial, de manera muy inteligente”.

El abogado dijo que en sus años de experiencia “lo que ha sucedido en este juicio jamás lo he visto. El actor es nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, o sea la figura número uno del Poder Judicial, que demanda a Manuel Ardiles, un campesino de escasa ilustración y patrimonio, y todo lo que sucede en el juicio es lo que él pide, de inmediato. Inclusive, a través de una medida precautelatoria lo desalojan inmediatamente a Ardiles de su campo”.

“Nosotros hemos decidido ir hasta las últimas consecuencias porque consideramos que el atropello utilizando los medios de la Justicia es algo imperdonable y consideramos que la familia Ardiles debe ser atendida y compensada. Como dijo el embajador, nosotros lo conocimos a Manuel antes que falleciera cuando nosotros no habíamos terminado nuestro trabajo en Argentina. Y fallece por esto, porque lo arrancan de su campo donde él había nacido y lo ubican en los primeros días en una especie de frigorífico, donde estaban en condiciones peor que animales”.

Feraud ratificó que Ardiles era dueño de ese campo, porque su padre lo había obtenido a través de la prescripción adquisitiva de dominio, lo que se conoce como “título perfecto”, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad. El juicio de López Alzogaray buscó revisar esa sentencia de hace más de 50 años “y su argumento fue que su familia había recibido una cédula real en el Siglo XVIII, cuando la Argentina todavía no existía y que por esa línea ancestral él era dueño de esto. Si se hubiera escrito una novela hubiera pasado como ficción, pero en la realidad jurídica eso no podría haber sucedido jamás, pero pasó en Santiago del Estero y esto habla muy mal de la provincia. Por eso es que las autoridades y el gobierno provincial tienen que responder y alguien tendrá que encargarse de que esto se repare”.

El abogado reafirmó que “nosotros no representamos a ningún interés, simplemente nos llamó la atención el caso”. Valladares, también indicó el de Ardiles no fue el único caso que conocieron de Santiago del Estero: “Estamos realmente horrorizados por los testimonios que escuchamos de un grupo de familias”, dijo, en alusión a una reunión con integrantes de la Asamblea en Defensa de la Tierra. También mantuvieron un encuentro con Patricia Isorni, que denunció en la provincia y el ámbito nacional el asesinato de su hijo Franco. “No damos abasto, pero vamos a regresar”, prometió el exembajador.

“El caso Ardiles no es aislado, hay un modus operandi en la provincia de usurpación de tierras que nosotros tomamos nota y vamos a seguir con esa investigación. Es usurpación de extensos territorios y de riqueza, lo que no habla bien de la provincia”, acotó Feraud.

“Les puedo asegurar que no están solos todos los que han sufrido la represión y violación de sus DDHH y todos sus derechos, porque para nosotros esto es una prioridad”, sostuvo Valladares.

La conferencia se realizó en un hotel céntrico, bajo un clima enrarecido, porque hubo “muchos curiosos”, algún empresario y también abogados señalados por presuntamente manipular a campesinos para ocupar tierras, que intentaron romper las reuniones e imponer la agenda. Por ejemplo, Carlos “Ati” Weyemberg, a quien desde prensa de gobierno se sugirió entrevistar para intentar desacreditar al comité de IID, al sostener que “le llamaba la atención que se ocuparan de un solo caso y no de muchos otros”.

Los propios Valladares y Feraud se encargaron de desmentir esto, al sostener que si bien la investigación comenzó con el caso de Ardiles, recibieron testimonios sobre otros cientos de damnificados de la provincia. Precisamente, en el mismo lobby del hotel se ubicó el Subsecretario de Prensa, Carlos “Lito” Argañaraz para controlar quiénes ingresaban. Además, toda la conferencia se grabó por un equipo que se identificó como perteneciente a una página digital vinculada al director general de Prensa y Difusión, Walter Coria, donde curiosamente no se publicó nada.

Mientras tanto, López Alzogaray mantuvo un silencio obstinado, pese al escándalo. El fin de semana hizo publicar que había sido elegido presidente de la región Norte de la Junta Federal de Jueces, una entidad sin peso específico, como para contrarrestar el nuevo embate de IID, que fue revelado por Visión Santiago.

También trascendió que un conocido abogado del medio entrego a los visitantes una carpeta con variada documentación en donde se acusa el Director del Registro de la Propiedad Inmueble -un oscuro abogado de apellido Velarde- de manipular los dominios del interior provincial mediante informes truchos a la espera de posteriores coimas a sus propietarios .

Próximamente ampliaremos como opera este individuo y sus cómplices de adentro y de afuera de la oficina que debe velar por la seguridad jurídica.