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martes, 9 de enero de 2018

LA "TRAGEDIA SANTIAGUEÑA" QUE CAUSO EL POPULISMO

Por: Redacción Visión Liberal

Santiago del Estero es una tierra que puede caracterizarse o definirse por un varieté de elementos históricos o culturales: cuna del folklore argentino, madre de ciudades, gente amable, veranos castigantes de 50°, entre otros...
Pero poco espacio periodístico ocupan aquellas cosas. En los últimos años, la provincia de Santiago del Estero merece los titulares por el ejercicio cíclico y desvergonzado del gobierno. Los inicios de esta práctica -ya vuelta costumbre- nos remonta a 1948, cuando Carlos Arturo Juárez asumía la gobernación por el Justicialismo; tiempo después siguió su segunda administración en 1973 -la cual fue frustrada por el proceso dictatorial. Hacia final de la dictadura, ocupó nuevamente el cargo en otras ocasiones más hasta 2001. Sumando un total de 5 de gobiernos condensados en 55 años de poder. Con el tiempo, todo esto le daría mote de "Era Juarista".


Ante la expectativa de los arcos opositores y la sociedad santiagueña, se hubiera esperado que por las Instituciones Republicanas que le son propias a nuestro Estado la historia no se repitiera. Sin embargo, las 2 últimas intervenciones federales que se dieron en la Provincia no pudieron contener el establecimiento de un nuevo clan gobernante.
En el año 2005, luego de la intervención federal a cargo de Lanusse, asume por primera vez como Gobernador, Gerardo Zamora con el Frente Cívico (en ese entonces de la UCR, luego devenido en radical K y desafiliado) tras una reñida elección con el PJ.
A pesar de presentarse el actual proyecto político como refundador de la provincia, se puede poner de manifiesto que el populismo siguió vigente: una de las primeras medidas de Zamora fue llamar a una Convención Constituyente que reformara la Carta Magna provincial. Ocho años después, y en busca de un tercer mandato consecutivo, algo que la Constitución provincial reformada por su partido prohíbe, el actual Gobernador fue judicialmente en contra de ella. No obstante, su intención fue truncada por un magistral fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que llevó a que Zamora ungiera como próxima Gobernadora de la Provincia a su esposa Claudia Ledesma de Zamora. Véase como una prueba de su amor, o como una manera implícita de que el poder siguiera girando en sus manos.
El saldo de 55 años de juarismo y 12 años de zamorismo (que pronto serán 16) son los siguientes, con datos accesibles a cualquier ciudadano:
  • 50% del empleo en blanco corresponde al sector público, el que a su vez percibe los sueldos más bajos de todo el país.
  • El 50% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
  • Tiene al conglomerado urbano más pobre del país (Santiago-La Banda).
  • 41% de la población no tiene acceso a cloacas o agua potable.
  • La evaluación Aprender arrojó que Santiago tiene algunos de los desempeños más mediocres del país, en general 10 puntos por debajo de la media.
  • Según un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA, la provincia lidera el ranking mundial de desmontes, con 4 millones de hectáreas deforestadas.
Datos que podrían ser propios de las regiones africanas más pobres, a pesar de los cuales en el 2017 Zamora decidió pedirle de vuelta a su mujer el mandato prestado en 2013. Desenlace anticipado: Su aplastante victoria fue de casi el 70% de los votos.


Lo más superficial sería atribuir su eternizado cargo a la popularidad y dilecto que el santiagueño le confiere. Mas, lejos de ser un líder carismático, Zamora encontró la forma de seguir extendiendo su dominio a través de los años agrandando el conglomerado público e intercambiando favores con los sectores más empobrecidos de la sociedad. Se aseguró, así, de instalar el mito que su permanencia en el poder está directamente vinculado con el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas que sufre, como comentamos anteriormente, más de la mitad de la población. De tal forma, el agua potable, una vivienda digna son cosas posibles si comulga en dirección al oficialismo.

70 años del más retrógrado y liberticida populismo dejaron instalados en la conciencia y el imaginario santiagueño que para conseguir un trabajo debe necesariamente ?'trabajar en política'' (léase ser un puntero a menor escala en su repartición pública o club de barrio, caminar las calles durante las campañas, o hasta ser arriados a los actos políticos del líder en camiones de basura). Esa creencia genera a su vez que cada una de esas personas piensen que no le deben su trabajo a su propia capacidad, sino al favor que el político les hizo, y se niegan a votar a otro diferente por temor a que el siguiente les quite lo que obtuvieron. Todo lo que genera un círculo vicioso a partir del cual la corrupción política se disemina en el sistema social, contaminándolo y corrompiéndolo al punto de quitarle su propia dignidad al santiagueño común, que ni siquiera puede despegarse de la prebenda política para conseguir un empleo digno.

"Uno no defeca dónde come", es una expresión muy propia y particular de los argentinos. ¿Pero hasta qué punto somos capaces de aceptar esta premisa y correr la vista de lo que merece nuestra atención e implicancia? En Santiago la corrupción, la muerte brutal de un niño de 11 años, la impunidad judicial ofrecida a los hijos del poder son hechos pasados por alto y no sólo porque el bolsillo demanda silencio, a esto debemos sumar la sombra del miedo colectivo operada por un laberíntico grupo de funcionarios estatales y punteros políticos.
El colmo de la ignominia: por la pequeñez del sector privado, hay innumerables militantes de distintas vertientes ideológicas (en franca colisión con el oficialismo provincial) que se ven obligados a dejar sus convicciones de lado y prestarle servicios políticos al zamorismo para conseguir un sueldo del sector público.
Todo esto es algo pocas veces abordado por los medios de comunicación locales, que subsisten en gran parte de la pauta oficialista. Otra libertad violentada: La libertad de expresión es algo que los medios locales están lejos de gozar y, en igual o peor medida, el individuo que atine a expresar públicamente un juicio poco favorecedor sobre el gobierno; de ser así, son muchas las anécdotas que se encuentran dispersas sobre figuras opositoras, empleados públicos, periodistas que fueron foco de desprestigio y persecución por sus palabras. Incluso es sabido entre los santiagueños de la existencia de un grupo de personas encargadas de controlar la actividad en redes sociales.



La ilusión del progreso, el desarrollo y la libertad cala hondo cuando a la distancia brillan con imponencia las llamadas "Torres Gemelas". Por esto se vuelve imperativo abordar esta asfixiante realidad a pesar de que el panorama para la Provincia se verá inmutable durante algún tiempo más, por lo menos hasta que la oposición local, tome algo más de relevancia y pueda captar la atención de esa enorme masa de comprovincianos que actualmente subastan su voto por la prebenda. Al clan Zamora le quedan aún algunos años prolongando y afinando su estilo cuasi mafioso, mientras los santiagueños deberíamos llamarnos a la reflexión.

Tal vez pueda tomarse a Santiago del Estero como una muestra a pequeña escala de lo que provoca un populismo aún más exacerbado que en el plano nacional. Las instituciones democráticas y republicanas totalmente bastardeadas al punto de resultar irreconocibles. Mediocracia que premia a quienes se mantienen servilmente obedientes. Ceguera voluntaria para no ver el atraso al que la provincia está irremediablemente condenado, por lo menos mientras las cosas se mantengan inmutables. Políticos, sindicalistas y jueces que no defienden nada más que sus propios intereses espurios. Empresarios prebendarios que dan jugosos retornos a cambio de la obra pública provincial. Violación total de la Igualdad ante la Ley y de todas las clases de Libertades. Tal vez por todo ello se entienda que los autores permanezcan en el anonimato.

Pero también es cierto que es el santiagueño el que en el cuarto oscuro continúa eligiendo demagogia y populismo extremos hace 70 años, sea por miedo o porque no le es posible concebir una alternativa. Para cambiar eso, hoy más que nunca la batalla es cultural.
Redacción de Visión Liberal

viernes, 19 de agosto de 2016

LA JUSTICIA SANTIAGUEÑA "ENSOBRADA"

Los jueces más cuestionados que tiene el zamorismo en la provincia, cayeron por su propio peso, siempre pensando en la impunidad que los sostiene
Una causa civil de la provincia de Tucumán se presentó en los estrados judiciales de Santiago del Estero de manera absolutamente incierta. La causa habría pasado por las manos de tres jueces del crimen hasta que llegó al último quien objeto todo lo realizado por sus colegas. Por el hecho el Gobierno de Tucumán fue embargado cuatro veces por una suma cercana a los 7 millones de pesos.


Jueces : Moreno, Tarchini Saavedra y Martínez Llanos olfatearon de lejos el negocio del "sobre". Sabían que no correspondía, pero la estrategia de Pericas pudo más
La causa civil contra el Gobierno de la Provincia de Tucumán  iniciada en los estrados judiciales de Santiago del Estero  fue realizada por Luis Manuel Pericas apoderado de LV7 Radio Tucumán S.A contra Dittinis Marcelo, Secretario de Estado de Prensa y Difusión de la provincia de Tucumán por supuesto delito a establecerse.
La causa  ingresa al juzgado del crimen de cuarta nominación a cargo de Miguel Moreno, en esa primera instancia se dispone trabar embargo sobre los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán pagándose por caso una cifra millonaria al demandante Pericas.

Moreno tiempo después se excusa de la causa. con lo cual el expediente fue girado al juzgado del crimen de quinta nominación también de Santiago del Estero donde su titular se declaró incompetente y nuevamente el expediente va a caer en el juzgado del crimen de primera nominación donde su titular Lucrecia Martínez Llanos se hace cargo del mismo y  fue quien habría ordenado dos nuevos embargos también por cifras millonarias, más dos nuevos oficios para que el demandante Pericas cobrara una segunda y tercera suma , que se habrían producido el 20 de mayo y el 1 de junio del 2016.

Hecho esto, Martínez Llanos se habría excusado siguiendo el mismo camino de su colega Moreno , y la causa fue a parar al  juzgado del crimen de segunda nominación a cargo de Ramón Tarchini Saavedra. Desde ese juzgado habría partido un cuarto embargo contra la provincia de Tucumán más un oficio para pagarle nuevamente a Pericas el 1 de julio del 2016.

Ante los hechos el 2 de agosto, la provincia de Tucumán se presenta en el juzgado del crimen de tercera nominación a cargo de Darío Alarcon  quien de inmediato ordena dejar sin efecto las cautelaras de sus colegas ,, notificando de ello al Banco Central de la República Argentina  Banco Nación y también al Banco Santiago por entender que sus colegas no tienen competencia en la vecina provincia.

La suma que afecta a la provincia de Tucumán  por los sucesivos embargos es de 7 millones de pesos con lo cual , Fiscalía de Estado de Tucumán  realizo una demanda contra los actuales jueces Moreno, Martínez Llanos y Tarchini Saavedra ante el Consejo de la Magistratura local mas denuncia penal contra todos ellos que se formalizaría el día viernes por parte de Daniel Leiva a cargo de Fiscalía de Estado de la Provincia de Tucumán.

En tanto el Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero ya trabaja en el caso procediendo a notificar a las partes a los fines de garantizar el debido derecho de la defensa.

viernes, 15 de julio de 2016

EL FEUDO SANTIAGUEÑO (editorial del Diario La Nación)

Los Juárez, primero, y ahora los Zamora siguen manipulando la provincia en su propio beneficio, como si se tratara de una sociedad conyugal
viernes 15 de julio de 2016


Todo queda en familia: para Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma, la gobernación santiagueña representa un bien ganancial. Foto: Archivo
Se han visto defraudadas las esperanzas de que, en 2005, se iniciara una etapa de fortalecimiento de las instituciones democráticas en Santiago del Estero. Fue en esa fecha cuando el interventor federal Pablo Lanusse entregó el gobierno a Gerardo Zamora, el nuevo mandatario elegido en comicios. Al largo predominio de la sociedad conyugal de los Juárez, que hasta fueron proclamados "protectores ilustres" de la provincia merced al servilismo de sus partidarios, le ha sucedido el matrimonio Zamora, como si el gobierno del distrito fuera un bien conyugal.

Cabe recordar que finalizando el segundo mandato del actual senador Zamora se planteó en la justicia provincial la posibilidad de que el entonces gobernador se presentara a competir por un tercer mandato consecutivo. Para escándalo de quienes respetan el orden jurídico, el Tribunal Superior de Santiago del Estero declaró "inconstitucional" la Constitución local, que prohíbe más de un reelección consecutiva. Con ello quedó demostrado que la justicia santiagueña no es un poder del Estado, sino un simple apéndice del gobierno.

Ese intento de violar la Constitución santiagueña fue evitado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Impedido entonces Zamora de competir otra vez por el cargo de gobernador, fue reemplazado como candidato del oficialismo por su esposa, Claudia Ledesma, sin ninguna trayectoria en la vida pública ni actuación política. El Poder Ejecutivo en manos de los Zamora controla, además, a la casi totalidad de la Legislatura provincial, lo que la transforma en una simple dependencia de los deseos de quien gobierna. Como si esto no bastara, con la complicidad del Frente para la Victoria en el Senado, Zamora se apoderó de la banca del tercer senador, que corresponde al segundo partido de acuerdo con la Constitución nacional reformada en 1994, repitiendo una maniobra que también intentó en su momento Carlos Juárez, pero que en ese caso fracasó.

La oposición santiagueña afronta serias dificultades, pues tiene limitado el acceso a los medios de comunicación provinciales, que son censurados y controlados por el Poder Ejecutivo. Incluso, el gobierno local gasta fuertes sumas de dinero en pauta publicitaria en medios nacionales.

La brutal dependencia del empleo público, a pesar de que se pagan los sueldos más bajos del país, más las amenazas de cesantías, el clientelismo, la ayuda social vinculada al oficialismo y el miedo a la fiscalización de las elecciones en el interior provincial son instrumentos usados por el matrimonio gobernante, que llegó a aplicar la ley antiterrorista a un periodista. En otra pretendida y vergonzosa demostración de fuerza, Zamora se jactó de ser "mil veces más hijo de puta que Juárez".

Hechos de violencia nunca esclarecidos agregan más sombras al panorama, como el caso de Raúl Domínguez, un ex empleado de Rentas que fue asesinado, crimen del que se sospecha que pudo haber sido instigado por altos sectores del gobierno. O el del asesinato del joven policía Johnatan Barrera, de la localidad de Frías, presunto testigo de la penetración narco en la política, a quienes se agregan decenas de muertes en el penal de la capital provincial. Causa al menos suspicacia que uno de los primeros pedidos del gobernador Zamora al presidente Mauricio Macri haya sido ubicar a un hombre suyo en la embajada argentina en Paraguay, el ex vicecanciller kirchnerista Eduardo Zuain, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido reportado de modo insistente el corredor de la droga entre ese país y Santiago del Estero.

"Portaaviones del narcotráfico." Así fue tildada Santiago del Estero por un juez federal de Córdoba. Hay fundadas sospechas de complicidad del poder con ese aberrante delito, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, que pareciera que están más para proteger el tránsito de droga que para combatirlo. Pero no es simplemente una ruta del narcotráfico. En toda la provincia ese flagelo está afectando a la población joven.

La falta de seguridad jurídica se observa tanto en la Justicia como en el registro de la propiedad provinciales. Los usurpadores de campos tienen vía libre por el desorden y la falta de coordinación entre el registro de la propiedad, rentas y catastro. Permanentemente se escuchan quejas de antiguos propietarios y nuevos inversores que encuentran irregularidades o que, lisa y llanamente, son despojados de parte de sus propiedades. Las sospechas recaen en la complicidad de altos funcionarios con integrantes del Poder Judicial y la participación de escribanos inescrupulosos.

Durante los gobiernos kirchneristas, Santiago del Estero ha recibido fondos nacionales para obras públicas que duplican lo obtenido por otras jurisdicciones. Es llamativo, por no decir sospechoso, que distritos más pequeños hayan tenido ingresos desproporcionados y, a pesar de ello, no puedan demostrar la realización de obras de rentabilidad social razonable. Los precios, de acuerdo con numerosas denuncias, son muy superiores a los reales y se concentran en pocas empresas. En esas provincias, personajes como Julio De Vido o José López han tenido un fuerte protagonismo y eran, en el caso particular santiagueño, participantes asiduos en actos y agasajos. Es que el gobierno surgido del radicalismo se sustentó en una alianza con controvertidos intendentes municipales juaristas y se completó con la postulación para el Congreso Nacional de personas poco representativas que han tenido como único protagonismo levantar la mano en el recinto siguiendo las instrucciones de Zamora, en línea con los caprichos de la familia Kirchner. Santiago del Estero sigue siendo beneficiada por el actual gobierno con el reparto de fondos discrecionales. Hasta junio de este año, recibió 5,3% del total de esas transferencias contra el 5,1% que obtuvo entre 2013 y 2015.

Sin duda que hay numerosas obras públicas nuevas, que van desde un aeropuerto en Termas de Río Hondo, a 60 kilómetros del de la ciudad capital y a otros 60 del de Tucumán, pero que sólo cuenta con dos vuelos semanales. También se han levantado edificios públicos costosos, hay un alto mantenimiento de rutas de escaso tránsito, y un llamado tren al desarrollo con un viaducto de cuatro kilómetros para una sola trocha angosta en el que se llevan gastados cerca de cien millones de dólares -cuatro veces el valor real-. Mientras tanto, obras vitales para el desarrollo no se concluyen o no se encaran como la conversión en autopista de la ruta 34, columna vertebral del Noroeste, que es conocida como la ruta de la muerte, o la reconstrucción del ferrocarril Belgrano, desde Tostado hacia Añatuya y Pozo Hondo, que aliviaría los costos de la producción del Noroeste y los de esa provincia. Ha habido mucho maquillaje, pero poca inversión para una transformación que promueva un proceso de desarrollo sustentable, habida cuenta de contar la provincia con importantes recursos en tierras, agua y bosques.

Santiago del Estero es uno de los distritos con mayor mortalidad infantil debido a la falta de agua potable y cloacas. Otro dato preocupante es el educativo. En las pruebas realizadas a alumnos de 4° año, el 80% no ha sabido interpretar textos ni tenido nociones de matemática. Recientemente se ha tomado el primer examen de ingreso para la flamante Facultad de Medicina que aprobaron sólo 10 alumnos entre casi 400 postulantes. Estas cifras son alarmantes en un mundo donde la educación es la clave para la prosperidad de las naciones y las aspiraciones individuales de lograr mejor calidad de vida y movilidad social.

Ahora que ha cambiado el oficialismo nacional, el matrimonio Zamora, que militó activamente en favor de Daniel Scioli, ha realineado a sus levantamanos en el Congreso y busca protección en el gobierno nacional para poder seguir sometiendo al sufrido pueblo santiagueño. En esa provincia sigue imperando un régimen feudal, donde los recursos públicos -un 90% pagado por todos los argentinos por la baja recaudación provincial benefician solamente a la oligarquía política y su red de proveedores.


domingo, 3 de julio de 2016

CORRUPCIÓN JUDICIAL EN SANTIAGO DEL ESTERO (NOTA III)

Interesante nota recorre las redes sociales avisando de un hecho corrupto que compromete la justicia santiagueña, si bien la data no es nueva, los integrantes de la corruptela que se denuncia, aún siguen en sus cargos, razón por la que consideramos que estas notas tienen plena actualidad y las publicamos como primicias. (fuente: http://brevetta.blogspot.com.ar/)


UN SOBRESEIMIENTO ESPERADO: HISTORIA DE UNA INFAMIA JUDICIAL (NOTA III)

LA DOCTORA LEDESMA Y ASOCIADOS
Fiscal de 1era.Rotondo
 apelo resolucion de Camara
 avalado por Fiscal general
"Nosotros pensamos -le dijeron a CONTRACAMBIO empleados del Poder Judicial-  que la doctora presidenta del STJ. Angela Ledesma, las Camaristas Lindow de Angio, Totaro de Cianferoni, los jueces Luis María Argañaraz y  Oscar Luna y los fiscales Victor Rotondo, Antonio Zaiek y Mariano Rodríguez, fueron de lo peor que le ocurrió a la justicia santiagueña, no solo por la obsecuencia demostrada a los foráneos, sino por la manifiesta inoperancia, negligencia e ignorancia que pusieron de manifiesto en la gestión"

 La "diva" como se la conoce a la ex Presidente del STJ, hizo caso omiso a todas las sugerencias que se le hicieron desde distintos ámbitos en relación a la pésima conducción que ejercía al frente de los estrados judiciales.
                
La "diva" reformó el CPP
 para impedir
excarcelaciones de ex funcionarios
              
La nota de fondo del diario El Liberal de fecha 7/8/94 con un título más que sugestivo... Las sociedades se suicidan, dijo: "...  La casación votada por Ledesma-Pedicone, en el caso Gorostiaga, Miranda y Brevetta, voltea bibliotecas y hace de los imputados virtuales presos políticos y por lo tanto víctimas...
En el Liberal 14/7/94, con el título: Errónea aplicación de la Ley, el Dr. Mario Ávila decía: "Es lamentable que el STJ con miembros de reconocidos antecedentes haya incurrido en tan errónea y arbitraria aplicación de la ley, sentando una grave y funesta jurisprudencia en nuestros tribunales, reconociéndose una justa acertada , correcta y brillante disidencia" refiriéndose al voto del Dr. Jorge Bernardo, quien con un portazo tras una brillante pieza jurídica, sentenció definitivamente los días de la intervención federal.
                                   Este magistrado le recriminó duramente a la Ledesma, sobre la postura absurda de mantener presos políticos sin ninguna necesidad y en su condición de vicepresidente del STJ, le arrojó su renuncia indeclinable, dejando a la Intervención con los días contados, lo demás... ya es historia conocida.
   

ME TUVIERON MAS  DE UN  AÑO PRESO CON UNA FOTOCOPIA..."
CONTRACAMBIO, conversó con Brevetta Rodríguez a poco de conocida la noticia de su sobreseimiento total y definitivo en la causa política más promocionada de estos últimos tiempos, avizorando que de aquí en más se abrirán nuevas instancias judiciales producto del resultado de la investigación que lo mantuvo detenido en distintas dependencias policiales hasta el arresto domiciliario.
“El ex Juez Lugones como paradigma de la ineptitud e ineficiencia en la función judicial, ordenó mi detención con un recorte periodístico y la fotocopia de un contrato (sic), el ex Juez Lafouret escondió el expediente y me mantuvo detenido en calidad de preso de máxima seguridad y al pobre e inimputable ex Juez  Luis María Argañaráz le hicieron firmar mi procesamiento, resolución, que pronto se convertirá en una pieza para  ser exhibida en el museo del horror judicial"
CC: Cuanto tiempo estuvo en calidad de preso...?
“Yo fui,  el que más tiempo estuvo detenido... un año y un mes. Estuve en la Jefatura de Policía, la Unidad Regional No. 1, la Escuela de Policía y finalmente terminé preso en mi propia casa. "
CC: El famoso contrato publicitario fue orden suya?
"Que contrató? Nunca lo vi. Se ordenó en reunión de gabinete que se suscriba un contrato para publicitar las obras del gobierno, pero nunca  vi el contrato. Lo pedí infinidad de veces en el Expte, pero nunca lo agregaron... ello es porque no existe y si éste existió fue realizado con toda corrección. Creo que la justicia invadió el campo del poder político, al juzgar un acto legítimo del Ejecutivo, que no es justiciable"
CC: Ud. nunca firmó ese contrato?
“Jamás. Insisto en que si éste existió fue un "contrato tipo" como miles de la administración pública, pero Yo no lo firmé. Todo fue una maquinación de orden político para mantenernos detenidos, mientras la Intervención Federal se llevaba mas de 320 millones de pesos que fue el déficit que nos dejaron"
CC: Cómo se explica que una investigación dure ocho años, se junten nueve cuerpos de actuaciones y se finaliza diciendo que no hay delito?
“Esa pregunta ya está rondando en la mente de todos los santiagueños. Es inexplicable. Cuando se analice el contenido de ese Expte creo que varios van a tener que dar explicaciones en la justicia. Nunca existió delito y sin embargo se proporcionó información falsa a los medios para crear una suerte de estrépitos en la sociedad. Algunos creyeron la fábula. Otros, en especial algunos periodistas nunca le dieron crédito a la mentira y publicaban la información que recibían con mucha reserva. Pero aquí hay responsables, solo falta saber si habrá voluntad de investigar"
CC: Cómo seguirá  el curso de las acciones que tienen previsto iniciar?
“Yo en especial, no se los otros, voy a seguir confiando en la justicia. Tengo varias querellas en marcha, en estos tribunales y en la Capital Federal, ya en la etapa final. Estamos analizando las actuaciones judiciales para determinar los responsables de tamaño atropello e interponer las demandas. También voy a pedirle audiencia al Presidente del Superior Tribunal de Justicia por la celeridad de algunas causas. Creo que ha llegado la hora de pagar los platos rotos"
CC: Ya tienen definido el epílogo de este largo proceso?
“Si. En una reunión de amigos con motivo de la resolución final de la causa alguien dijo: Ustedes fueron, como en la película: "pasajeros de una pesadilla". Yo creo que fue peor, hoy todos saben que fuimos los presos políticos de la democracia y todavía ningún cordobés vino a rendir cuentas ante la justicia del descalabro que nos dejaron, pareciera que todos miran para otro lado cuando se habla del tema, por ello no es aventurado hacerle saber a quienes administran la justicia, que no existen los derechos absolutos y que todo, tarde o temprano, cambia.-
CC: Para cuando la vuelta a la arena política?
Nunca me fui de la política, cuando no operó en Santiago, estoy en Buenos Aires, lo que no creo es que vuelva a la función pública, salvo alguna excepción que lo justifique...
LC: Tiene miedo de volver a vivir la misma historia?
No. Como María Elena Walsh, muchas veces me mataron, muchas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando... gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal...

CORRUPCIÓN JUDICIAL EN SANTIAGO DEL ESTERO (nota II)

Interesante nota recorre las redes sociales avisando de un hecho corrupto que compromete la justicia santiagueña, si bien la data no es nueva, los integrantes de la corruptela que se denuncia, aún siguen en sus cargos, razón por la que consideramos que estas notas tienen plena actualidad y las publicamos como primicias. (fuente: http://brevetta.blogspot.com.ar/)



UN SOBRESEIMIENTO ESPERADO: HISTORIA DE UNA INFAMIA JUDICIAL (NOTA II)

                                                            HACIENDO HISTORIA

"Para tumbar a Mujica, primero hay que sacarlo de la cancha a su Vocero" - le dijo un alto funcionario judicial al todavía Vice y aspirante a la Gobernación Fernando Lobo-

Ello motivó la reunión secreta de todos los jueces del crimen a quienes se consultó sobre una supuesta irregularidad que se había realizado con el área destinada a la publicidad.

Juez Lugones investigó de "oficio"
por "trascendidos"
Pero nadie quiso prestarse a la maniobra, salvo el entonces Juez del Crimen de Quinta Nominación, Luis Eduardo Lugones por esa época Presidente de la Asociación de Magistrados quien, no estando de turno,  inició de oficio (la primera y única de su gestión) una investigación "por transcendidos", que denunciaban la firma de un contrato de 300.000 pesos que el gobierno provincial había suscripto en concepto de publicidad oficial, con una supuesta empresa "fantasma" de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Abonando esa "elaborada" teoría, se presentó ante los medios de comunicación el entonces Presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia Contador Ricardo Allub, hombre de confianza de Cesar Iturre, expresando que el mismo había detectado irregularidades en la firma del mentado contrato responsabilizando directamente a Brevetta Rodríguez como el autor de la maniobra tendiente a despojar al Estado provincial de una suma sideral.

Ahora se sabe que el ex funcionario imputado ni siquiera firmó el contrato que se investigó durante ocho años y nunca apareció en el expediente.

Hoy se comenta que Allub, abría actuado bajo las directivas de Lobo y Moya tras la promesa de ascenderlo al Ministerio de Economía en el caso de acceder al gobierno por medio de la sucesión que ellos mismos habían pergeñado, pues  no se entiende como éste funcionario, nunca fue citado a tribunales para ratificar sus acusaciones y aportar pruebas, en consideración a un dictamen de oposición al acto administrativo que suscribiera, sin ningún elemento de convicción.

Allub, después cesanteado del cargo, hoy se refugia bajo dependencia de la Intendencia de la Banda en un oscuro cargo comunal, a la altura de sus conocimientos contables
Así, el sumario, que inició de oficio y bajo la instrucción el ex Juez Lugones, fue bautizado por la Intervención Federal como la "causa piloto" de la corrupción del gobierno intervenido, fue utilizado para llevar a prisión a todo el entonces gabinete provincial provocando el escándalo periodístico y judicial, mas notorio de estos últimos tiempos.

INSÓLITAS IRREGULARIDADES

Lindow de Angio toda una vida
a la sombra del poder de turno
Si bien resulta cierto que nunca se supo con certeza la razón de la detención de todo el gabinete de Carlos Mujica, sobre la que pesaba la figura de la asociación ilícita, (a instancias de la ex Fiscal del Crimen y hoy Camarista Lindow de Angio) la misma figura que hoy tiene preso al ex presidente Menem, para evitar la excarcelación de los ex funcionarios, no fueron pocas las investigaciones periodísticas que se realizaron en procura del esclarecimiento de los hechos, sin que las mismas arrojasen los resultados esperados.

El año pasado, a mediados del mes de setiembre, la Cámara del Crimen de Segunda Nominación, al resolver la situación procesal de los publicistas procesados, expresó en su sentencia que la investigación sumarial "constituye una notoria y grave irregularidad sin explicación alguna hasta este momento y luego de mas de seis años de instrucción judicial... Ninguna duda cabe de las singulares e insólitas irregularidades detectadas en el estudio de la presente causa..." lo que motivó una denuncia criminal en contra de los jueces designados por la ex Intervención Federal por privación ilegal de la libertad, prevaricato, etc. que tramita en el mismo juzgado del crimen a cargo del Dr. Gómez.

NO HAY DELITO

En la misma sentencia la Cámara del Crimen estableció en relación a los hechos investigados que: "no se encuentran acreditados y por lo tanto no se ha superado el estado de sospecha inicial, tal como se demuestra a continuación" entre otros conceptos, lo que viene a demostrar que la tan promocionada investigación que tantos espacios -radiales, gráficos, televisivos-  consumió desde su gestación y por espacio de ocho años, generando también nueve cuerpos de actuaciones, terminó con el sobreseimiento de todos los imputados descubriéndose solo, que no había delito.

La contundencia  conceptual de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, dejó mal parados a los jueces, camaristas y fiscales que intervinieron en la substanciación del sumario, que al parecer nunca habían realizado una investigación coherente y dentro del marco de la seriedad, resultando inexplicable que durante ocho años se halla tramitado un sumario, para arribar a la conclusión de que nunca existió delito.

Resulta patético hacer referencia a la sensación que nos causó observar los casi diez cuerpos de actuaciones, todos ellos prolijamente encuadernados, con fotografías, recortes periodísticos, e ilustraciones periciales, descansando en los viejos anaqueles de la sala de archivo, por lo que no pudimos evitar preguntarnos: ¿Cuánto dinero gastó el Estado provincial en armar el rompecabezas sin final? Y ahora quién pagará los gastos que les ocasionaron a los otros por un mero capricho de la política  y la desmedida ambición de algunos ex funcionarios?

LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA DEMOCRACIA

Mientras cotejábamos las actuaciones judiciales no pudimos menos que controlar el asombro al constatar recortes periodísticos dispuestos como un "manual de actuaciones" que se fueron cumpliendo con el correr del sumario: con fecha 11 de noviembre de 1993, el Nuevo Diario titulaba " Quieren detener a Cacho Mujica" y de la crónica se pueden extraer todos los pasos procesales que la justicia asumió puntualmente cual si fuera un diagrama espacialmente confeccionado de antemano para lograr encarcelar a todo el gabinete gubernamental.

En vano resultó que el abogado Carlos Córdoba a raíz de esta causa, reprochara "falta de seguridad jurídica en nuestra provincia" ) El Liberal 16/2/94) o que el abogado Federico Pinto Kramer expresara que "en Santiago existe inseguridad jurídica " (El Liberal 4/2/94) y " La detención de Brevetta fue una decisión política" (El Liberal 24/5/94) o "existe un rehén político: Brevetta Rodríguez" según el Dr. Carlos González Avalos ( Nuevo diario, 16/11/1994).-

Angela Ledesma, radical arrepentida, la peor
gestión en la justicia ssntiagueña


Estas manifestaciones reiteradas desde todos los ámbitos periodístico, no inquietaron de manera alguna a los Interventores Federales que tenían al frente del Superior Tribunal de Justicia a una arrepentida "radical" de la primera hora, la Dra. Ángela Ledesma quien realizó al frente de la justicia provincial la peor gestión de que se tenga memoria, por lo que hoy es requerida por la justicia del crimen a raíz de su mal desempeño.
.


El malestar producido por el manejo arbitrario y discrecional del Poder Judicial en los tiempos de Schiaretti, causaba estupor en los corrillos tribunalicios y en el contexto comunitario. Un editorial del diario El Liberal, de fecha 18/7/94 advertía: "La Intervención Federal mantiene en comisión a los jueces y conserva la facultad de removerlos cuando crea conveniente... lo que pone un manto de dudas sobre la actividad de un órgano encargado de administrar justicia y sobre todo de la seguridad jurídica", tal vez por ello la gestión de los improvisados interventores enviados por el actual Ministro de Economía Nacional Domingo Cavallo, hicieron "sapo" en esta provincia, pero no les fue nada mal, pues todos supieron "colocarse" antes de hundimiento del barco y nos dejaron un déficit de mas de 300 millones de pesos, que la Nación no termina de abonarnos.-

lunes, 13 de junio de 2016

DIPUTADO GOLPEADOR LIBRE COMO LOS PAJAROS

Este es el diputado Brandan que vive con una mujer de 23 años con un hijo. Casi la mata a golpes. Como es diputado no irá a prisión, por ahora

El diputado provincial Roberto Brandán, ex Intendente de Atamisqui, en circunstancias que la Justicia procura establecer fehacientemente, le propinó una salvaje golpiza a su concubina, de 23 años y 30 años menor que él. Fue tal la violencia desplegada por el dirigente justicialista de Bases Peronistas, que la mujer tuvo que ser asistida en el hospital por lesiones de diversa consideración.
A pesar del hermetismo judicial y policial, Nuevo Diario pudo saber que el representante del pueblo y ex intendente de la ciudad, cabecera del departamento homónimo, provocó un verdadero escándalo público cuando se ensañó con inusitada violencia en disputa familiar con su esposa, a quien además de insultar con improperios irreproducibles, le asestó varios golpes para, luego, “esfumarse” de su domicilio y de los lugares a los que habitualmente concurre.
Además se conoció hoy que la fiscal Celia Mussi presentará ante la Justicia el desafuero y la detención del diputado

LIC. SILVIA BORCELINO, hablo para  LV11 y dijo:
“Nadie puede representar a alguien, ni ocupar un cargo público si es un violento”
La catedrática y especialista en Violencia de Género opinó sobre el caso que conmociona y repudia la sociedad de Villa Atamisqui, sobre la brutal paliza que el actual diputado Roberto Brandán le propinó a su mujer.
la licenciada Silvia Borcelino en diálogo con los periodistas de Mesa de Redacción en la “Radio de los Santiagueños”, esta mañana opinó sobre la denuncia realizada por la mujer del diputado Roberto Brandán por la brutal paliza que éste le propinó.
“Es imposible de pensar, lo terrible que es para una mujer denunciar estos hechos, más aún cuando se trata de una persona pública”, dijo.
Asimismo, Borcelino dijo que: “No podemos hacer oídos sordos ante una situación que denota a que una persona como un violento, y que es solamente en su casa. El violento lo es en todos los aspectos. Tenemos que ocuparnos en la realidad y no darle legitimidad estos casos”.
Además, afirmó que, “Nadie puede representar a alguien, ni ocupar un cargo público si es un violento”.

sábado, 28 de mayo de 2016

Nota a fallo: EL CASO GUARDO


Por Miguel A. Brevetta Rodríguez




CARPETA No. 1274-2016- GUARDO CARLOS FEDERICO Y OTROS s.d. HOMICIDIO CALIFICADO e.p. ANRIQUEZ PAOLA s. / PRISION DOMICILIARIA

1- La Cámara de Apelaciones y Control Tribunal de Alzada en lo Penal, revocó la resolución del A-quo de fs. 03/04, por agravio del Ministerio Fiscal al entender que: “la resolución carece de motivación, se basa en cuestiones fáticas no acreditadas, que no hay informe médico o indicación médica que sostenga que el encartado padece de hipertensión y que el cuadro no reviste la complejidad que no pueda ser atendido en el servicio penitenciario, por lo que no se dan los presupuestos fijados para la procedencia del instituto.
2  - Los imputados se encuentran privados de su libertad por haberse ordenado su detención cautelar, sin que a la fecha exista resolución de mérito.

                                                    EL ARRESTO DOMICILIARIO

I- En los distintos códigos penales que trata la legislación comparada se define al arresto domiciliario, como accesoria de otras penas o como la principal, según los casos en estudio y no es otra cosa que la privación de la libertad, tanto de movimientos, como de comunicación de un condenado o acusado que se cumple fuera de un establecimiento penitenciario, ya sea en el propio domicilio, o en otro fijado por el Tribunal a propuesta del encausado.

Este tipo de privación de la libertad procede en situaciones especiales en que el condenado o encausado no puede o no debe ser puesto en prisión, ya sea por tratarse el juzgamiento de un delito menor, que supone como un cargo excesivo el encarcelamiento, o en los supuestos de edad avanzada, también cuando se tienen personas a cargo o se padece algún tipo de afección que requiere sea alojado en una vivienda.

En el curso del proceso, la figura del arresto puede constituir una medida cautelar, durante la confección del sumario, durante la investigación criminal o cualquier escenario  que demuestre la conveniencia de que el imputado permanezca bajo determinado control, para asegurar los objetivos del procedimiento penal. Se trata de  una situación provisoria que culmina, en caso de ser pena accesoria, con el cumplimiento de la principal, y en otros supuestos cuando el encarcelamiento ha perdido su relevancia en el proceso.

En síntesis: la medida suscribe los movimientos del inculpado al interior de una vivienda determinada, sin que se pueda salir de la misma, salvo con expresa  autorización judicial.
Según las distintas legislaciones, estas pueden estar restringidas, o incluso prohibidas, haciéndose extensivo a las visitas del exterior y las comunicaciones. También, quien obtenga este beneficio estará vigilado constantemente por personal policial, para que haga cumplir la medida dispuesta por el juzgador.

A finales del año 2008 se aprobó la Ley 26.472, que modificó la Ley de Ejecución 24.660 como al Código Penal, ampliando los supuestos en los que se podrá sustituir el encierro en prisión efectiva, por el arresto domiciliario, con el objeto de evitar el encarcelamiento de los más vulnerables y de aquellos que merecen una especial protección.

Con la nueva reforma se hacen referencia a personas enfermas, cuando el encierro carcelario “les impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”. Se trata de un supuesto más amplio, que no exige un riesgo de muerte inminente de la persona, sino que prevé el arresto domiciliario para enfermos cuya dolencia no pueda ser tratada adecuadamente en prisión. El precepto legal puede incluir infinidad de casos y situaciones de todo tipo, puesto que la cárcel no constituye un lugar idóneo para reparar adecuadamente la mayoría de las enfermedades y menos las que conllevan riesgo de muerte.
II-El primer voto. En el caso en tratamiento, se observan notables contradicciones entre el fundamento Fiscal y el resolutorio del Tribunal, toda vez que el primer voto manifiesta que de las constancias agregadas surge certificado del médico forense con diagnóstico y recomendación de internación y control en ámbito hospitalario.(29/10/15) , asimismo a fs.41 luce certificado médico que indica que el detenido “presenta emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva y se lo medica” (2/11/15).

A fs. 42 y 43 “se glosan copias de los informes producidos por el médico forense” (6/11/15), también a fs. 44 luce certificado médico que indica que el detenido “se encuentra cursando crisis de hipertensión arterial en estudio, indicando reposo por 15 días”. También a fs. 45 a 50 se agregan copias de informe de internación del afectado. (Voto apartado 4).
Lo reseñado y el fundamento Fiscal: “…no hay informe médico o indicación médica que sostenga que el encartado padece de hipertensión y que el cuadro no reviste la complejidad que no pueda ser atendido en el servicio penitenciario…”  ¿? resultan a todo evento, incongruentes. 

Igualmente, cuando el Superior se expresa en el apartado 6) diciendo que “…el relevamiento de los escasos elementos que hacen referencia a la dolencia o estado de salud de los imputados… tampoco puede afirmarse que encontrándose en su domicilio reciban tratamiento adecuado a su estado de salud”. Para concluir diciendo que “…no se puede desconocer que el encierro cautelar per se una situación objetiva que puede impactar negativamente en el estado de salud del imputado Guardo…” ¿?
También se fundamenta el voto sobre el art.32 inc) a,b y c de la Ley No. 24.660 y su modificatoria la Ley No. 26.472 poniendo énfasis en el inc) a y art. 33, dando razón al Ministerio Fiscal, sin solicitar medida alguna, ni aportar otro fundamento en que se apoye su decisorio.

El segundo voto: “se remite a las consideraciones –del primero- en honor a la brevedad. Pero no deja de introducirse en disquisiciones respecto de la voluntad del legislador, los imperativos de la norma, y la inexistencia de derechos absolutos, ello sin dejar de coincidir con el voto anterior en relación al art. 32 inc a,b,y c) de la Ley No. 24.660, ello es, informes médico, psicológico y social. (Apartado III) finalizando con una retórica que alude innecesariamente a la calificativa impuesta en relación a la “violencia de género” que reza la calificativa, cuando a la fecha no se ha superado la mera sospecha sobre los hechos que se investigan. Ello así, no hace más que profundizar la inconsistencia de la resolución, puesta en crítica.
                                            

                                                          Colofón

En ningún momento la vista Fiscal solicitó informe médico o indicación médica que amplíe que el encartado padece de hipertensión y que el cuadro no reviste la complejidad que no pueda ser atendido en el servicio penitenciario, en revisión al decisorio el A-quo. Tampoco requirió que se dé cumplimiento oportuno a lo dispuesto por el art. 32 inc. a, b, y c) de la Ley No. 24.660, ello es –aparte de los informes médicos ya acreditados en autos-  se realice el psicológico y social, aunque en la práctica poco aportarían a los hechos que se investigan.

El Ministerio Fiscal, al oponerse innecesariamente a la concesión del beneficio obtenido, no puede ignorar que nuestro Complejo Penitenciario se encuentra sobrepoblado, con un cupo elevado en su capacidad real y una infraestructura insuficiente para tratar las distintas problemáticas de índole médica de aquéllas personas que se encuentran privadas de su libertad, con lo cual, mucho menos puede atender a aquellas de edad avanzada que acusan sintomatologías que varían según el estado personal del paciente.

El imputado solicitó que disponga su prisión domiciliaria aduciendo su mala salud, la que se acredita holgadamente en autos. Sin embargo el Ministerio Fiscal se opone el beneficio, sin advertir la patología de riesgo que presenta y tratándose de una persona de edad considerable, resulta peligroso darle la asistencia para su estado de salud en la cárcel local, por no contar con los elementos necesarios para una urgencia que se pudiera presentar.

Es sabido que en esa dependencia no se cuenta con personal médico las 24 hs. del día y no se posee elementos (resucitador, oxígeno para suministrarle con máscara, ni tampoco ambulancia). La falta de elementos y personal para la atención de internos con éstas características hacen que la permanencia en ésa unidad sea de alto riesgo. Debidamente acreditado que se ha acentuado ostensiblemente el quebrantamiento de la salud del imputado y que no es conveniente que en ésta situación el interno continúe cumpliendo en el establecimiento carcelario su prisión preventiva y en virtud de las facultades emergentes del art. 33 de la Ley 24.660 debe accederse al cambio de su lugar de detención, más aun desde que lo asiste el principio de "presunción de inocencia".

Oponerse a que el acusado mejore su calidad de detención, sin causa alguna que no sea el rigor formalista de una norma discutida, genera un agravamiento innecesario de las condiciones de detención, no sólo por la falta de inadecuada asistencia médica y las deplorables condiciones edilicias, sino también por los escenarios insalubres, y la escasa y deficiente alimentación que provee el Servicio Penitenciario local. “Pues la prisión domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta, ni su suspensión sino que, como surge claramente de su nombre y de su ubicación en la legislación, se trata de una alternativa para situaciones en las que los muros de la cárcel, son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado. (Autos: "Suarez Mason, Carlos G. s/ arresto domiciliario.". - Nº Sent.:23.197 Sala II.- 02/12/2004 Nro. Expte: 21.777.)  Ello, sin atender que deben evaluarse la imposibilidad que presentan los hospitales intramuros de garantizar la salud de los privados de libertad.

Debemos entender de una vez por todas que es necesario discutir medidas alternativas a la pena en muchos casos, y en especial en situaciones como la que estamos tratando cuya delicadeza, amerita una visión particular, al no contarse con la certeza de que estamos ante los autores del delito que se investiga.

Así las cosas, en el presente caso, si bien la situación personal del detenido no encuadraría – según el criterio Fiscal , más lo resuelto en Cámara- en ninguno de los supuesto a), b), c), d), e) y f) tanto del art. 10 del C.P. como del art. 32 de la ley 24.660 (según texto ley 26.472), atendiendo a las particularidades del caso y escuchando la pacifica doctrinaria sustentada en el principio de humanidad de las penas, se debió realizar una interpretación amplia y analógica, señalamos  que  la  ley  26.472  amplió  los  supuestos  bajo  los cuales   se   aplica   la   detención   domiciliaria,   aunque mantuvo   la prerrogativa   del   juzgador   en   tal   sentido,   mediante la   locución “podrá”, vocablo que debe interpretarse con sigilosa cautela, cuando está en juego la libertad de un presunto inocente .

Por esta resumida síntesis, afirmo que en la resolución del Superior se han inobservado los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 1º de la ley 24.390.  A contrario sensu, no ha dispuesto medidas que justifiquen tal decisorio, por ello: "Es nula la resolución del tribunal que interviene como juez de ejecución de la pena que deniega el cambio de modalidad de la prisión efectiva por el arresto domiciliario, cuando el mismo se produce sin contar con los informes previos, médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique". (C/M.J.C. s/Incidente, 20/03/01, Sentencia Nº: 172, Corte)

Finalmente, siendo la voluntad del A-quo que el encartado permanezca con arresto domiciliario y cuando ninguna circunstancia fática, ni de ningún tipo, se haya introducido en el sumario, de manera que pueda alterar el decisorio, mal se pudo agraviar el Ministerio Público solicitando la revocación de la medida.  Ello sin perder de vista que: “…la prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de la imposición de una condena o de un encierro preventivo, sino una alternativa que se decide como una modificación en la forma de ejecución de penas o de una medida cautelar ya impuestas, y de ninguna manera su implementación puede importar una sustitución de las mismas como puede ocurrir con las sanciones autónomas que funcionan en el derecho comparado…” (cf. “Revista de derecho penal y criminología”, Director: Eugenio R. Zaffaroni, Año II, n° 2, 2001, pág 307). ; Cesano, José Daniel; "Estudios de Derecho Penitenciario". Ediar, Buenos Aires, 2003 p. 123 y ss.


El Derecho, no es una sensación y tampoco una entelequia, que se encuentra a disposición o al humor del juzgador de turno. Hay que ponerse en la piel del otro, del supuesto reo, que espera que se haga justicia, sea o no inocente, en un país que no entiende de reglas del juego, en donde no se pone de acuerdo con cual sistema juzgar y que se sonríe ante los plazos procesales, que se deben cumplir y no se cumplen.