miércoles, 25 de septiembre de 2024

JUZGADO DE FALTAS,,, La Defraudación superaría los $5 millones

 Lo mismo ocurre en el Registro de la Propiedad Inmueble, Catastro y Rentas, bandas internas se quedan con importantes sumas de dinero estafando al Fisco.

El organismo provincial enfrentará una auditoria interna. Tres empleados están detenidos y serán indagados este miércoles. Avanza la investigación y no se descarta la implicación de más empleados en el caso.

  La Fiscalía investiga una presunta defraudación al Juzgado de Faltas que podría superar los $5.000.000. Los empleados de apellido Díaz, Rojas Ocampo y Carrizo fueron detenidos el pasado domingo 22 de septiembre, en un operativo dirigido por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet.

El fiscal Nicolás Heredia acusó a los implicados por "presunta defraudación en perjuicio de la administración pública". La investigación se centra en el uso de facturas falsas y en operaciones fuera del horario administrativo, así como en el acceso indebido a computadoras con claves compartidas entre empleados.

Díaz, quien trabajaba en el área de notificaciones, fue indagada durante el martes, mientras que Carrizo comparecerá este miércoles ante la justicia. Ambos negaron responsabilidad y advirtieron que no se harán cargo de acciones de otros. Además, trascendió que los acusados podrían aportar más nombres a la lista de sospechosos.

el origen de la investigación se remonta a agosto, cuando se detectaron irregularidades en facturaciones y operaciones que levantaron sospechas. Las autoridades del Juzgado de Faltas notaron diferencias en los modelos de facturas, lo que derivó en la denuncia que activó los allanamientos.

No se descarta la implicación de más empleados en el caso, ya que los detenidos sugirieron que podrían existir más involucrados.

A raíz de una presunta defraudación que superaría los $5.000.000, el Juzgado de Faltas prepara una auditoría interna para esclarecer los posibles ilícitos. Aunque aún no se definió el alcance temporal de la investigación, el proceso buscará depurar las irregularidades detectadas en el manejo de facturaciones.

 Este miércoles, la Fiscalía interrogará a los acusados de apellido Carrizo y Rojas Ocampo, dos de los empleados detenidos. Carrizo insinuó que no hará declaraciones y desvió la responsabilidad hacia su compañera Díaz, quien se defendió negando todos los cargos y afirmando que su computadora era utilizada por otros compañeros.

 Las defensas de Díaz, Carrizo y Rojas Ocampo solicitaron auditorías adicionales para entender con claridad las imputaciones y el recorrido de las facturaciones, desde las infracciones hasta los pagos realizados en entidades crediticias.

Mientras la Fiscalía avanza en las indagatorias pendientes, el Juzgado se dispone a entregar una amplia documentación que respalda las acusaciones contra los tres empleados. Según fuentes del organismo, las pruebas incluyen facturas, asignación de empleados, cámaras de seguridad y la identidad de los infractores.

Por su parte, los abogados de los imputados preparan una estrategia de defensa que incluye solicitar la ratificación de las denuncias presentadas por las autoridades del Juzgado.

 


martes, 17 de septiembre de 2024

NADIE LO QUIERE A TOMMY FIGUEROA

 

Un referente de la La Libertad Avanza renunció a su cargo partidario en repudio a la designación de Tomás Figueroa como presidente del partido


El dirigente Alejandro Catán dio a conocer su dimisión al cargo de asambleísta en rechazo a la designación de “Tommy” Figueroa al frente del partido libertario en la provincia, quien se exhibe como un allegado al matrimonio gobernante.

Alejandro Catán, un reconocido dirigente de La Libertad Avanza (LLA) de Campo Gallo, anunció su dimisión al cargo de asambleísta de ese partido en Santiago del Estero, en rechazo a la designación de Tomás Figueroa como presidente de esa fuerza a nivel local.

“A los santiagueños y especialmente a la militancia libertaria quiero comunicarles mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de asambleísta del partido La Libertad Avanza en la provincia”, expresó en un comunicado.

 “Motiva esta decisión mi compromiso con todos los que ansían un verdadero cambio en Santiago del Estero y que no se sienten representados por la persona que de la noche a la mañana ha quedado a cargo de la presidencia del partido, el señor Tomás Figueroa, un viejo representante de la casta y cuyos vínculos con el zamorismo son de público conocimiento”, enfatizó.

Como reveló Visión Santiago, “Tommy” Figueroa se convirtió en empleado de la Cámara de Diputados en 1989, de la mano de su tío José “Pepe” Figueroa, en tiempos del menemismo. Se convirtió en planta permanente y fue asesor de José Emilio Neder hasta fines del año pasado, cuando fue ungido como secretario parlamentario por Martín Menem. Este año, no obstante, renunció a ese cargo, aunque mantiene su puesto en Diputados y recientemente reconoció a un medio local que continúa como “asesor político” del presidente de Menem.

“Javier Milei llego a la presidencia prometiendo dejar a la casta afuera y el señor Figueroa, que hasta diciembre se desempeñó como asesor del senador José Emilio “Pichón” Neder, jefe de la pata peronista del Frente Cívico, no solo no ha mostrado intención de combatir la casta zamorista, sino todo lo contrario, viene mostrándose como un aliado”, cuestionó Catán.

El dirigente aclaró: “Mi renuncia a un cargo partidario no significa que abandonaré la lucha. Al contrario, me sumaré al partido Unite para desde ahí continuar trabajando por las ideas de la Libertad y por un cambio verdadero en Santiago del Estero”.

Figueroa fue, además, el segundo mayor aportante de la campaña de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, en 2019, gobierno que terminó con un quebranto económico y escándalos. Figueroa donó $1.778.400 para la campaña de Frente de Todos. Con el cambio de época ahora dice abrazar “las fuerzas del cielo” y pregona el ideario libertario, aunque en una entrevista en Canal 7 evitó cualquier crítica al zamorismo.

Por el contrario, no tiene reparos en mostrarse como una espada zamorista, la “casta” que mantiene una hegemonía hace casi 20 años. Apenas fue ungido como presidente de LLA en Santiago voló a Diputados de la Nación para un homenaje que se le hizo a Oscar Ledesma Patiño, padre de Claudia Ledesma Abdala y Gerardo Zamora, con quienes posó para las fotos. Esto pese a que ya no era secretario parlamentario y estuvo en calidad de invitado especial.

Pocos días después, también se ubicó en segunda fila de la catedral, entre los invitados especiales que se sentaron detrás del matrimonio gobernante, durante la ceremonia de traslado de la sede primada a Santiago del Estero. Esa exhibición intencional al lado de los mandamases indica que el referente libertario se encuentra bajo su ala, para neutralizar una fuerza que busca disputar de la hegemonía del poder en la provincia, como genuinamente impulsan muchos santiagueños descontentos con la continuidad de la dinastía zamorista.

Fuente: Visión Santiagueña

 


martes, 20 de agosto de 2024

OTRA TRAVESURA DEL CONTADOR HABRA… Y VAN

 Candidatos muertos y que no sabían que estaban en las listas: procesaron a cuatro apoderados de partidos políticos Ocurrió en las últimas elecciones. 170 personas afirmaron desconocer que los habían postulado en la provincia de Buenos Aires, y 6 están muertos. El juez Ramos Padilla procesó a los responsables

Candidatos muertos -en dos casos fallecidos hace más de 10 años - y otros que no sabían que figuraban en las boletas dieron paso a una investigación judicial sobre cuatro partidos políticos que se presentaron en la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO presidenciales del año pasado.

No fueron casos aislados. La Justicia electoral detectó 170 casos de postulantes que desconocían su rol. Pero además los integrantes de las Juntas Electorales Partidarias que aprobaron esas candidaturas tampoco sabían que integraban esos órganos.

Así consta en una resolución del juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, en la que procesó a los apoderados de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo” por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.

Para el magistrado la maniobra tenía como objetivo formar esas agrupaciones para hacerse de fondos públicos para la campaña y la impresión de boletas que no iban a tener ese destino. “En los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla en su resolución de 187 páginas que dictó hoy y a la que accedió Infobae.

Los procesados fueron Ernesto Raúl Habra -a quien se le allanaron tres domicilios-, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. Además se les embargó los bienes por montos de entre 480 a 50 millones de pesos, se les prohibió la salida del país y se congelaron sus cuentas

La causa se inició en paralelo a las elecciones primarias nacionales de agosto del año pasado. Cuando los partidos políticos presentaron sus listas, la justicia corroboró que los candidatos cumplan con los requisitos. Así se detectaron casos de postulantes que estaban muertos y se inició un expediente penal.

En la investigación declararon 228 personas que eran candidatas en las listas de los cuatro partido a diputados nacionales y a Parlamentarios del Mercosur: 170 dijeron que desconocían que eran postulantes para cargos electivos. Otras seis personas estaban muertas y 58 sí confirmaron que eran candidatas.

Respecto de los fallecidos, la justicia determinó que un postulantes había muerto el día 21 de octubre de 2010 y otro el 21 de noviembre de 2012.

“Creo que pueden haber sacado mis datos una vez –antes de agosto, pero no recuerdo la fecha exacta– que un pastor de una iglesia que manejaba un comedor donde mi marido y yo colaboramos, vino a mi casa en Monte Grande a pedir nuestros datos (número de DNI y nombre completo) para que nosotros podamos ir a pedir mercadería para el comedor”, declaró una mujer que era candidata. Otra dijo que no sabía leer ni escribir y que desconocía cómo llegó a una lista política.

“No estaba enterado de nada. Nosotros nos enteramos a raíz de la carta que ustedes mandaron a nuestro domicilio. No conocía la situación, me está poniendo muy mal”, declaró otro “candidato”. El desconocimiento llegaba a tal punto que uno de los postulantes a Parlamentario del Mercosur dijo que no sabía que era: “No tenía ni idea, si no me llegaba esta citación no me enteraba, no sé qué es el Parlamento del Mercosur. No conocía el partido ni las listas, no le di mi documentación a nadie, no firmé nada.”



“De las declaraciones obtenidas, se observa la existencia de un denominador común en una gran mayoría de los testigos, y es que se trataba personas vulnerables desde un punto de vista socio-económico y/o con problemas de salud de gravedad”, explicó Ramos Padilla en su resolución.

El juez destacó también que los cuatro partidos tienen en común que hicieron presentaciones similares respecto de los documentos que llevaron a la Justicia. En la causa también fueron imputados los integrantes de las Juntas Electorales de los partidos, que son las que deben corroborar la legalidad de cada candidato. Fueron citados 11 y declararon que no sabían que formaban parte de esos órganos. A ellos se les dictó la falta de mérito y seguirán bajo investigación.

“La presentación masiva de precandidaturas falsas coloca a los partidos políticos en una situación de grave sospecha respecto de su vocación real de competir y la persecución de un objeto lícito, ya que la postulación de candidatos conforma la esencia de las agrupaciones políticas, a punto tal que la no participación en elecciones es una de las causas de su caducidad”, sostuvo el magistrado.

Para el juez el objetivo de esas falsedades era constituir partidos para obtener los fondos públicos que el Estado por ley le da a las agrupaciones para la impresión de boletas y para la campaña y que son millonarios. En el caso de estos partidos con un agravante. Cada uno presentó entre tres y cinco listas internas para competir. La ley establece que el financiamiento público es por cada lista y no por partido. Por lo que a más listas, más plata. Y ninguno de los partido superó el piso de votos en las PASO para acceder a las generales.

Según la resolución, a Proyecto Joven se le asignó 352.050.020,32 de pesos; a Justicia y Dignidad Patriótica 124.224.124,30 de pesos; y a Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal no se le dieron fondos porque las listas fueron rechazadas para presentarse en las PASO.

“Teniendo en cuenta la falsedad de las pre candidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla.

jueves, 6 de junio de 2024

EXISTE LA JUSTICIA EN SANTIAGO DEL ESTERO...?



Siguen las denuncias publicas sobre el mal manejo del Poder Judicial en la provincia. Pero nadie se hace cargo. Todos sordos? O es que no se escuchan los reclamos de los justiciables? Décadas de malas gestiones terminan en el descreimiento de los poderes públicos, eso motiva e induce a la justicia por mano propia. 


viernes, 31 de mayo de 2024

A LO ZAFFARONI UN JUEZ DE LA BANDA

   

 

Un Juez de Control y Garantías de la circunscripción La Banda Dr. José Luis Torrelio otorgó la libertad a dos hombres acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, siendo uno de los imputados funcionario policial.

 El Ministerio Público Fiscal "repudia estos aberrantes fallos, lo cual no implica un agravio al Poder Judicial, sino que pone en evidencia la actuación de un juez en particular, ya que no es la primera vez que otorga la libertad a imputados de delitos de abuso sexual, lo cual pone en peligro la integridad física y psicológica de las víctimas ante delitos de tal magnitud y gravedad", manifestaron.

 El lunes pasado -27 de mayo- las fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual- circunscripción La Banda- Ana Azar junto a la fiscal coordinadora Alicia Falcione, requirieron la prórroga de prisión preventiva y la elevación a juicio para un hombre acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, en perjuicio de su hijastra de 6 años de edad.

 Durante la audiencia las fiscales presentaron las evidencias y explicaron los potenciales riesgos procesales de la causa iniciada en diciembre del año 2021. Sin embargo el Juez interviniente resolvió elevar la causa a juicio otorgándole la excarcelación bajo caución juratoria.

 Asimismo, ayer jueves 30 de mayo, durante una audiencia de prórroga de prisión preventiva, el Dr. Torrelio reiteró su accionar y le otorgó el cese de prisión a un funcionario policial acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de encargado de la guarda, en perjuicio de su hijastra de 8 años de edad.

 Durante la audiencia, las fiscales Azar y Falcione, se explayaron en cuanto a las evidencias con las que cuentan en la causa que se inició a fines de julio del 2021, que ya se encuentra con requisitoria de elevación a juicio, y recalcaron los incumplimientos de las reglas de conducta del funcionario, ya que durante una requisa en el centro de detención se encontró un teléfono celular entre sus pertenencias.

 Peso a todo ello y ante los peligros de fuga y entorpecimiento sumado a la pena en expectativa, el juez desestimó la férrea oposición de la fiscalía y le otorgó la libertad con una fianza de tres millones de pesos.

 

Fuente:

Nuevo Diario Santiago del Estero

martes, 14 de mayo de 2024

ARGENTINA UN PAÍS MAS QUE GENEROSO:

 

Así tenemos que en estos últimos meses se detectó:

-Que había irregularidades por $65 mil millones en la compra de medicamentos oncológicos.

-Que 9.000 personas que cobraban el plan potenciar trabajo; eran empleados públicos.

-Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados; no existen.


-Que el “inocente” Grabois manejó una caja de U$S 244 millones durante el gobierno kisnerismo.

-Que en Chaco operaba una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes.

-Que Anses pagó hasta $1.700 millones por mes por sobre precios en contrataciones de seguros.


-Que Kicillof gastó $170.000 mil millones en programas llamados "Haceme Tuyo” o “Juguemos piola" de geles íntimos y otros gastos disparatados y no prioritarios.

-Que había un delegado en el exterior que cobraba U$S 13 mil al mes hace ¡31 años! y otro U$S 9 mil sin saberse bien a que se dedicaban.

-Que el impresentable Pérsico se transfirió (él a él mismo) U$S 88 millones de dólares del estado a su cooperativa.

-Que igual que lo que ocurre en Santiago del Estero, había un negocio montado con la toma de tierras, operado por agrupaciones sociales a través de funcionarios del sector..

-Que existe un consejo campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y dos sedes, que le costaba al país $9 mil millones al año.

-Que Belliboni manejaba una caja de $5 mil millones de pesos y extorsionaba a la gente.

-Que regalaron 2 hectáreas del parque nacional Nahuel Huapi a un abogado de dudosa procedencia, amigo del “soy inocente”  Grabois , entre otros 81 lotes en el país que aprobaron 16 días antes del 10/12/2023.

-Que se pagaron $171 millones por 500 mil guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se hicieron 3 mil; estafando, inventando o usando a cooperativas para poder facturarlos.

-Que 11.000 cooperativas que financiaba el estado; no existen y otras 4.500 se está investigando si existen o no.

-Que algunos canales de T.V. sin la pauta oficial no son viables financieramente.

-Que los recitales gratis tampoco existieron se pagaba entre U$S 150 mil a U$S 350 mil a determinados artistas para bajar entre, tema y tema, adoctrinamiento a los jóvenes.

-Que hubo malversación por USD 341 millones en la entrega de las Becas Progresar; que lo financiaban con un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos.

-Que las provincias no ejercían su función indelegable de pagar a los docentes, porque se gastan los presupuestos en otras prioridades.

-Que además, ciertas provincias, solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían alguna obra en su jurisdicción, y si eran amigos del gobierno anterior, recibían más sumas de dinero sin control ni justificación.

-Que antes de dejar el gobierno se robaron 174 notebooks nuevas por un valor $290 millones.

-Que pagamos planes a 3.000 personas que no viven en argentina por $5.800 millones.

-Que para hacer el recital lolapalloza un municipio perdó $60 millones, recibiendo a cambio y de cortesía, cientos de entradas.

-Por todos estos ejemplos y más, la Argentina este país más que generoso, está destruida, en lo económico y en lo social. Nunca se registró tanta pobreza y desocupación. Pero eso sí… de presos ni hablar, menos de que se reintegre lo robado al Estado.

                       Lo que aceptas, te transforma; lo que niegas te somete.

                       Salvo seas lento, corrupto o cómplice.

viernes, 10 de mayo de 2024

UNA DENUNCIA LARGAMENTE ESPERADA A LA CAJA FORENSE

 

El abogado del foro local, Gabriel Coronel Chalfón, formuló una denuncia criminal en Fiscalía de turno, "en contra de la Caja Forense de Santiago del Estero y/o quienes resulten responsables, por la supuesta comisión de los delitos que resultaren de la Instrucción Penal Preparatoria".

La presentación la realizó a partir de señalar unas presuntas irregularidades en la institución. Además, el letrado aportó documentación como pruebas y solicitó que el fiscal de turno ordene una auditoria forense u otra medida probatoria que considere pertinente, "a los fines de determinar si se habría incurrido en actos de corrupción y/o algún ilícito penal".

Al argumentar los motivos de la presentación, en primer lugar el letrado señaló que "de manera compulsiva se nos ha obligado a realizar aportes a la Caja Forense en todos los procesos que llevamos adelante".

Dijo que ello abarca todo tipo de acción, como iniciar una demanda o previo a librar oficios o copas certificadas de sentencias: "Nos obligan a reponer honorarios que van desde el 5 al 10 por ciento de los mismos", indicó.

Ante ello, indicó que los honorarios del abogado "tienen carácter alimentario, pues esos frutos civiles del ejercicio de nuestra profesión, constituyen el medio con el cual se satisfacen las necesidades vitales propias y de nuestra familia".

En tal sentido, manifestó si cabe "preguntarse si estos aportes obligatorios a la Caja Forense no revisten el carácter de confiscatorios del derecho patrimonial de todos los abogados, a la par de que podría traer aparejado un enriquecimiento indebido de dicha institución y hasta incluso podría tratarse de un abuso del derecho, que no puede tolerarse desde el linaje constitucional".

Además, consignó supuestas irregularidades: puntualizó que tuvo conocimiento "que en un proceso que se tramita por ante el Juzgado de Paz Letrado de Primera Nominación en Expte. Nº 759140, sobre una Acción de Nulidad Contra la Caja Forense, se habría acompañado un balance de cierre del ejercicio económico finalizado en fecha 21/12/ 2023" y que al respecto, "el hecho principal que me causó extrema preocupación es ver el resultado del patrimonio neto de la Caja Forense que arrojó una suma de $ 55 millones. Es decir que la institución creada en el año 1974, y con la cantidad de aportes obligatorios de todos los abogados de la Provincia, a lo largo de 50 años de existencia sólo cuenta con ese patrimonio".

Expresó en la denuncia que "por ello, mínimamente se debería ordenar una auditoría externa a los fines de determinar si se habría incurrido en actos de corrupción y/o algún ilícito penal".

También manifestó en su presentación que "del balance mencionado" le llamó la atención que "está firmado por el presidente de la Caja Forense, Dr. René Gustavo Hauterberque, y certificado y/o fiscalizado por su hermano, Cr. Héctor Oscar Hauteberque".

"Llama poderosamente la atención tal situación, ya que, por sentido común, deducimos y sabemos que un hermano no podría certificar a otro en una institución, ya que claramente habría incompatibilidades", planteó.

El abogado consideró que "habría que recurrir a nuestro Código Civil y Comercial Art. 173, o el Art. 286 inc. 3 de la Ley de Sociedades o el Reglamento de Legalización de Firmas y la RT 37, aprobada por Resolución 51/12 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestra provincia, y establecer si hubo alguna clase de irregularidad que podría configurar alguna de las tipificaciones contempladas en nuestro Código Penal".

EL PLANTEO

Es por ello que solicitó "con suma urgencia, al fiscal de turno, que ordene una información sumaria y/o IPP tendiente a determinar si se habría incurrido en algún ilícito".

El Dr. Coronel Chalfón aportó como prueba documental "boletas varias de pago de los aportes obligatorios realizados en distintos procesos; copia de balance de la Caja Forense del ejercicio finalizado al 21/12/2023".

Además, solicitó a modo de recolección de prueba informativa, que se libre oficio al Juzgado de Paz Letrado de Primera Nominación, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, a la Caja Forense, a los fines de que remitan copias certificadas del referido balance.

Por último, pidió que se ordene una auditoría forense u otra medida probatoria que determine el fiscal de turno.

 EL EFECTO DENUNCIA


Tras la denuncia del abogado Coronel Chalfón para que se investigue los estados contables de la Caja Forense de Santiago del Estero, ahora miembros del foro legal local manifestaron "su profundo desconcierto ante los resultados revelados en el balance financiero de la Caja Forense de la provincia, donde se informa un patrimonio neto líquido de $55.000.000, una cifra considerada desproporcionadamente baja en relación con los ingresos percibidos por la entidad durante más de medio siglo".

Los letrados en consonancia con la presentación de Coronel Chalfón dicen que "la preocupación aumenta al descubrir que el balance, certificado y auditado por un familiar directo del presidente de la Caja Forense, podría contravenir disposiciones legales vigentes que prohíben la participación de familiares en la auditoría de entidades a las que están vinculados".

"La posibilidad de que un balance financiero sea aprobado bajo tales circunstancias resulta inaceptable para la comunidad jurídica. Más aún, si se tiene presente que los fondos comprometidos son fruto y propiedad de los afiliados que durante décadas aportaron con su trabajo".

Señala que "el foro santiagueño se encuentra en vísperas de una explicación detallada por parte de la Caja Forense sobre las razones que llevaron a la aprobación de estados contables y balances con las deficiencias señaladas. En ese sentido, se resalta la necesidad de una fiscalización externa e interna que garantice la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos financieros destinados al bienestar de los profesionales del derecho y sus beneficiarios".

"Se ha observado que la Caja Forense nunca cumplió con su objeto social, que tenía que ver con las prestaciones previsionales en favor de los abogados. Esta omisión agrava aún más la situación, generando preocupación sobre la gestión y la administración de los recursos destinados a cumplir con dicho fin".

Tras recordar que el abogado Coronel Chalfón "ha formalizado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las presuntas irregularidades, argumentando que podrían haberse cometido delitos en relación con las inconsistencias que surgen del balance", señalan que "los profesionales del derecho instan a la realización de una investigación exhaustiva para esclarecer posibles infracciones legales y salvaguardar los intereses de la comunidad jurídica y la ciudadanía en general".

"Resulta prescindible recordar a los afiliados a la Caja Forense que cualquier acto ilícito que comprometa a la institución también los afectará directamente, implicando una responsabilidad personal directa e ilimitada de su patrimonio".

Fuente: El Liberal