“Si no la ponemos nosotros, no la ponen los empresarios y nadie mantiene todo esto”, dijo la Presi como si cada obra la pagara de su bolsillo. Extrañamente, la guita sale del Estado y va a parar a algunos selectos bolsillos, pero de un modo difícil de entender. Robar en la función pública es todo un arte en el que no todos saltan a la fama internacional, pero muchos hacen su mejor esfuerzo para luego quedar en el más cruel de los anonimatos.
Durante la gestión de Romina Picolotti, el país se dividía entre los que ya llevábamos un posgrado en putear al kirchnerismo y los que no se enteraban que nos gobernaba la selección nacional de amigos de lo ajeno. La gestión de Picolotti era casi monacal en comparación con lo que hemos visto después. O sea, cuando Cristina le ordenó a Sergio Massa que le pidiera la renuncia a Picolotti, Ricardo Jaime ya tenía un yate, un departamento en Brasil, quichicientas propiedades y más cuentas que cuaderno de tareas de alumno castigado. Sin embargo, Picolotti no se fue por sus manejos: la mina del look de corte de agua y ausencia de jabón fue cuestionada durante 2 años y medio por haber nombrado a más de trescientos empleados en su Secretaría, en su inmensa mayoría, familiares, amigos, familiares de amigos y amigos de familiares.
También le habían echado en cara su incapacidad, pero convengamos que eso nunca fue parámetro para el Gobierno que bancaba a Guillermo Moreno. Sin embargo, en un país en el que la Presidente recibe los diarios en papel de manos de un canillita que se mueve en avión, sólo un idiota puede creer que Picolotti la rajaron por ladri: la renuncia le fue requerida justo en la misma semana en la que Alberto Fernández, principal mentor de Picolotti, criticó al Gobierno.
Por aquellos meses de 2009, a las denuncias de enriquecimiento ilícito del Gobierno se les ponía el sello de ingreso y el de archivo en la misma Mesa de Entradas del Juzgado en turno y delante del denunciante. Néstor compraba dos millones de dólares un día antes de una devaluación y pocos se preocupaban. A nadie le pareció sospechoso que el ya expresidente justificara su transacción con un “necesitaba comprar un hotel”, dado que todos hemos comprado un hotel cinco estrellas alguna vez en la vida. Julio De Vido ya tenía su chacrita de varias hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires, y Felisa Micelli ya había pasado a la posteridad por ahorrar de a miles los dólares que guardaba en el baño de su despacho para no gastar de más.
Sin embargo, el caso de Picolotti y su afición por no poner de su bolsillo ni las propinas, sirve para ejemplificar en menor escala lo que pasará con casi todos los funcionarios que se la dieron de patriotas con la ajena: quedarán en el olvido y sólo nos acordaremos de ellos cuando nos enteremos de que, una vez más, están de paseo por Comodoro Py.
El comportamiento de la funcionaria que respetaba tanto al medio ambiente que llevaba todo un ecosistema en su cabellera, pinta de cuerpo entero a cualquier funcionario promedio que, a pesar de tener un suculento salario y robar lo que tenga a mano, considera que es justo que todos nosotros le paguemos hasta la niñera de sus hijos.
Hemos visto funcionarios honestos, boludos, corruptos, inteligentes, corruptos boludos, corruptos inteligentes, honestos boludos y honestos porque no les salió otra cosa. Estos últimos forman parte de un grupo interesante, aquel que es honesto porque no se enteró/no supo cómo chorear. Faltó a clases justo ese día y nunca entendió cómo llevarse la torta, la bandeja y, si pinta, a la camarera que la trae a la mesa. Una buena para ellos: cuando alguna mente memoriosa los recuerde, automáticamente dirán “pero era honesto”.
La explicación de por qué se chorea aún cuando ya se tiene todo, es bastante simple: son coleccionistas de guita. Al billete lo ven como un objeto de colección al que hay que admirar. He conocido tipos que, como quien charla del clima, afirman que acomodan sus dólares por modelo, número de serie o Estado emisor. Les gusta verlos, olerlos, tocarlos, saber que están ahí. De esa base para arriba, el resto sigue el mismo patrón.
Tienen treinta propiedades, pero la que más les gusta es la que todavía no compraron. El negociado que más disfrutan es el que está por venir. En un eterno devenir del futuro inalcanzable, nunca están satisfechos: al no coleccionar figuritas, nunca llenan el álbum, siempre hay cosas nuevas y deseables para sumar a la colección.
De chicos se comieron los piojos o eran niños bien, no hay diferencia en el resultado. Los primeros llegan como gordo en huelga de hambre a un asado. Saben que se llenaron con la segunda entraña, pero está todo ahí, para comerse. Y como está para comerse hay que deglutirlo aunque no se pueda respirar. Los segundos todavía no superaron el trauma de la minita que los humilló al recordarles que el auto se los compró papi y están desesperados por tener su propia fortuna, su propia colección.
No la tocan, no la gastan, no la reproducen, sólo la acumulan. Como buenos coleccionistas, no quieren desprenderse de una sola pieza. De allí que los gastos diarios propios y ajenos -cuando quieren impresionar a alguien o mostrar qué tan grande tienen el complejo- son solventados por la caja chica, que de chica sólo tiene el nombre.
El fondo de gastos comunes -la cajita, para los gomías- es un estándar de la administración que abarca desde un destacamento policial en Carmen de Patagones hasta la mismísima presidencia. Un mecanismo dispuesto desde que el mundo existe para que cada dependencia del Estado tenga dinero en efectivo para gastos diarios. Lógicamente, no incluye una cena de camaradería de la promoción 87 del turno mañana mercantil, pero todo se dibuja si se tienen los comercios amigos correspondientes. Ciento cincuenta resmas de hojas y cartuchos de tinta para una repartición que no tiene impresoras, o noventa y dos bidones de agua para el dispenser de una oficina con tres personas, todo vale mientras el proveedor amigo nos dibuje la factura a cambio del pago de IVA. El negocio es redondo, dado que el buen hombre podrá usar ese IVA facturado para vender sin ticket esas ciento cincuenta resmas que no le dieron a nadie.
La caja chica no es sólo un agujero por el que se van millones -cientos de millones- todos los meses sin mayor control que el de las facturas truchas, sino que es el pilar de todo el resto, el entrenamiento básico, las inferiores que hay que pasar para poder chorear en primera.
La hermana boba de la caja chica es la locación de servicios, un mecanismo que el Estado también usa para negrear -contratar sin aguinaldo ni vacaciones pagas a personas para que hagan el mismo trabajo que podría hacer un Planta Permanente con todos los beneficios de la ley- pero que también utiliza como si se tratara de una obligación para hacer más billetines. Es la perfección de lo que antiguamente llamábamos ñoqui, un tipo que es contratado para que no trabaje y, al cobrar la contraprestación por el servicio que no realizó, separe la guita del monotributo y entregue el resto a la persona indicada. Es el mecanismo favorito para satisfacer a los militantes de menor rango, pero también viene joya para hacer guita. Un área que necesita de quince empleados, cuenta con diez de planta permanente. Toman a los cinco que faltan, se les paga el monto equivalente a un salario mínimo y se contrata a otros quince por mucha guita. No van nunca. Saquen la cuenta de cuánta se desvía por mes y multipliquen hasta el infinito de reparticiones públicas.
Por todo esto no la rajaron a Picolotti, dado que obra en el Manual del Buen Funcionario. Lo que asusta es que, si la mina nos parece una boluda ratona, es imposible dimensionar la que se han choreado en otros modus operandi.
Licitación directa. Es algo más suculento que la caja chica, aunque opera casi del mismo modo, dado que funciona para comprar de forma rápida pero por montos muy superiores. Al igual que la cajita feliz, se pueden dejar por escrito que se compraron quinientas computadoras que si se recibieron sandías no pasa nada. La mayor escala también aplica a los proveedores, que están registrados en un padrón y son felices por tener un socio que los ayude a blanquear.
Licitación (a secas). Es el mecanismo más entretenido, dado que conlleva tantos pasos a cumplir que el funcionario siente que realmente ganó el dinero por el empeño que le puso al choreo. Gracias a que Cristina hace una cadena nacional por cada paso, además de enterarnos que el Anses le dio un crédito a un jubilado para que se compre un caballo pura sangre, podemos comprender el mecanismo de la licitación: primero se hace el anuncio de la obra que se desea llevar a cabo, se reciben las ofertas y se elige al ganador tomando como parámetros menor costo, mayor beneficio o ambos.
En la habitualidad, esta Disneylandia que nos pinta la ley es un poco diferente y, antes de hacer el anuncio, ya se arregló con uno o con todos los oferentes. Las aperturas de sobres para demostrar transparencia son para la tribuna. Es como que la profesora nos pase las respuestas del examen y luego lo rindamos delante de todos. Si no se pudo arreglar para que los perdedores presupuesten más de quien debe ganar, se le pide al garantizado ganador que le agregue beneficios a su oferta para justificar el mayor costo. Beneficios que nadie comprobará y, si alguien se anima, no faltará quien pueda explicar su ausencia con el aumento de costos de las paritarias y la inflación.
Como ejemplo podemos poner que la inmensa mayoría de las obras públicas que ha llevado el kirchnerismo adelante las han ganado siempre los mismos tres: Electroingeniería, CPC (Cristóbal López) o Austral Construcciones (Lázaro Báez).
Por eso tardaron tanto en llamar a licitación para la red 4G de celulares: porque no había negocio para propios y amigos, no existía una posibilidad cierta de hacer una gran fiesta y, obviamente, porque las compañías están tan entongadas que acá podemos llegar a comunicarnos con palomas mensajeras sin que a ningún funcionario le caliente.
Tras la sobrefacturación, obviamente, aparece el retorno, ese porcentaje hermoso que excede al costo de la obra y que oficia de mecanismo polimodal en la modalidad favorita para el choreo de los últimos años: los subsidios. Todas las modalidades descriptas precedentemente, no son copyright del kirchnerismo y aún no entiendo cómo no fue declarado patrimonio cultural de la clase dirigente argentina, dado que no reconoce afiliación partidaria ni época histórica.
De más está decir que el subsidio y la empresa con mayoría estatal -o directamente empresa del Estado- no son inventos, tampoco, del Modelo de Redistribución de Culpas con Crecimiento Marginal. Sin embargo, por la proximidad del ejemplo, nos viene joya. El sistema de subsidios que vivimos hoy en día proviene de la eternización de una medida adoptada tras la devaluación de enero de 2002. El aumento de costos de los prestadores de servicios -transporte, energía, etcétera- obligaba a la suba proporcional de los importes a cobrar, los cuales debían ser pagados en su mayoría por asalariados que perdieron dos tercios de su poder adquisitivo de un día para el otro.
Ante este panorama, aparecieron los subsidios para completar la diferencia de guita entre lo pagado y el costo del servicio. La idea -y esto se puede encontrar en el Boletín Oficial- era que los mismos fueran disminuyendo con el paso del tiempo, el aumento de los salarios y la recuperación del consumo. Pero con los años el consumo se transformó en el Alá del fundamentalismo nacional y los subsidios crecieron a la par de la inflación. La calidad cayó por razones obvias: los subsidios son para mantener el servicio, no para mejorarlo ni ampliarlo.
Esto último no se vio reflejado en los números y se pagaron subsidios que alcanzan para tener un tren transoceánico hasta la base Marambio. Así, lo que se originó como un tecnicismo para compensar la diferencia entre costo e ingresos, se convirtió en un mecanismo para lucrar con la diferencia entre subsidio y costo. Los resultados los podemos ver cuando nos cortan la luz en las cuatro estaciones, cuando las fábricas tienen que dejar de producir para que un ama de casa de Balvanera pueda prender la cocina y cuando los trenes le hacen competencia a Lázaro Costa.
Las empresas del Estado quedaron para lo último, dado que es lo máximo a lo que puede aspirar un delincuente que se precie. El primer puesto en la consideración no es en vano, ya que dentro de una empresa del Estado está todo: caja chica hasta para pagar las putas, licitaciones para tirar al techo y subsidios para mantener un precio tentador para los consumidores financiados por personas que nunca podrán disfrutarlo.
El hambre demostrado para pegarse un panzazo de entrada quedó en evidencia cuando se chusmea qué pasó con el tendido eléctrico Pico Truncado-Puerto Madryn, en el cual se denunció un sobreprecio del 400%. O sea, en una obra se pagó lo que deberían haber salido cuatro obras del mismo tipo. Este tipo de maniobras también explica por qué siguen choreando a pesar de amasar la que no podrán gastar en cincuenta vidas. Primero, porque les gusta acumular guita. Segundo, porque si a la siguiente obra se paga lo que corresponde -o un sobreprecio menor- alguien se daría cuenta que en la anterior se choreó, y fuerte. La glotonería de billetines se les prorroga por el cagazo a que vuelva el anonimato el cual relacionan, indefectiblemente, con la malaria.
Es la necesidad de permanecer en el poder en segundas líneas, de saltar de un bando al otro sin tapujos, de acomodarse a último momento con quien tenga chances de llegar al poder, porque para el coleccionista de guita, tener que desprenderse de una sola moneda para pagar un chicle les da la misma sensación de quien vende la tele para bancar el alquiler. Sensación de empobrecerse.
Y en el medio, en cambio, queda nuestra sensación, esa que nos dice que cuando con nuestro sueldo pagamos un café unos veinte mangos, en realidad estamos pagando el nuestro y el del funcionario, que de tan patriota, se merece no gastar su salario astronómico. Después de todo, vivir de la ajena es un trabajo arduo.
Viernes. Un día como hoy nacía este humilde espacio. Arranca la séptima temporada.
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