ABOGADA LOCAL PIDE INVESTIGAR AL FISCAL FEDERAL PEDRO SIMÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO POR PRESUNTA APROPIACIÓN DE UN AUTO DE ALTA GAMA SECUESTRADO
El escándalo salió a la luz durante un juicio por defraudación al Pami, en el que se revelaron detalles escandalosos. Las graves irregularidades con respecto a vehículos secuestrados que fueron entregados arbitrariamente y presuntamente apropiados. Pero también hay un informe requerido a Córdoba para saber si otras propiedades habrían sido transferidas a nombre del fiscal o algún allegado. Se pidió girar actuaciones a la Procuración General de la Nación.
En el reciente juicio por una defraudación
millonaria contra el Pami en la justicia federal salieron a la luz una serie de
maniobras atribuidas al fiscal federal Pedro
Eugenio Simón, a quien se denunció de la supuesta apropiación de un
automóvil de alta gama de uno de los imputados, entre otras irregularidades. El
episodio pasó inadvertido para los medios, pero causó un remezón en el juzgado
federal porque pondría en vilo al poderoso fiscal.
Se trata del juicio contra una decena de
acusados de una millonaria defraudación contra la obra social de los jubilados
al fraguar operaciones de venta de medicamentos y reactivos de pacientes
diabéticos fallecidos o que no padecían esa patología, que se replicó en varias
provincias. Lo curioso es que ningún empleado de Pami ni de la controladora del
sistema Farmalink –de la cámara empresaria- estuvo entre los acusados.
La abogada Cecilia Suárez Vila reveló graves irregularidades durante el
alegato que formuló el 13 de julio como defensora de Augusto Javier Petros, el único propietario farmacéutico que llegó
como acusado a juicio. Sostuvo que “existe una orfandad probatoria y una
animosidad que entendemos se desarrolló en el marco de estas irregularidades.
(Petros) fue mantenido en este proceso por no comprar tiras de insulina, cuando
había presentado las facturas que fueron cajoneadas sin ser tenidas en cuenta”.
“Mi defendido ha sufrido innumerables actos de
violencia institucional en contra de su persona. Ha sido escrachado e
innumerables oportunidades en ocasión de la instrucción de esta causa; ha sido
liberado, para ser recapturado días después por personal de la penitenciaría de
(Colonia) Pinto, donde estuvo detenido junto a condenados, violadores,
narcotraficantes, cuando es un ciudadano que goza de la presunción de
inocencia”, esgrimió la defensora.
La abogada precisó las “maniobras o mecanismos poco ortodoxos utilizados por el fiscal Pedro Simón en esta causa” y puntualizó que cuando Gendarmería Nacional allanó la vivienda del coimputado Cristian Fernando Leyría, en Córdoba, se secuestró documentación de una caja fuerte, por orden del juez Guillermo Molinari.
“Contenía títulos de vehículos y propiedades
que esta defensa quiere remarcar que en el marco de las irregularidades e
ilegalidades cometidas en este proceso había un título de dominio de un
vehículo Audi KKD 092 que fue secuestrado y –conforme figura en el acta-
colocado en una bolsa de nylon que supuestamente desapareció”, apuntó.
Y señaló que la fiscalía consultó sobre ese
dominio que no estaba a nombre de Leyría
y era una venta con firma en blanco y “ese vehículo KKD apareció transferido a Alejandro Fochi el 15 de diciembre de
2016, en plena instancia investigativa de esta causa”. Es decir que el
empresario farmacéutico lo inscribió a su nombre en un Registro de la Propiedad
Automotor. Valga recordar que el empresario farmacéutico Fochi fue condenado a
un año y seis meses en suspenso en 2012, en el juicio por las defraudaciones millonarias
del ex intendente Julio Alegre,
sobre quien tuvo influencia.
La abogada explicó que “es público y notorio
que Focchi es socio comercial del
fiscal de instrucción de esta causa, Pedro
Simón”. Ambos serían socios de una conocida franquicia de una marca de
cerveza, entre otros emprendimientos.
Pero las sorpresas no acaban allí. “Al hacer
una consulta de este legajo me encuentro con la firma de puño y letra del
fiscal Pedro Simón, DNI (…),
retirando cédula de autorización para conducirlo. Prueba más cabal que esta de
las violaciones a los derechos de la defensa, del debido proceso, de legalidad
y el deber de buena fe que pesa sobre el órgano acusador es esta”.
“Con posterioridad, no conforme con haber
transferido o por temor a ser descubierto por ella, transfiere el vehículo Alejandro Fochi a su hijo Pedro Pablo Fochi, en el año 2018. Y,
oh casualidad, nuevamente existe un pedido de cédula de autorización para
conducir y hasta obra anexo en este legajo el DNI del fiscal de la causa
retirándola con (su firma de) puño y letra”. Esa documentación, según aclaró al
juez Abelardo Basbús, está
incorporada al expediente como prueba complementaria de la fiscalía. En los
corrillos del juzgado federal se dejó trascender que Simón habría acostumbrado
a manejarse en ese Audi para acudir a su trabajo.
Suárez Vila recordó que en 2019 se realizó una denuncia por estas graves irregularidades ante el Ministerio Público Fiscal, y que la Procuración General de la Nación ordenó con la resolución 242 una investigación sobre Simón, a cargo del fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez.
Las implicancias de esa denuncia serían mucho
más graves que el episodio del Audi, por la letrada sugirió que se habrían
producido transferencias de propiedades de imputados hacia el fiscal.
“En esa denuncia se hace referencia explícita
y textual que Alejandro Focchi tiene
estrecho vínculo con la UFI (Unidad Fiscal) Pami y con Simón. Y se menciona la
entrega de un vehículo Audi de esas características, que es el KKD 092, como
también se hace referencia a la entrega de adquisición de propiedades por parte
de Simón, en el marco de esta causa del Pami. Lamentablemente, el pedido de
informes al Registro de la Propiedad de la provincia de Córdoba no ha sido
respondido, o esta defensa no pudo entrar en contacto con el mismo, para saber
si constan serias e ilegítimas irregularidades como esta”, agregó. Ese informe
será clave para dilucidar si es cierto que recibió propiedades u otros bienes
de imputados, lo que agravaría su situación.
Suárez Vila agregó que “en la
causa se secuestraron vehículos, entre ellos los de mi defendido Petros, y para
su retiro se le ha requerido que acredite la titularidad del dominio para
serles devueltos. Llama la atención de esta defensa que se secuestraron en la
causa vehículos que figuran como robados y han sido devueltos a las personas a
las que se secuestraron: me refiero a la patente INY 293, que es un Vento. Fue
restituido a la persona a la que se le secuestró, que no era su titular
dominial porque figuraba robado. También tomo palabras de la fiscal que hace
referencia a una irregularidad o error al que fue inducido el juez con otro
vehículo JPX 924, una Toyota RAM, que después de estar secuestrada pasa a estar
a nombre de la esposa de uno de los coimputados, también devuelta en las mismas
condiciones”.
La letrada atacó la desaparición o sustracción
de material probatorio durante la instrucción “lo que evidencia una absoluta
falta de control e incumplimiento de una cadena de custodia”, lo que dio a pie
a que sospechara que “los recetarios que fueron ofrecidos por la fiscalía con
un criterio selectivo no hayan sido manipulados para incriminar a mi
defendido”.
La fiscal general Indiana Garzón acusó el golpe de los cuestionamientos que realizó Suárez Vila, pero también otros
abogados defensores “sobre selectividad, direccionamientos, abusos funcionales
y hasta la comisión de actividad delictiva por parte del Ministerio Público”.
Pero rápidamente esquivó el bulto: “entiendo que los mismos abogados defensores
han solicitado que usted señor juez remita copia a la Procuración General de la
Nación, por las irregularidades que ellos han manifestado, por lo que entiendo
que este ministerio Público no tiene que dar respuesta a esas cuestiones o, por
lo menos, las irregularidades que fueron muy concretamente planteadas no deben
integrar la discusión y el juzgamiento de los delitos que estamos analizando en
este debate”.
Cabe recordar que en la investigación
preliminar aparece un testigo de identidad reservada que afirma: “Ale Fochi tiene estrechos vínculos con
el UFI Pami. Hablaba del fiscal Simón que intervenía en la causa de Leyría.
Claudia
(Giménez) hablaba de Fochi como si fuera íntimo amigo conocido de
Santiago del Estero. Hablaban muy mucho de los conocimientos internos del Pami.
Explicaban la defraudación de la factura electrónica. A mí me interesaba
comprar el producto, no en conseguirlo. Según trascendidos de Claudia Giménez escuché que negoció
Fochi la salida de Leyría de la causa de Pami que estuvo detenida. Esta negociación
fue con el fiscal Simón”.
“Lo que sí sé –agregó ese testigo- es que Alejandro Fochi y Alejandro Leaniz
interactuaban con el fiscal Simón de Santiago del Estero. Me contó Leaniz que
Leyría le había pagado a Fochi un Audi A4 negro y una camioneta Amarok 0 km y
varios departamentos que había comprado Leyría con un socio llamado Juan José (Sánchez). Estos vehículos
eran para el fiscal Simón. Claudia también refería tener muchos contactos con
la UFI Pami. Por eso podían encubrir las maniobras que podían llegar hasta
Leyría. No me consta porque no lo vi a Fochi con Simón”. Las indagaciones de la
defensa de Petros darían sustento a esas graves acusaciones que ahora se pide
sean profundizadas. Petros fue uno
de los ocho absueltos de la causa Pami, entre ellos también Leyría.
Ahora, como coletazo de las serias denuncias
expuestas en ese proceso, se estima que será el turno del fiscal Simón de dar
explicaciones.
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