Los Juárez, primero, y ahora los
Zamora siguen manipulando la provincia en su propio beneficio, como si se
tratara de una sociedad conyugal
viernes 15 de julio de 2016
Todo queda en familia: para
Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma, la gobernación santiagueña
representa un bien ganancial. Foto: Archivo
Se han visto defraudadas las
esperanzas de que, en 2005, se iniciara una etapa de fortalecimiento de las
instituciones democráticas en Santiago del Estero. Fue en esa fecha cuando el
interventor federal Pablo Lanusse entregó el gobierno a Gerardo Zamora, el
nuevo mandatario elegido en comicios. Al largo predominio de la sociedad
conyugal de los Juárez, que hasta fueron proclamados "protectores
ilustres" de la provincia merced al servilismo de sus partidarios, le ha
sucedido el matrimonio Zamora, como si el gobierno del distrito fuera un bien
conyugal.
Cabe recordar que finalizando el
segundo mandato del actual senador Zamora se planteó en la justicia provincial
la posibilidad de que el entonces gobernador se presentara a competir por un
tercer mandato consecutivo. Para escándalo de quienes respetan el orden
jurídico, el Tribunal Superior de Santiago del Estero declaró
"inconstitucional" la Constitución local, que prohíbe más de un
reelección consecutiva. Con ello quedó demostrado que la justicia santiagueña no
es un poder del Estado, sino un simple apéndice del gobierno.
Ese intento de violar la
Constitución santiagueña fue evitado por un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Impedido entonces Zamora de competir otra vez por el
cargo de gobernador, fue reemplazado como candidato del oficialismo por su
esposa, Claudia Ledesma, sin ninguna trayectoria en la vida pública ni
actuación política. El Poder Ejecutivo en manos de los Zamora controla, además,
a la casi totalidad de la Legislatura provincial, lo que la transforma en una
simple dependencia de los deseos de quien gobierna. Como si esto no bastara,
con la complicidad del Frente para la Victoria en el Senado, Zamora se apoderó
de la banca del tercer senador, que corresponde al segundo partido de acuerdo
con la Constitución nacional reformada en 1994, repitiendo una maniobra que
también intentó en su momento Carlos Juárez, pero que en ese caso fracasó.
La oposición santiagueña afronta
serias dificultades, pues tiene limitado el acceso a los medios de comunicación
provinciales, que son censurados y controlados por el Poder Ejecutivo. Incluso,
el gobierno local gasta fuertes sumas de dinero en pauta publicitaria en medios
nacionales.
La brutal dependencia del empleo
público, a pesar de que se pagan los sueldos más bajos del país, más las
amenazas de cesantías, el clientelismo, la ayuda social vinculada al
oficialismo y el miedo a la fiscalización de las elecciones en el interior
provincial son instrumentos usados por el matrimonio gobernante, que llegó a
aplicar la ley antiterrorista a un periodista. En otra pretendida y vergonzosa
demostración de fuerza, Zamora se jactó de ser "mil veces más hijo de puta
que Juárez".
Hechos de violencia nunca
esclarecidos agregan más sombras al panorama, como el caso de Raúl Domínguez,
un ex empleado de Rentas que fue asesinado, crimen del que se sospecha que pudo
haber sido instigado por altos sectores del gobierno. O el del asesinato del
joven policía Johnatan Barrera, de la localidad de Frías, presunto testigo de
la penetración narco en la política, a quienes se agregan decenas de muertes en
el penal de la capital provincial. Causa al menos suspicacia que uno de los
primeros pedidos del gobernador Zamora al presidente Mauricio Macri haya sido
ubicar a un hombre suyo en la embajada argentina en Paraguay, el ex
vicecanciller kirchnerista Eduardo Zuain, sobre todo teniendo en cuenta que ha
sido reportado de modo insistente el corredor de la droga entre ese país y
Santiago del Estero.
"Portaaviones del
narcotráfico." Así fue tildada Santiago del Estero por un juez federal de
Córdoba. Hay fundadas sospechas de complicidad del poder con ese aberrante
delito, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, que pareciera que están
más para proteger el tránsito de droga que para combatirlo. Pero no es
simplemente una ruta del narcotráfico. En toda la provincia ese flagelo está
afectando a la población joven.
La falta de seguridad jurídica se
observa tanto en la Justicia como en el registro de la propiedad provinciales.
Los usurpadores de campos tienen vía libre por el desorden y la falta de
coordinación entre el registro de la propiedad, rentas y catastro.
Permanentemente se escuchan quejas de antiguos propietarios y nuevos inversores
que encuentran irregularidades o que, lisa y llanamente, son despojados de
parte de sus propiedades. Las sospechas recaen en la complicidad de altos
funcionarios con integrantes del Poder Judicial y la participación de
escribanos inescrupulosos.
Durante los gobiernos
kirchneristas, Santiago del Estero ha recibido fondos nacionales para obras
públicas que duplican lo obtenido por otras jurisdicciones. Es llamativo, por
no decir sospechoso, que distritos más pequeños hayan tenido ingresos
desproporcionados y, a pesar de ello, no puedan demostrar la realización de
obras de rentabilidad social razonable. Los precios, de acuerdo con numerosas
denuncias, son muy superiores a los reales y se concentran en pocas empresas.
En esas provincias, personajes como Julio De Vido o José López han tenido un
fuerte protagonismo y eran, en el caso particular santiagueño, participantes
asiduos en actos y agasajos. Es que el gobierno surgido del radicalismo se
sustentó en una alianza con controvertidos intendentes municipales juaristas y
se completó con la postulación para el Congreso Nacional de personas poco
representativas que han tenido como único protagonismo levantar la mano en el
recinto siguiendo las instrucciones de Zamora, en línea con los caprichos de la
familia Kirchner. Santiago del Estero sigue siendo beneficiada por el actual
gobierno con el reparto de fondos discrecionales. Hasta junio de este año,
recibió 5,3% del total de esas transferencias contra el 5,1% que obtuvo entre 2013
y 2015.
Sin duda que hay numerosas obras
públicas nuevas, que van desde un aeropuerto en Termas de Río Hondo, a 60
kilómetros del de la ciudad capital y a otros 60 del de Tucumán, pero que sólo
cuenta con dos vuelos semanales. También se han levantado edificios públicos
costosos, hay un alto mantenimiento de rutas de escaso tránsito, y un llamado
tren al desarrollo con un viaducto de cuatro kilómetros para una sola trocha
angosta en el que se llevan gastados cerca de cien millones de dólares -cuatro
veces el valor real-. Mientras tanto, obras vitales para el desarrollo no se
concluyen o no se encaran como la conversión en autopista de la ruta 34,
columna vertebral del Noroeste, que es conocida como la ruta de la muerte, o la
reconstrucción del ferrocarril Belgrano, desde Tostado hacia Añatuya y Pozo
Hondo, que aliviaría los costos de la producción del Noroeste y los de esa
provincia. Ha habido mucho maquillaje, pero poca inversión para una
transformación que promueva un proceso de desarrollo sustentable, habida cuenta
de contar la provincia con importantes recursos en tierras, agua y bosques.
Santiago del Estero es uno de los
distritos con mayor mortalidad infantil debido a la falta de agua potable y
cloacas. Otro dato preocupante es el educativo. En las pruebas realizadas a
alumnos de 4° año, el 80% no ha sabido interpretar textos ni tenido nociones de
matemática. Recientemente se ha tomado el primer examen de ingreso para la
flamante Facultad de Medicina que aprobaron sólo 10 alumnos entre casi 400
postulantes. Estas cifras son alarmantes en un mundo donde la educación es la
clave para la prosperidad de las naciones y las aspiraciones individuales de
lograr mejor calidad de vida y movilidad social.
Ahora que ha cambiado el
oficialismo nacional, el matrimonio Zamora, que militó activamente en favor de
Daniel Scioli, ha realineado a sus levantamanos en el Congreso y busca
protección en el gobierno nacional para poder seguir sometiendo al sufrido
pueblo santiagueño. En esa provincia sigue imperando un régimen feudal, donde
los recursos públicos -un 90% pagado por todos los argentinos por la baja
recaudación provincial benefician solamente a la oligarquía política y su red
de proveedores.
