No solo maneja impúdicamente los hilos judiciales y legislativos de su provincia; ahora se suma al ataque contra la Corte y los justos reclamos porteños
3 de febrero de 2023 LA NACION
Como antes lo hicieron los Juárez, el
matrimonio Zamora administra Santiago del Estero como si se tratara de un bien
propio
Desencajado, anacrónico, caricatura
del caudillaje que perturbaba el camino a la
organización nacional que impuso en el país el Estado de Derecho, se lo
ve al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora,
haciendo desafortunadas declaraciones. Parece que el señor feudal santiagueño
disfruta de confirmar su condición de conspicuo ladero de la
vicepresidenta de la Nación, eternamente sumida en una desesperada búsqueda de
impunidad.
Lejos de la imagen
que pretende dar, Zamora luce como un personaje acomplejado. “No nos
subestimen”, vocifera, defendiéndose de las críticas hacia él y hacia su
pareja, Claudia Ledesma Abdala, actual presidenta provisional
delSenado de la Nación y quien lo ha reemplazado en la gobernación cuando laJusticia
impidió a Zamora maniobras fraudulentas para asegurarse el poder eternoal
frente del distrito.
Deberán saber ambos
que lejos está la sociedad de confundir a Santiago del Estero, o a los
santiagueños, con sus pésimos dirigentes políticos, un mal que lamentablemente
no es exclusivo de esa provincia.
Nadie subestima a
Santiago del Estero, que mucha sangre derramó en la guerra de la independencia
y en la consolidación del poder de la Nación, frente a los intentos anárquicos
en Pozo de Vargas. Mucho menos desde este diario, fundado por Bartolomé Mitre, quien encontró en esas tierras a
tantos y leales partidarios. Un hijo de Santiago del Estero, cuya familia
emigró ante los atropellos de Felipe Ibarra, fue nombrado ministro de la Corte
Suprema por el presidente Mitre, en 1865. Nos referimos a José Benjamín Gorostiaga, el santiagueño más eminente
del siglo XIX. Su protagonismo en la redacción de la Constitución fue notorio.
En la Corte Suprema, que llegó a presidir, estableció la jurisprudencia en
cuanto al rol del más alto tribunal del país como intérprete final de la
Constitución nacional.
De vieja estirpe
santiagueña fue también Ricardo Rojas,
escritor e historiador que cursó sus primeros estudios en ese distrito,
habiendo ganado merecido prestigio y llegado a ocupar el rectorado de la
Universidad de Buenos Aires.
Desde los tiempos
del imperio español, Buenos Aires recibió una numerosa y esforzada emigración
de Santiago del Estero, que contribuyó a la riqueza y la cultura de
la provincia y de la ciudad homónima. Queda claro que la subestimación la
ejecuta la propia pareja gobernante de ese distrito, que conduce los destinos
de los pobladores como si fueran sus súbditos, con una Legislatura y un
Poder Judicial sumisos, que no ponen freno a sus embestidas y que nunca
investigan a fondo los crímenes del poder. Basta recordar el caso del secuestro
y posterior asesinato de Raúl Domínguez,
empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero, testigo de una
millonaria estafa contra el organismo, quien aparentemente sabía mucho de los
desmanejos del gobierno de los Zamora. Tampoco se esclarecen los continuos
atropellos policiales que han llegado a costar el cargo a un fiscal que se
atrevió a investigar.
Su denodado impulso
para someter a juicio políticos a los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación encubre
viejos rencores del gobernador. En 2013, la Corte, con otra composición,
impidió que Zamora violara la Constitución del distrito, que le prohibía una
segunda reelección consecutiva y que la Corte provincial, mostrando un
servilismo impropio de una república democrática, había respaldado.
Zamora extiende el
fastidio por no lograr sus espurios objetivos también a la Unidad de
Información Financiera, en tiempos en que ese organismo no estaba al servicio
de la impunidad del gobierno de turno y que, con todo profesionalismo,
denunció el intento de representantes de la gobernación que, violando la ley,
pretendían retirar de un banco 32 millones de dólares en efectivo, evitando los
controles que deben tener los fondos públicos y que fija la legislación
antilavado.
Su burdo y
acomodaticio desconocimiento de la legalidad guía su campaña contra los fallos
de la Corte Suprema en un disparatado juicio, llegando incluso a promover
causas penales contra un colaborador del presidente de la Corte, utilizando
para ello a un juez federal y basándose en chats obtenidos de forma ilegal.
Su vergonzosa
disposición a continuar accediendo adulonamente a las patrañas
vicepresidenciales lleva ahora a Zamora a alentar al presidente Alberto Fernández a violar el artículo 53 de la
Constitución nacional, al incluir en el temario de sesiones extraordinarias del
Congreso el pedido de iniciación de juicio político a la Corte, una función que
solo le corresponde iniciar a la Cámara de Diputados. También se ha expresado
de manera sobreactuada y despectiva sobre la rapiña que ha hecho el gobierno
nacional de los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires, cuya
devolución ha sido dispuesta por el máximo tribunal.
Aunque, al asumir,
juran cumplir y respetar las normas constitucionales, dirigentes como Zamora
las violan sistemáticamente.
Con el ataque a la
Corte, el gobierno nacional y sus cómplices, entre ellos, gobernadores de
provincias con la peor calidad institucional, contribuyen también al
desprestigio internacional de la Argentina, ahuyentando cualquier intención de
invertir en el país. Sin justicia ni seguridad jurídica, la Argentina resultará
inviable.
