El editorial del diario La Nacion dice que Santiago del Estero, es la provincia donde lapropiedad se discute como en
el medioevo
Francisco Olivera
LA NACION 18 de abril de 2023
Crecen las quejas
de usurpaciones, en general a pequeños productores que, cansados de reclamar
sin respuestas, dejan los predios y se van a vivir a otra parte; las lleva
adelante el Mocase, organización de buena relación con el kirchnerismo y el
gobierno de Zamora
En algunos rincones
de Santiago del Estero parece que costara aplicar la Constitución. Al menos el
artículo 21, el del derecho a la propiedad privada,
algo no garantizado en la enorme cantidad de tierra que está usurpada en estos
momentos ante la inacción de la policía, la Justicia y el Gobierno.
El gran
protagonista de estos atropellos es el Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (Mocase), una agrupación en la que gravita
el Movimiento Evita, que pertenece a la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y que integran dirigentes de muy buena relación con el gobernador Gerardo Zamora
y su mujer, la senadora Claudia Abdala de Ledesma.
Es una debilidad de
la democracia que empieza en una situación irregular de dominio, que en la
provincia es generalizada, en muchos casos aprovechada por
abogados afines al kirchnerismo o al poder de Zamora.
Una proporción
significativa de los campos de Santiago del Estero no tiene la escritura en
condiciones simplemente porque sus dueños, en algunos casos propietarios de
hasta una quinta generación, no hicieron como corresponde ni ese trámite, ni el
de la sucesión.
Eso alienta a
abogados y escribanos que, con el respaldo del Mocase y a veces hasta amparados
en la ley nacional 26.160, que obliga a un relevamiento territorial para los
pueblos originarios, a discutir por la fuerza y con amenazas los títulos.
Representantes del
Mocase Vía Campesina, el ala más dura de la agrupación, no respondieron a la
consulta de este diario. En la provincia identifican al menos tres líderes: Adolfo Farías, Juan Chazarreta y Cristina Loaiza, todos ellos de
buenos vínculos con el Gobierno. Loaiza es, además, integrante del Consejo
Económico y Social, que preside Mercedes Marcó del Pont.
Muchas de las
usurpaciones cuentan además con el respaldo del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), que conduce Analía Noriega, pero en ocasiones basta con la
astucia de especialistas en litigar de buenos contactos. Entre ellos, Elio Alejandro Curet, escribano y socio de Claudia
Ledesma en el estudio, o María José Venancio, abogada del Mocase y del área de
derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Las víctimas pueden
ser grandes productores, como la familia Masoni,
el caso más conocido en todo el país porque tienen relación con el macrismo,
pero también pequeños productores anónimos y de nula filiación política, cuyos
campos no pasan de unas pocas hectáreas y que, hartos de la situación, hicieron
la semana pasada una asamblea para dar a conocerla.
Esta mecánica de
usurpación es, como el reclamo de la tierra, ancestral: el propietario se
descuida, un día llega un contingente de vecinos con palos, lo amedrentan e
irrumpen en el predio. El dueño seguramente hará la
denuncia, pero es difícil que sea escuchado y, si tiene esa suerte, entrará en
un litigio eterno donde tallan miembros de la Justicia que, en general, también
tienen Oscar Amato, un cordobés de 69 años que compró hace 22 años 530
hectáreas en Sumampa, departamento de Quebrachos, al sur de la provincia, ya
hizo 37 denuncias que nadie atendió.
Su campo, al que
llegó a invertirle casi un millón de dólares y que en algún momento tuvo un
feedlot y 16 empleados, está usurpado desde hace varios años. “O te vas o te morís”, le escribieron manos anónimas
una vez sobre la tierra, frente al portón del predio, y Amato tomó hace dos años la decisión de volverse a vivir a
Córdoba.
Ya no va, dice,
porque sus hijas le recomiendan no hacerlo: cada vez que viaja vuelve con algún
golpe. Una vez le quebraron los dedos; otra le hicieron tajos a
machetazos. “Ojalá me lleve Diosito”, dice, y
se le entrecorta la voz cuando recuerda que su mujer murió hace cuatro años
como consecuencia de un cáncer, probablemente acelerado por tantos
disgustos. “Tengo mucha bronca -dice-. Le diría a Zamora
que me pagara lo que vale el campo y no vuelvo más a Santiago”.
Seguramente Alberto Ponce, que heredó de sus abuelos hectáreas en Salavina,
siente una impotencia mayor. Tiene, al igual que Amato, las
escrituras y la sucesión en perfecto orden. Pero Guillermo Cejas, el usurpador que atentó hace 12 años contra su
padre mientras discutían los planos, ya está libre y, peor, adentro del predio
familiar.
Al ver que les
rompían el alambrado, los Ponce fueron en octubre de 2010 a encarar a Cejas, que afirmaba ser el dueño mientras, desde arriba del
caballo sacó una escopeta y dio varios disparos. Le pegó en el tórax
dos balazos al padre de Ponce, que estuvo en terapia intensiva durante dos
meses. Todavía hoy, 12 años después, tiene secuelas de aquella agresión:
está por volver a operarse. “Es desesperante porque no hay mucho que
hacer”, dice el hijo.
Ponce recibió en ese momento dos
heridas de bala en el tórax, que le costaron 8 cirugías y secuelas hasta hoy.
Los atacantes estuvieron detenidos por cuatro años y medio. Salieron y
usurparon a la familia Molina Las historias, que son múltiples y similares, dan
cuenta de una provincia en la que los conflictos se dirimen por la fuerza. Por
eso la asamblea de la semana pasada hablaba
de “condiciones medievales”. LA NACION intentó,
sin éxito, comunicarse con autoridades de la provincia. Las incursiones sobre
lo ajeno afectan en general a productores pequeños, en algunos casos hasta de
bajos recursos. Y, como contraparte, los nuevos dueños de la tierra
no son necesariamente indigentes.
Es el caso de Eduardo Federico López Alzogaray, nada menos que presidente del
Tribunal Supremo de Santiago del Estero, la instancia judicial más
alta de la provincia, a quien dos jueces, Roxana Vera y Pedro Jury, le dieron en los últimos años la razón en
un reclamo frente a los Ardiles, la quinta generación de agricultores de una
familia que tiene una escritura de 1977 para 30 hectáreas
de Chaguar Punco, departamento de
Robles. Criaban lechones, ovejas, cabras.
Pero entre 2018 y
el año pasado, gracias a dos órdenes de desalojo, una de las cuales se hizo con
la infantería de la policía provincial y delante de los nietos de los Ardiles,
se fueron quedando sin nada. Un día Manuel Ascencio Ardiles,
dueño del lugar, fue a pagar la boleta del seguro de riego y se encontró con
que estaba a nombre de la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo
argumento para discutir la propiedad es la herencia de una antepasada que,
dice, es anterior a los Ardiles. Este diario intentó obtener una
explicación del abogado de López Alzogaray, que tampoco contestó. Ardiles murió
en enero pasado, ya sin ni un metro de tierra, a los 76 años.
Manuel Ascencio Ardiles, productor ya
fallecido. Un día cuando fue a pagar un servicio se encontró que había pasado a
nombre de Eduardo Federico López Alzogaray, presidente del Tribunal Supremo de
Santiago del Estero
Muchos de estos
campesinos se han resignado a una vida económica peor. Juan Lacorte, por
ejemplo, pasó de propietario a changarín y albañil por las usurpaciones. Las sufre desde
hace seis años en su terreno, unas 72 hectáreas en el departamento de Juan
Felipe Ibarra. “En este momento, ellos están sembrando en mi campo -dice-.
Muchos son gente que conozco, vecinos que hicieron la escuela conmigo”.
Hace unos
años, Lacorte decidió encadenarse frente a la puerta donde se hacía la
fiesta anual del Mocase para reclamar su propiedad. Lo rodeó un
grupo de personas entre las que estaba, por ejemplo, Deolinda Carrizo, miembro del Mocase y hoy directora de Género e
Igualdad de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y le tiraron
del pelo y lo golpearon. Dice que hizo desde entonces unas diez denuncias en
Quimilí, pero que los fiscales nunca hicieron nada.
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