Santiago del Estero, bajo un régimen policíaco
19 de octubre de 2020
La pandemia le ha servido como excusa al gobernador Zamora para
terminar de consolidar un Estado claramente despótico y opresor
En estas columnas hemos comentado
reiteradamente la triste situación que atraviesa la provincia de
Santiago del Estero, sometida a los designios del gobernador Gerardo
Zamora, quien en pleno siglo XXI la gobierna cual señor feudal.
Zamora domina la Legislatura y el
Poder Judicial provinciales, la Municipalidad de Santiago y la casi totalidad
de los municipios del interior, además de los medios de comunicación: no hay
ningún periódico, radio o canal de televisión que no responda espuriamente a la
potestad del gobernador. Su poder solo puede compararse con el que tenía el
caudillo Juan Felipe Ibarra en el
siglo XIX, durante aquella terrible y violenta etapa de la historia anterior a
la Constitución nacional de 1853, por cuanto supera en absolutismo también a Carlos Arturo Juárez.
La oposición está silenciada,
maniatada y, lamentablemente, no existe nadie que asome como una alternativa
política valedera.
Es sabido que un enorme
porcentaje de la población provincial trabaja para el sector público o
tiene algún pariente cercano que lo hace, o cuya actividad privada está
regulada o directamente relacionada con el Estado, es decir, con una
subsistencia dependiente del gobierno, que teme justificadamente las crueles
represalias de Zamora, ya experimentadas por algunos rebeldes.
La llegada de la pandemia resultó
el pretexto que Zamora necesitaba para terminar de conformar un verdadero
Estado policial, sin ley ni derechos, en el que piquetes policiales, cual
patotas, asuelan las calles y generan terror.
El gobierno estableció por
decreto que la gente solo puede circular, con limitaciones, de lunes a viernes,
de 7 a 21, y los sábados y domingos, de 7 a 18. Esta enorme
restricción a la libertad funciona como un verdadero toque de queda ante un
ejército de ocupación. Las sirenas policiales alarman a la gente, la policía
detiene y encarcela a los que circulan en horarios prohibidos, con
limitadísimas causas de excepción. Clara expresión de un régimen totalitario, nadie
puede hacer una compra de cercanía ni mucho menos salir para pasear el perro.
Baste decir que, siendo
Santiago del Estero una de las provincias comprobadamente más pobres de la
Argentina, hay gente necesitada que no puede salir a trabajar porque
entre las restricciones draconianas que estableció el gobierno está haber
suprimido el transporte público.
Hay detalles que pintan muy bien
el opresivo clima reinante: para consultar leyes o decretos en la página del
Boletín Oficial provincial hay que dejar datos personales, una clara medida
persecutoria, que traba el libre acceso a la información pública.
Todas estas prohibiciones
vigentes no aplican a la terminación del llamado Estadio Único, un costoso
recinto deportivo en la ribera del río Dulce, con capacidad para 29.000
personas, prioridad fundamental del gobernador. Otro claro ejemplo de la burda
política de pan y circo.
Los escasos recursos provinciales
se dilapidan en esa y otras obras faraónicas que resultan superfluas en una
provincia que tiene los peores ratios de pobreza, desempleo, mortalidad
infantil, desatención de la salud pública y déficit de educación.
El gobierno provincial asegura
estar sanitariamente preparado para enfrentar la pandemia, por lo que
no se alcanza a comprender por qué estableció un régimen tan riguroso con una
cuarentena reforzada y enormes sanciones por violación de restricciones. Todo
conduce a dudar de que la invocada preparación sea cierta, a juzgar por la
inflexibilidad imperante.
So pretexto de la pandemia, proliferan
los allanamientos sin orden judicial, detenciones ilegales, secuestros
de vehículos, multas y otros abusos que siembran el terror y la frustración
ante la imposibilidad de denunciar atropellos en un sistema judicial cooptado
por el gobierno.
Nadie puede alzar la voz ante
tanta arbitrariedad, ni siquiera privadamente, como en un chat de WhatsApp,
pues los alfiles judiciales del gobierno iniciarán acciones penales y dictarán
una prisión preventiva que mantendrá por meses en la cárcel a las víctimas de
procesos armados falazmente.
Los santiagueños no tienen más
salida que tolerar resignados estos despropósitos, aunque en la intimidad
cundan el enojo, el cansancio y la desesperación, con algunas tímidas
manifestaciones aisladas de protesta, que amenazan con multiplicarse.
El autoritario gobierno
provincial debe escuchar los reclamos, de los cuales también debería hacerse
eco el gobierno nacional.
Urge cambiar las prioridades en
atención a la penosa situación de miles de santiagueños, víctimas de las pretensiones
personalistas cada vez más abusivas de un gobierno tan anacrónico como
despótico.
