A LO ZAFFARONI UN JUEZ DE LA BANDA

   

 

Un Juez de Control y Garantías de la circunscripción La Banda Dr. José Luis Torrelio otorgó la libertad a dos hombres acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, siendo uno de los imputados funcionario policial.

 El Ministerio Público Fiscal "repudia estos aberrantes fallos, lo cual no implica un agravio al Poder Judicial, sino que pone en evidencia la actuación de un juez en particular, ya que no es la primera vez que otorga la libertad a imputados de delitos de abuso sexual, lo cual pone en peligro la integridad física y psicológica de las víctimas ante delitos de tal magnitud y gravedad", manifestaron.

 El lunes pasado -27 de mayo- las fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual- circunscripción La Banda- Ana Azar junto a la fiscal coordinadora Alicia Falcione, requirieron la prórroga de prisión preventiva y la elevación a juicio para un hombre acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, en perjuicio de su hijastra de 6 años de edad.

 Durante la audiencia las fiscales presentaron las evidencias y explicaron los potenciales riesgos procesales de la causa iniciada en diciembre del año 2021. Sin embargo el Juez interviniente resolvió elevar la causa a juicio otorgándole la excarcelación bajo caución juratoria.

 Asimismo, ayer jueves 30 de mayo, durante una audiencia de prórroga de prisión preventiva, el Dr. Torrelio reiteró su accionar y le otorgó el cese de prisión a un funcionario policial acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de encargado de la guarda, en perjuicio de su hijastra de 8 años de edad.

 Durante la audiencia, las fiscales Azar y Falcione, se explayaron en cuanto a las evidencias con las que cuentan en la causa que se inició a fines de julio del 2021, que ya se encuentra con requisitoria de elevación a juicio, y recalcaron los incumplimientos de las reglas de conducta del funcionario, ya que durante una requisa en el centro de detención se encontró un teléfono celular entre sus pertenencias.

 Peso a todo ello y ante los peligros de fuga y entorpecimiento sumado a la pena en expectativa, el juez desestimó la férrea oposición de la fiscalía y le otorgó la libertad con una fianza de tres millones de pesos.

 

Fuente:

Nuevo Diario Santiago del Estero

ARGENTINA UN PAÍS MAS QUE GENEROSO:

 

Así tenemos que en estos últimos meses se detectó:

-Que había irregularidades por $65 mil millones en la compra de medicamentos oncológicos.

-Que 9.000 personas que cobraban el plan potenciar trabajo; eran empleados públicos.

-Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados; no existen.

-Que el “inocente” Grabois manejó una caja de U$S 244 millones durante el gobierno kisnerismo.

-Que en Chaco operaba una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes.

-Que Anses pagó hasta $1.700 millones por mes por sobre precios en contrataciones de seguros.

-Que Kicillof gastó $170.000 mil millones en programas llamados "Haceme Tuyo” o “Juguemos piola" de geles íntimos y otros gastos disparatados y no prioritarios.

-Que había un delegado en el exterior que cobraba U$S 13 mil al mes hace ¡31 años! y otro U$S 9 mil sin saberse bien a que se dedicaban.

-Que el impresentable Pérsico se transfirió (él a él mismo) U$S 88 millones de dólares del estado a su cooperativa.

-Que igual que lo que ocurre en Santiago del Estero, había un negocio montado con la toma de tierras, operado por agrupaciones sociales a través de funcionarios del sector..

-Que existe un consejo campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y dos sedes, que le costaba al país $9 mil millones al año.

-Que Belliboni manejaba una caja de $5 mil millones de pesos y extorsionaba a la gente.

-Que regalaron 2 hectáreas del parque nacional Nahuel Huapi a un abogado de dudosa procedencia, amigo del “soy inocente”  Grabois , entre otros 81 lotes en el país que aprobaron 16 días antes del 10/12/2023.

-Que se pagaron $171 millones por 500 mil guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se hicieron 3 mil; estafando, inventando o usando a cooperativas para poder facturarlos.

-Que 11.000 cooperativas que financiaba el estado; no existen y otras 4.500 se está investigando si existen o no.

-Que algunos canales de T.V. sin la pauta oficial no son viables financieramente.

-Que los recitales gratis tampoco existieron se pagaba entre U$S 150 mil a U$S 350 mil a determinados artistas para bajar entre, tema y tema, adoctrinamiento a los jóvenes.

-Que hubo malversación por USD 341 millones en la entrega de las Becas Progresar; que lo financiaban con un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos.

-Que las provincias no ejercían su función indelegable de pagar a los docentes, porque se gastan los presupuestos en otras prioridades.

-Que además, ciertas provincias, solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían alguna obra en su jurisdicción, y si eran amigos del gobierno anterior, recibían más sumas de dinero sin control ni justificación.

-Que antes de dejar el gobierno se robaron 174 notebooks nuevas por un valor $290 millones.

-Que pagamos planes a 3.000 personas que no viven en argentina por $5.800 millones.

-Que para hacer el recital lolapalloza un municipio perdó $60 millones, recibiendo a cambio y de cortesía, cientos de entradas.

-Por todos estos ejemplos y más, la Argentina este país más que generoso, está destruida, en lo económico y en lo social. Nunca se registró tanta pobreza y desocupación. Pero eso sí… de presos ni hablar, menos de que se reintegre lo robado al Estado.

                       Lo que aceptas, te transforma; lo que niegas te somete.

                       Salvo seas lento, corrupto o cómplice.

UNA DENUNCIA LARGAMENTE ESPERADA A LA CAJA FORENSE

 

El abogado del foro local, Gabriel Coronel Chalfón, formuló una denuncia criminal en Fiscalía de turno, "en contra de la Caja Forense de Santiago del Estero y/o quienes resulten responsables, por la supuesta comisión de los delitos que resultaren de la Instrucción Penal Preparatoria".

La presentación la realizó a partir de señalar unas presuntas irregularidades en la institución. Además, el letrado aportó documentación como pruebas y solicitó que el fiscal de turno ordene una auditoria forense u otra medida probatoria que considere pertinente, "a los fines de determinar si se habría incurrido en actos de corrupción y/o algún ilícito penal".

Al argumentar los motivos de la presentación, en primer lugar el letrado señaló que "de manera compulsiva se nos ha obligado a realizar aportes a la Caja Forense en todos los procesos que llevamos adelante".

Dijo que ello abarca todo tipo de acción, como iniciar una demanda o previo a librar oficios o copas certificadas de sentencias: "Nos obligan a reponer honorarios que van desde el 5 al 10 por ciento de los mismos", indicó.

Ante ello, indicó que los honorarios del abogado "tienen carácter alimentario, pues esos frutos civiles del ejercicio de nuestra profesión, constituyen el medio con el cual se satisfacen las necesidades vitales propias y de nuestra familia".

En tal sentido, manifestó si cabe "preguntarse si estos aportes obligatorios a la Caja Forense no revisten el carácter de confiscatorios del derecho patrimonial de todos los abogados, a la par de que podría traer aparejado un enriquecimiento indebido de dicha institución y hasta incluso podría tratarse de un abuso del derecho, que no puede tolerarse desde el linaje constitucional".

Además, consignó supuestas irregularidades: puntualizó que tuvo conocimiento "que en un proceso que se tramita por ante el Juzgado de Paz Letrado de Primera Nominación en Expte. Nº 759140, sobre una Acción de Nulidad Contra la Caja Forense, se habría acompañado un balance de cierre del ejercicio económico finalizado en fecha 21/12/ 2023" y que al respecto, "el hecho principal que me causó extrema preocupación es ver el resultado del patrimonio neto de la Caja Forense que arrojó una suma de $ 55 millones. Es decir que la institución creada en el año 1974, y con la cantidad de aportes obligatorios de todos los abogados de la Provincia, a lo largo de 50 años de existencia sólo cuenta con ese patrimonio".

Expresó en la denuncia que "por ello, mínimamente se debería ordenar una auditoría externa a los fines de determinar si se habría incurrido en actos de corrupción y/o algún ilícito penal".

También manifestó en su presentación que "del balance mencionado" le llamó la atención que "está firmado por el presidente de la Caja Forense, Dr. René Gustavo Hauterberque, y certificado y/o fiscalizado por su hermano, Cr. Héctor Oscar Hauteberque".

"Llama poderosamente la atención tal situación, ya que, por sentido común, deducimos y sabemos que un hermano no podría certificar a otro en una institución, ya que claramente habría incompatibilidades", planteó.

El abogado consideró que "habría que recurrir a nuestro Código Civil y Comercial Art. 173, o el Art. 286 inc. 3 de la Ley de Sociedades o el Reglamento de Legalización de Firmas y la RT 37, aprobada por Resolución 51/12 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestra provincia, y establecer si hubo alguna clase de irregularidad que podría configurar alguna de las tipificaciones contempladas en nuestro Código Penal".

EL PLANTEO

Es por ello que solicitó "con suma urgencia, al fiscal de turno, que ordene una información sumaria y/o IPP tendiente a determinar si se habría incurrido en algún ilícito".

El Dr. Coronel Chalfón aportó como prueba documental "boletas varias de pago de los aportes obligatorios realizados en distintos procesos; copia de balance de la Caja Forense del ejercicio finalizado al 21/12/2023".

Además, solicitó a modo de recolección de prueba informativa, que se libre oficio al Juzgado de Paz Letrado de Primera Nominación, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, a la Caja Forense, a los fines de que remitan copias certificadas del referido balance.

Por último, pidió que se ordene una auditoría forense u otra medida probatoria que determine el fiscal de turno.

 EL EFECTO DENUNCIA

Tras la denuncia del abogado Coronel Chalfón para que se investigue los estados contables de la Caja Forense de Santiago del Estero, ahora miembros del foro legal local manifestaron "su profundo desconcierto ante los resultados revelados en el balance financiero de la Caja Forense de la provincia, donde se informa un patrimonio neto líquido de $55.000.000, una cifra considerada desproporcionadamente baja en relación con los ingresos percibidos por la entidad durante más de medio siglo".

Los letrados en consonancia con la presentación de Coronel Chalfón dicen que "la preocupación aumenta al descubrir que el balance, certificado y auditado por un familiar directo del presidente de la Caja Forense, podría contravenir disposiciones legales vigentes que prohíben la participación de familiares en la auditoría de entidades a las que están vinculados".

"La posibilidad de que un balance financiero sea aprobado bajo tales circunstancias resulta inaceptable para la comunidad jurídica. Más aún, si se tiene presente que los fondos comprometidos son fruto y propiedad de los afiliados que durante décadas aportaron con su trabajo".

Señala que "el foro santiagueño se encuentra en vísperas de una explicación detallada por parte de la Caja Forense sobre las razones que llevaron a la aprobación de estados contables y balances con las deficiencias señaladas. En ese sentido, se resalta la necesidad de una fiscalización externa e interna que garantice la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos financieros destinados al bienestar de los profesionales del derecho y sus beneficiarios".

"Se ha observado que la Caja Forense nunca cumplió con su objeto social, que tenía que ver con las prestaciones previsionales en favor de los abogados. Esta omisión agrava aún más la situación, generando preocupación sobre la gestión y la administración de los recursos destinados a cumplir con dicho fin".

Tras recordar que el abogado Coronel Chalfón "ha formalizado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las presuntas irregularidades, argumentando que podrían haberse cometido delitos en relación con las inconsistencias que surgen del balance", señalan que "los profesionales del derecho instan a la realización de una investigación exhaustiva para esclarecer posibles infracciones legales y salvaguardar los intereses de la comunidad jurídica y la ciudadanía en general".

"Resulta prescindible recordar a los afiliados a la Caja Forense que cualquier acto ilícito que comprometa a la institución también los afectará directamente, implicando una responsabilidad personal directa e ilimitada de su patrimonio".

Fuente: El Liberal