UN PROGRAMA DE REFORMAS POLITICAS

por Roberto Azaretto

           Los problemas económicos graves que heredó el nuevo gobierno, resultado de los errores y horrores de un gobierno que en doce años dilapidó la mejor oportunidad del país en un siglo y deja como marca indeleble doce millones de pobres, no deben postergar afrontar los temas políticos.

“La política es lo primero”, decía, Goethe y la historia muestra que la decadencia argentina está vinculada a la incapacidad para construir instituciones sólidas. Las provincias que más se desarrollaron son las que tienen mejor calidad institucional. Las gobernadas por oligarquías que conforman feudos no progresan, a pesar de regímenes especiales de promoción industrial o programas de obras financiadas desde el gobierno nacional.

Son provincias con jueces que actúan como empleados del gobernador, con reelecciones prolongadas o dejan a esposas, hermanos o hijos en las gobernaciones e intendencias, como si fueran parte de un patrimonio privado.

La calidad institucional se ha reducido a nivel nacional, como consecuencia de pretender trasladar esos sistemas feudales y patrimonialistas de la política al Estado nacional. La conversión del Congreso en una escribanía, los intentos de obtener un Poder Judicial sometido al Ejecutivo, los ataques a la libertad de prensa, los manejos sospechosos en el sistema electoral fueron la constante en el ciclo político que culminó.

Se necesita acordar un programa de reformas legislativas, sin descartar una reforma constitucional, limitada a estos tópicos. El que esto escribe sugiere una agenda para plantear un acuerdo político legislativo.

Terminar con las reelecciones eliminándolas para los cargos ejecutivos o a lo sumo limitarlas a un solo período adicional, sin posibilidad de retornos. También, tomando el modelo de la Constitución de Mendoza, los familiares en primer grado y cónyuges de los presidentes, gobernadores, intendentes y sus vice, deberán esperar un período para aspirar a ser electos en los cargos que dejan sus familiares. Si esta cláusula se incorpora a la Constitución Nacional, puede obligar a las provincias cuyas constituciones deben ajustarse a la misma.

Debemos mejorar el balotaje para evitarlo habrá que obtener un voto más que el 50%. El sistema actual es ridículo y fue armado a medida de quien gobernaba en 1994.

El tercer senador es de la minoría, para eso se incorporó a la Cámara alta un nuevo representante por provincia; a pesar de ello, algunos oficialismos presentan colectoras para tener los tres senadores, esa barrabasada la cometió el oficialismo de Santiago del Estero en 2013, avalada por la mayoría del Frente para la Victoria al no rechazar el diploma. Es entonces un tema a dejar bien claro.

Hay que organizar una Agencia Federal de Elecciones, autónoma del Ejecutivo, encargada de todo lo inherente a los comicios. Debe confeccionarse un nuevo padrón, en las poblaciones y parajes de algunas provincias terminan votando personas que hace años no residen en el lugar al “volcarse” los padrones. 

Las primarias deben ser obligatorias para todos, no sólo para la oposición, y darse libertad para recomponer las fórmulas. Hay que incluir el voto electrónico en todo el país, mientras tanto debe votarse con boletas separadas de distinto color para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales, como se votó en 1983, facilitando los cortes de boleta.

Despolitización del Consejo de la Magistratura y eliminación de mecanismos arbitrarios, terminando con la gran cantidad de casos de nombrar a quienes han salido en decimotercero o decimocuarto lugar. Quien logre más puntos en los concursos debe ser el propuesto al Senado.
Remoción de fiscales y jueces que han mostrado complicidad con la corrupción.

Imponer a funcionarios y congresistas la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes que incluyan a todo el grupo familiar y organizar a través de la Oficina Anticorrupción, que debe ser fortalecida en autarquía y recursos, el control de la evolución patrimonial de los funcionarios. A esto se debe agregar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la sanción de la Ley del Arrepentido, reconstitución de la Sindicatura General de la Nación.

Creación de la Policía Judicial para auxiliar a la Justicia sin interferencias en los casos de corrupción, delitos complejos, lavado de dinero.
Profesionalización del Estado promoviendo la carrera administrativa, concursando los cargos que deben dejar de ser botines electorales o premio consuelo de quienes concluyen mandatos legislativos.

Fijar requisitos de idoneidad para los directorios de los bancos oficiales, empresas estatales, organismos descentralizados.

Recuperación de la autonomía del Banco Central.

Reorganización del sistema impositivo y reforma de la ley de Coparticipación Federal para evitar la discrecionalidad del gobierno central y el avasallamiento de las autonomías nacionales y provinciales. Hay que establecer cuáles impuestos son provinciales y cuáles nacionales suprimiendo la coparticipación. A ello se debe agregar un fondo de equipamiento del territorio para mejorar la competitividad de las provincias de menores recursos.