ASI SE HACE EL AJUSTE EN SANTIAGO DEL ESTERO

 EL AJUSTE DE ZAMORA ES PARA EL PUEBLO NO PARA SUS AMIGOS: STILNOVO SE ALZÓ CON CONTRATOS POR CASI $850 MILLONES POR MUEBLES ESCOLARES 

🎁 Regalito de fin de año, al igual que Javier Milei, Zamora ajusta a los santiagueños pero no a la casta proveedoras del Estado: ¿Por qué el gobierno es tan solidario con los empresarios proveedores del Estado? 

La empresa de los hermanos Serrano obtuvo dos contratos para equipar escuelas de nivel Inicial, Primario y Secundario de toda la provincia. Cotizaron más de $70 millones por encima de los presupuestos originales. Ahora amplían su planta y proveerán de colchones y juegos de exteriores al gobierno.

Otra empresa Stilnovo logró dos apetitosos contratos con el gobierno de Gerardo Zamora, para proveer de mobiliario escolar en establecimientos de nivel inicial y primario por cerca de $850 millones. Esa empresa instalada en Santiago del Estero durante el kirchnerismo, bajo régimen de promoción industrial, se convirtió casi en exclusiva contratista del zamorismo.

El decreto 2786, del 6 de diciembre, le otorgó una adjudicación de mobiliario con destino a establecimientos educativos de Nivel Inicial de la provincia. El trámite fue iniciado por el ministerio de Educación, a cargo de la abogada Mariela Nassif, y el 4 de septiembre se aprobó el llamado a licitación Nº 11/2023, con un presupuesto oficial $473.281.900.

En el ínterin se cambió la fecha de apertura de ofertas para el 17 de octubre, “con la presentación de 6 oferentes”, pero la comisión de adjudicación resolvió adjudicar a Stilnovo todos los renglones el 31 de octubre, “por ser conveniente a los intereses del Estado y cumplir lo exigido en los pliegos licitatorios”. En el decreto se omitieron los nombres de las firmas competidoras y los montos.

Pero como es una constante en los últimos tiempos, Stilnovo cotizó por arriba del presupuesto inicial: $517.230.000. Es decir, casi $44 millones más que lo previsto. El ministerio de Educación de la Nación dio el apto financiero a fines de noviembre, sin objeción de los organismos de control locales. Así, el gobernador aprobó la transacción, junto al omnipresente jefe de Gabinete Elías Suárez y la ministra Nassif.

El mismo 6 de diciembre salió el decreto 2787, que adjudicó a Stilnovo la adquisición de mobiliario con destino a establecimientos educativos de Nivel Primario y Secundario de la provincia. En ese caso, luego de la licitación 10/2023, tramitada en paralelo, con un presupuesto oficial de $299.288.900.

El procedimiento fue gemelo al anterior, tal es así que también se prorrogó la apertura de ofertas para el 17 de octubre y el 31 ya estuvo listo el dictamen favorable de la comisión pre adjudicadora.  De igual forma se consigna que se presentaron otras 6 propuestas, pero la más convincente fue la de Stilnovo, que también superó el presupuesto: $326.941.000. Unos $27 millones más, que Nación aprobó sin observaciones, al igual que Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Así es que los mismos funcionarios rubricaron el decreto.

La firma Stilnovo ya obtuvo el 14 de febrero de este año la adjudicación directa por $33 millones para proveer mobiliario para el Colegio del Centenario, que al mes siguiente inauguró el ex presidente Alberto Fernández. Esa operación se hizo a las apuradas por la visita del ex mandatario.

Esa empresa es originaria de La Rioja, donde comenzó a operar en 1994, durante el apogeo de la presidencia de Carlos Menem. Se instaló en Santiago del Estero hace más de 17 años: Zamora inauguró sus instalaciones en calle Pablo VI el 4 de agosto 2006, después de beneficiarla con la ley de promoción industrial.

En principio fue gerenciada por Juan Carlos Serrano, al que luego sucedió su hermano Domingo Serrano, miembro de la Unión Industrial y habitué de los actos oficiales del zamorismo. Tan bien le fue a Stilnovo que montó un galpón en un nuevo predio y anunció la construcción de dos nuevas plantas para aumentar sus negocios con el gobierno: allí se fabricarán colchones y juegos infantiles para plazas, dos rubros con alta demanda oficial. Hace algunos meses incluso inauguró un local de venta de colchones en pleno centro.

La firma recientemente equipó a la nueva Jefatura de Policía; al ministerio de Salud y al reciente anexo; al remodelado edificio del Consejo Provincial de Vialidad; al laboratorio del hospital Mama Antula y la Dirección General de Rentas, entre numerosos otros organismos oficiales. Entre sus clientes privados apenas aparecen dos en su página: una empresa de materiales de construcción y un gimnasio.

.Fuente: Visión Santiagueña / #ElTermeño #argentina #SantiagoDelEstero

CHAMORRO PRESIONA A EMPLEADOS Y A LOS HABITANTES DE CAMPO GALLO CON LA CAMPAÑA DEL MIEDO

 

Salvajismo político a la Santiagueña, muy propio de estas tierras feudales.

El intendente norteño tomó la posta de los aprietes del gobernador Zamora al electorado que no vote a Massa, al amenazar con la pérdida de trabajo, el cierre del municipio. Incluso puso como condición una victoria del oficialismo para construir viviendas y otorgar cualquier tipo de ayuda. A la par reconoció las graves carencias que sufren los pobladores

 

El intendente de Campo Gallo, Amado Tomás Chamorro, tomó la posta de la “campaña del miedo” que lanzó Gerardo Zamora antes de la PASO y buscó amedrentar a sus empleados municipales y a esa comunidad norteña para que voten a Sergio Massa y no a Javier Milei. “Si no ganamos, la cosa se va a poner mal”, los intimidó.

 El episodio quedó registrado el 19 de octubre, horas antes de comenzar la veda electoral, en el polideportivo municipal de Campo Gallo, donde mandó a concentrar a sus empleados y contratados. Allí arengó contra Milei –incluso ordenó convencer a hijos y amigos- y ordenó votar por Massa. Este miércoles repitió sus argumentos en una radio local.

 En varios tramos Chamorro cometió sincericidios, al sostener textualmente: “El peronismo tiene una mirada federal hacia el interior. Vamos a cuidar lo poco que tenemos, lo poco que hacemos, pero hacemos, estamos progresando, mejorando”.

También rozó la extorsión al ilusionar a su público con viviendas a construir, pero cuya concreción estaría sujeta a que gane Massa sí o sí: “Ahora tenemos más de 100 viviendas para hacer… si es que ganamos, yo a la gente no le puedo mentir. Si ganamos hacemos. Y si no tenemos recursos no lo voy a poder hacer y Zamora tampoco; ya les ha anticipado que al 10 de diciembre van a quedar más de 20 mil personas en la calle. Directamente la obra pública se para porque este loco quiere sacar el ministerio de Obras Públicas, porque no respeta ni conoce el interior y no sabe los problemas que tenemos aquí con los caminos”.

 Es llamativo que Chamorro -que desde hace décadas vive ahí y fue intendente varias veces por el hegemónico peronismo-, reconozca una enorme deuda con su comunidad. “Campo Gallo y al departamento Alberdi lo conozco de memoria porque hace 40 años estoy aquí. Recién vengo de hablar con familias de Sachayoj y que tienen problemas en las casas, en los techos, no hay viviendas, conozco la situación.

 Y agregó: “Pero yo les digo que hasta el 10 de diciembre y mientras gobierne el peronismo hay una garantía de seguir y después de eso se parará todo. Si llega a ganar este libertario u otro partido no habrá garantía de continuar en la provincia de Santiago del Estero ni los docentes, ni los policías, ni las ayudas, ni las instituciones ni los municipios vamos a tener cómo gobernar sin ayuda de la Nación y del gobernador. Vamos a hacer muchas viviendas si ganamos y si estamos, si no estamos y perdemos no vamos a hacer nada de nada”

.A continuación, reconoció una gran cantidad de falencias en la gestión que desatan reclamos de los pobladores del departamento Alberdi, al admitir que cuando visita el interior la gente se queja de “que no hay caminos, no hay agua, que no hay esto, no hay lo otro. Nosotros hacemos el esfuerzo posible, los empleados municipales están trabajando día y noche para solucionar los problemas de agua que tenemos, esto hay que valorarlo. Vamos a ver cómo hacemos crecer Campo Gallo y la provincia, pero eso será mientras tengamos un presidente que nos ayude. Que lo ayude a Zamora y él a nosotros”.

 Chamorro gobierna por quinta vez esa ciudad, aunque en 2022 ganó por una mínima diferencia. Desde el retorno de la democracia pasó por el juarismo, el iturrismo y como muchos peronistas se recicló en el Frente Cívico de la mano de José Emilio Neder. Fue denunciado varias veces por la tala ilegal de bosques y la distribución de tierras fiscales, entre otros presuntos delitos, pero nunca llegó a juicio gracias a su versatilidad con el poder.

 En su discurso se jactó de haber tenido un crecimiento patrimonial en la actividad privada, por lo cual no precisa del sueldo de intendente, según dijo. Pero evidentemente aún le atrae el poder, puesto que volvió a Campo Gallo pese a que tiene residencia desde hace mucho tiempo en Alsina e Independencia, en Capital. Chamorro buscó empatizar con su audiencia al asegurar que con la actual situación económica “no nos alcanza a nadie”. Aunque ese no sería su caso, por su condición de próspero empresario con casa en el microcentro de Santiago.

 Más adelante volvió a insistir: “Si no llegamos a ganar la elección no vamos a tener recursos para gobernar, como lo dijo el gobernador Zamora. Vamos a avisarles a esos jóvenes que votan a Milei (…), que si aquí no ganamos desaparecen las comisiones municipales y los municipios porque esta es la realidad. Aquí tenemos que hacer fuerzas todos juntos, no tenemos que fijarnos en las diferencias locales, no importa, Les estamos pidiendo el voto para el presidente, para Zamora y sus diputados nacionales”.

 “Aquí tenemos un ejército de mujeres y hombres que salen y caminan, que andan, yo sé que vivimos momentos difíciles pero estoy convencido que si gana el peronismo vamos a mejorar seguro, no tengan la menor duda que vamos a solucionar muchos de los problemas que tenemos en Campo Gallo en estos tres años de gestión que me quedan. Pero si llega a asumir otro presidente nos va a cortar la coparticipación, va a achicar el Estado y nos está diciendo que no va a haber plata para las provincias y así no podremos gobernar, ni el gobernador ni nosotros. Habrán visto el mensaje de Zamora y aquí es muy sencillo, no hay mucho que explicar, nos estamos jugando el futuro todos los empleados, los contratados, los enfermeros, los docentes”.

El jefe comunal reconoció que la provincia depende en un 90% de los recursos coparticipables nacionales: “De los 30 o 40 millones que recibe el municipio vamos a quedar con 3 millones de recaudación y no tendré con qué pagarles y habrá que empezar a despedir”.

 En otro párrafo, también buscó atemperar el malestar de sus empleados por los apremios económicos que sufren al reconocer a medias que “Massa, como este gobierno, más allá de todas las críticas la gestión de Alberto Fernández ha tenido una mirada federal”.

“Como dice el gobernador, ‘nosotros les avisamos, después no vengan a llorar’”, amedrentó, y por eso conminó a “votar el Frente Cívico, a Zamora y Massa”. El intendente destacó que es el único municipio peronista que quedó en el norte provincial y que para generar “respeto” debían obtener una amplia diferencia con entre 80 y el 85% de los votos.

 Por eso los llamó a continuar trabajando: “espero que en estos dos días que quedan sigamos caminando y trabajando hasta último minuto: se están entregando votos y bolsines en los barrios”, pese a que la veda comenzaba a la mañana siguiente. Se trata de un reconocimiento explícito del proselitismo clientelar y retrógrado que busca comprar voluntades con dádivas, pero que aun así se ve amenazado por un creciente voto contra esas estructuras feuda

JAQUE AL FISCAL FEDERAL PEDRO SIMÓN

  ABOGADA LOCAL PIDE INVESTIGAR AL FISCAL FEDERAL PEDRO SIMÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO POR PRESUNTA APROPIACIÓN DE UN AUTO DE ALTA GAMA SECUESTRADO

 

El escándalo salió a la luz durante un juicio por defraudación al Pami, en el que se revelaron detalles escandalosos. Las graves irregularidades con respecto a vehículos secuestrados que fueron entregados arbitrariamente y presuntamente apropiados. Pero también hay un informe requerido a Córdoba para saber si otras propiedades habrían sido transferidas a nombre del fiscal o algún allegado. Se pidió girar actuaciones a la Procuración General de la Nación.

 En el reciente juicio por una defraudación millonaria contra el Pami en la justicia federal salieron a la luz una serie de maniobras atribuidas al fiscal federal Pedro Eugenio Simón, a quien se denunció de la supuesta apropiación de un automóvil de alta gama de uno de los imputados, entre otras irregularidades. El episodio pasó inadvertido para los medios, pero causó un remezón en el juzgado federal porque pondría en vilo al poderoso fiscal.

 Se trata del juicio contra una decena de acusados de una millonaria defraudación contra la obra social de los jubilados al fraguar operaciones de venta de medicamentos y reactivos de pacientes diabéticos fallecidos o que no padecían esa patología, que se replicó en varias provincias. Lo curioso es que ningún empleado de Pami ni de la controladora del sistema Farmalink –de la cámara empresaria- estuvo entre los acusados.

 La abogada Cecilia Suárez Vila reveló graves irregularidades durante el alegato que formuló el 13 de julio como defensora de Augusto Javier Petros, el único propietario farmacéutico que llegó como acusado a juicio. Sostuvo que “existe una orfandad probatoria y una animosidad que entendemos se desarrolló en el marco de estas irregularidades. (Petros) fue mantenido en este proceso por no comprar tiras de insulina, cuando había presentado las facturas que fueron cajoneadas sin ser tenidas en cuenta”.

 “Mi defendido ha sufrido innumerables actos de violencia institucional en contra de su persona. Ha sido escrachado e innumerables oportunidades en ocasión de la instrucción de esta causa; ha sido liberado, para ser recapturado días después por personal de la penitenciaría de (Colonia) Pinto, donde estuvo detenido junto a condenados, violadores, narcotraficantes, cuando es un ciudadano que goza de la presunción de inocencia”, esgrimió la defensora.

 La abogada precisó las “maniobras o mecanismos poco ortodoxos utilizados por el fiscal Pedro Simón en esta causa” y puntualizó que cuando Gendarmería Nacional allanó la vivienda del coimputado Cristian Fernando Leyría, en Córdoba, se secuestró documentación de una caja fuerte, por orden del juez Guillermo Molinari.

 “Contenía títulos de vehículos y propiedades que esta defensa quiere remarcar que en el marco de las irregularidades e ilegalidades cometidas en este proceso había un título de dominio de un vehículo Audi KKD 092 que fue secuestrado y –conforme figura en el acta- colocado en una bolsa de nylon que supuestamente desapareció”, apuntó.

 Y señaló que la fiscalía consultó sobre ese dominio que no estaba a nombre de Leyría y era una venta con firma en blanco y “ese vehículo KKD apareció transferido a Alejandro Fochi el 15 de diciembre de 2016, en plena instancia investigativa de esta causa”. Es decir que el empresario farmacéutico lo inscribió a su nombre en un Registro de la Propiedad Automotor. Valga recordar que el empresario farmacéutico Fochi fue condenado a un año y seis meses en suspenso en 2012, en el juicio por las defraudaciones millonarias del ex intendente Julio Alegre, sobre quien tuvo influencia.

 La abogada explicó que “es público y notorio que Focchi es socio comercial del fiscal de instrucción de esta causa, Pedro Simón”. Ambos serían socios de una conocida franquicia de una marca de cerveza, entre otros emprendimientos.

 Pero las sorpresas no acaban allí. “Al hacer una consulta de este legajo me encuentro con la firma de puño y letra del fiscal Pedro Simón, DNI (…), retirando cédula de autorización para conducirlo. Prueba más cabal que esta de las violaciones a los derechos de la defensa, del debido proceso, de legalidad y el deber de buena fe que pesa sobre el órgano acusador es esta”.

 “Con posterioridad, no conforme con haber transferido o por temor a ser descubierto por ella, transfiere el vehículo Alejandro Fochi a su hijo Pedro Pablo Fochi, en el año 2018. Y, oh casualidad, nuevamente existe un pedido de cédula de autorización para conducir y hasta obra anexo en este legajo el DNI del fiscal de la causa retirándola con (su firma de) puño y letra”. Esa documentación, según aclaró al juez Abelardo Basbús, está incorporada al expediente como prueba complementaria de la fiscalía. En los corrillos del juzgado federal se dejó trascender que Simón habría acostumbrado a manejarse en ese Audi para acudir a su trabajo.

 Suárez Vila recordó que en 2019 se realizó una denuncia por estas graves irregularidades ante el Ministerio Público Fiscal, y que la Procuración General de la Nación ordenó con la resolución 242 una investigación sobre Simón, a cargo del fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez.

 Las implicancias de esa denuncia serían mucho más graves que el episodio del Audi, por la letrada sugirió que se habrían producido transferencias de propiedades de imputados hacia el fiscal.

 “En esa denuncia se hace referencia explícita y textual que Alejandro Focchi tiene estrecho vínculo con la UFI (Unidad Fiscal) Pami y con Simón. Y se menciona la entrega de un vehículo Audi de esas características, que es el KKD 092, como también se hace referencia a la entrega de adquisición de propiedades por parte de Simón, en el marco de esta causa del Pami. Lamentablemente, el pedido de informes al Registro de la Propiedad de la provincia de Córdoba no ha sido respondido, o esta defensa no pudo entrar en contacto con el mismo, para saber si constan serias e ilegítimas irregularidades como esta”, agregó. Ese informe será clave para dilucidar si es cierto que recibió propiedades u otros bienes de imputados, lo que agravaría su situación.

 Suárez Vila agregó que “en la causa se secuestraron vehículos, entre ellos los de mi defendido Petros, y para su retiro se le ha requerido que acredite la titularidad del dominio para serles devueltos. Llama la atención de esta defensa que se secuestraron en la causa vehículos que figuran como robados y han sido devueltos a las personas a las que se secuestraron: me refiero a la patente INY 293, que es un Vento. Fue restituido a la persona a la que se le secuestró, que no era su titular dominial porque figuraba robado. También tomo palabras de la fiscal que hace referencia a una irregularidad o error al que fue inducido el juez con otro vehículo JPX 924, una Toyota RAM, que después de estar secuestrada pasa a estar a nombre de la esposa de uno de los coimputados, también devuelta en las mismas condiciones”.

 La letrada atacó la desaparición o sustracción de material probatorio durante la instrucción “lo que evidencia una absoluta falta de control e incumplimiento de una cadena de custodia”, lo que dio a pie a que sospechara que “los recetarios que fueron ofrecidos por la fiscalía con un criterio selectivo no hayan sido manipulados para incriminar a mi defendido”. 

 La fiscal general Indiana Garzón acusó el golpe de los cuestionamientos que realizó Suárez Vila, pero también otros abogados defensores “sobre selectividad, direccionamientos, abusos funcionales y hasta la comisión de actividad delictiva por parte del Ministerio Público”. Pero rápidamente esquivó el bulto: “entiendo que los mismos abogados defensores han solicitado que usted señor juez remita copia a la Procuración General de la Nación, por las irregularidades que ellos han manifestado, por lo que entiendo que este ministerio Público no tiene que dar respuesta a esas cuestiones o, por lo menos, las irregularidades que fueron muy concretamente planteadas no deben integrar la discusión y el juzgamiento de los delitos que estamos analizando en este debate”.

 Cabe recordar que en la investigación preliminar aparece un testigo de identidad reservada que afirma: “Ale Fochi tiene estrechos vínculos con el UFI Pami. Hablaba del fiscal Simón que intervenía en la causa de Leyría.

Claudia (Giménez) hablaba de Fochi como si fuera íntimo amigo conocido de Santiago del Estero. Hablaban muy mucho de los conocimientos internos del Pami. Explicaban la defraudación de la factura electrónica. A mí me interesaba comprar el producto, no en conseguirlo. Según trascendidos de Claudia Giménez escuché que negoció Fochi la salida de Leyría de la causa de Pami que estuvo detenida. Esta negociación fue con el fiscal Simón”.

 “Lo que sí sé –agregó ese testigo- es que Alejandro Fochi y Alejandro Leaniz interactuaban con el fiscal Simón de Santiago del Estero. Me contó Leaniz que Leyría le había pagado a Fochi un Audi A4 negro y una camioneta Amarok 0 km y varios departamentos que había comprado Leyría con un socio llamado Juan José (Sánchez). Estos vehículos eran para el fiscal Simón. Claudia también refería tener muchos contactos con la UFI Pami. Por eso podían encubrir las maniobras que podían llegar hasta Leyría. No me consta porque no lo vi a Fochi con Simón”. Las indagaciones de la defensa de Petros darían sustento a esas graves acusaciones que ahora se pide sean profundizadas. Petros fue uno de los ocho absueltos de la causa Pami, entre ellos también Leyría.

 Ahora, como coletazo de las serias denuncias expuestas en ese proceso, se estima que será el turno del fiscal Simón de dar explicaciones.

.#ElTermeño #Gente #ylagentE #Justicia #JusticiaFederal #Fiscales #argentina #JuzgadoFederal

LLEGO LA HORA DE ELEGIR NUESTRO DESTINO. CAMBIO... O MAS DE LO MISMO???

 NOS PREGUNTAMOS A DIARIO SI LOS ARGENTINOS ACTUAMOS EN BENEFICIO PROPIO O NO ENTENDIMOS EL RUMBO ELEGIDO.  

QUE NOS  PASO ESTOS ÚLTIMOS AÑOS?  ESTA ES UNA BREVE SÍNTESIS QUE NOS EXPLICA EL RUMBO POR DONDE DEBEMOS IR.

Y AHORA COMO SIGUE LA HISTORIA??? 

ESTAMOS POR VOTAR PARA RENOVAR AUTORIDADES.  VAMOS POR UN CAMBIO O NOS QUEDAMOS COMO ESTAMOS HASTA QUE CAMBIE LA SUERTE?

CUATRO VIRTUDES DEL ESTOICISMO

El estoicismo es una filosofía muy simple, que busca el crecimiento personal y con base a eso, mejorar las relaciones de las comunidades. Sus creencias se basan en 4 aspectos principales:

1. Sabiduría: tener la capacidad intelectual de lidiar con todo tipo de situaciones buscando siempre la solución más lógica y racional.

2. Templanza: aprender a controlar todos los instintos y vivir con base única en la moderación de los deseos y las emociones.

3. Justicia: dar a todos lo que les corresponde, tomando en cuenta sus derechos y sus verdades.

4. Valentía: demostrar la fuerza emocional necesaria para saber aceptar los aspectos negativos de la vida sin miedo.

¿Cómo puedes practicarlo?

Primer paso: Aprende a controlar tus emociones. Marco Aurelio, solía utilizar la meditación y como mantra decía: "Hoy escapé de mi ansiedad, la saqué de mí porque me di cuenta que venía de mis propias percepciones y no de afuera".

Segundo paso: Busca un ejemplo que te inspire y sigue sus pasos. Séneca, en su libro "Cartas de un estoico" dice: "Elige a alguien cuya forma de vivir tenga tu aprobación. Mantente siempre en su misma dirección, como un guardián, como un modelo".

Tercer paso: Aprende a aceptar los fracasos como parte natural de la vida. Las caídas son parte del éxito.

Cuarto paso: Lee todo lo que puedas y actúa con base en tus aprendizajes. Epícuro, en su libro "El arte de vivir" dice: "No digas que has leido varios libros, demuéstralo con tus acciones".

Quinto paso: Analiza el uso que le das a tu tiempo, puede ser que le estés dando demasiada importancia a nimiedades.

Esta creencia filosófica, sigue vigente en la actualidad. El líder político, Nelson Mandela se guiaba por los libros de Marco Aurelio, uno de los máximos representantes del estoicismo. La filosofía cree en la paz, mas no quiere decir que crea en la pasividad.

EL PRESIDENTE FERNANDEZ DEMANDADO POR 40 MILLONES: DAÑO ILIMITADO Y DESCALIFICACION FALAZ

 

   15 de mayo de 2023

Se trata de Leopoldo Bruglia, a quien Fernández lo señaló por ocupar un cargo judicial "en forma contraria a la Constitución".

El presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Leopoldo Bruglia, demandó al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios. «Con motivo de la difamación pública con argumentos falaces y ataques a la investidura que detento como Juez Federal», el magistrado le reclamó el pago de $40 millones y la retractación pública.

Todo ocurrió a partir de un tweet del 2 de noviembre del año pasado en el que el presidente señaló al magistrado demandante como uno de los que «ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución». Seguidamente, Fernández escribió: «Los jueces Leopoldo Bruglia y ….deberían estar solo en los tribunales para los que concursaron. Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri…”.

Esas publicaciones del presidente se conocieron después que la Cámara Federal, con la firma, entre otros, de Bruglia, resolviera dejar en libertad a los integrantes de la organización de derecha Revolución Federal, en la mira tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Esos mensajes ofendieron al camarista, que se presentó con una demanda a la que accedió este medio.

«Dicho accionar, al provenir de una figura pública con el grado que ostenta y por el medio utilizado, hace que la agresión desplegada en forma personal y como representante gubernamental máximo de la República Argentina, haya provocado un daño ilimitado, sin alcances determinables y en constante progreso y expansión, por el cual deberá responder», se lee en la presentación de 45 páginas presentada en la Justicia. 

El objetivo, descripto en la demanda patrocinada por los abogados Estela Graciela Pastorini y Juan Manuel Blanco, persigue como objetivo «lograr una indemnización ajustada a derecho, tanto en lo que implica una condena justa y equitativa que contemple la magnitud del daño provocado y su dimensión en la misma medida en que el daño fue consolidado voluntariamente». 

El magistrado también sostuvo que ese daño «continúa ilimitadamente en expansión por la propia naturaleza del medio utilizado para provocarlo y la figura de quien lo causara, ya que nunca fue quitado de la cuenta del accionado en dicho portal». Es decir, Bruglia considera que los tweets del presidente siguen dañándolo porque nunca los borró.

Más detalles de la demanda

Para Bruglia, la publicación del mandatario afecta su derecho al honor, a su imagen personal y privada y a la imagen institucional. «Mal podría por su cargo desconocer que, quien suscribe la demanda, se encuentra validado en el cargo, precisamente, por el más alto tribunal judicial, demostrado por las pruebas que se agregan documentalmente en autos», dice la presentación.

La demanda contra Fernández por su tweet versa sobre el hecho de que Bruglia y su par de la Cámara, Pablo Bertuzzi, fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri a ese cargo en el que permanecen de forma «provisoria». Así lo estableció la corte en noviembre de 2020, en una resolución en la que también señaló que estarán en los cargos hasta tanto sean designados nuevos magistrados por concurso y acuerdo del Senado.

«No estamos ante un hecho simple de ofensa, estamos hablando de un presidente de la Nación descalificando falazmente a un Juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social, de alcance mundial por el cargo que detenta», dice la presentación.

La causa había quedado sorteada en el Juzgado Civil N°79, sin embargo, los abogados de Bruglia presentaron un escrito en el que pidieron la recusación sin causa de la jueza María Pilar Rebaudi Basabilbaso. Este lunes, la magistrada hizo lugar al planteo y el expediente pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para que se sortee un nuevo Juzgado.

El petitorio de Bruglia

Además de la reparación del daño por $40 millones, el juez Bruglia demanda al presidente para que se retracte públicamente vía Twitter. 

También solicitó que se produzca prueba, entre otras, por medio de un exhorto a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) «para que informe en estas actuaciones (…) si el Dr. Alberto Ángel Fernández se desempeña como profesor en dicha Facultad, informando fecha de alta y situación al momento de responder el pedido de informes».

A su vez, le pidió a la Justicia que cite a declarar como testigos, entre otros, a la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, junto con el mediático abogado Mauricio D’Alessandro. El listado se completa con un pedido para citar al constitucionalista opositor Daniel Sabsay y el diputado Pablo Tonelli, también constitucionalista.

En diciembre pasado se fijó una audiencia de mediación entre Bruglia y Fernández, pero el presidente no fue. Así, le dio vía libre al camarista para que avance en la demanda.

REF:

Fuente Perfil

 

SOBERBIA E INSEGURIDAD JURIDICA EN SANTIAGO DEL ESTERO

 

El editorial del diario La Nacion dice que Santiago del Estero, es la provincia donde lapropiedad se discute como en el medioevo

Francisco Olivera

LA NACION 18 de abril de 2023

Crecen las quejas de usurpaciones, en general a pequeños productores que, cansados de reclamar sin respuestas, dejan los predios y se van a vivir a otra parte; las lleva adelante el Mocase, organización de buena relación con el kirchnerismo y el gobierno de Zamora

En algunos rincones de Santiago del Estero parece que costara aplicar la Constitución. Al menos el artículo 21, el del derecho a la propiedad privada, algo no garantizado en la enorme cantidad de tierra que está usurpada en estos momentos ante la inacción de la policía, la Justicia y el Gobierno.

El gran protagonista de estos atropellos es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), una agrupación en la que gravita el Movimiento Evita, que pertenece a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y que integran dirigentes de muy buena relación con el gobernador Gerardo Zamora y su mujer, la senadora Claudia Abdala de Ledesma.

Es una debilidad de la democracia que empieza en una situación irregular de dominio, que en la provincia es generalizada, en muchos casos aprovechada por abogados afines al kirchnerismo o al poder de Zamora.

Una proporción significativa de los campos de Santiago del Estero no tiene la escritura en condiciones simplemente porque sus dueños, en algunos casos propietarios de hasta una quinta generación, no hicieron como corresponde ni ese trámite, ni el de la sucesión.

Eso alienta a abogados y escribanos que, con el respaldo del Mocase y a veces hasta amparados en la ley nacional 26.160, que obliga a un relevamiento territorial para los pueblos originarios, a discutir por la fuerza y con amenazas los títulos.

Representantes del Mocase Vía Campesina, el ala más dura de la agrupación, no respondieron a la consulta de este diario. En la provincia identifican al menos tres líderes: Adolfo Farías, Juan Chazarreta y Cristina Loaiza, todos ellos de buenos vínculos con el Gobierno. Loaiza es, además, integrante del Consejo Económico y Social, que preside Mercedes Marcó del Pont.

Muchas de las usurpaciones cuentan además con el respaldo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce Analía Noriega, pero en ocasiones basta con la astucia de especialistas en litigar de buenos contactos. Entre ellos, Elio Alejandro Curet, escribano y socio de Claudia Ledesma en el estudio, o María José Venancio, abogada del Mocase y del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.

Las víctimas pueden ser grandes productores, como la familia Masoni, el caso más conocido en todo el país porque tienen relación con el macrismo, pero también pequeños productores anónimos y de nula filiación política, cuyos campos no pasan de unas pocas hectáreas y que, hartos de la situación, hicieron la semana pasada una asamblea para dar a conocerla.

Esta mecánica de usurpación es, como el reclamo de la tierra, ancestral: el propietario se descuida, un día llega un contingente de vecinos con palos, lo amedrentan e irrumpen en el predio. El dueño seguramente hará la denuncia, pero es difícil que sea escuchado y, si tiene esa suerte, entrará en un litigio eterno donde tallan miembros de la Justicia que, en general, también tienen Oscar Amato, un cordobés de 69 años que compró hace 22 años 530 hectáreas en Sumampa, departamento de Quebrachos, al sur de la provincia, ya hizo 37 denuncias que nadie atendió.

Su campo, al que llegó a invertirle casi un millón de dólares y que en algún momento tuvo un feedlot y 16 empleados, está usurpado desde hace varios años. “O te vas o te morís”, le escribieron manos anónimas una vez sobre la tierra, frente al portón del predio, y Amato tomó hace dos años la decisión de volverse a vivir a Córdoba.

Ya no va, dice, porque sus hijas le recomiendan no hacerlo: cada vez que viaja vuelve con algún golpe. Una vez le quebraron los dedos; otra le hicieron tajos a machetazos. “Ojalá me lleve Diosito”, dice, y se le entrecorta la voz cuando recuerda que su mujer murió hace cuatro años como consecuencia de un cáncer, probablemente acelerado por tantos disgustos. “Tengo mucha bronca -dice-. Le diría a Zamora que me pagara lo que vale el campo y no vuelvo más a Santiago”.

Seguramente Alberto Ponce, que heredó de sus abuelos hectáreas en Salavina, siente una impotencia mayor. Tiene, al igual que Amato, las escrituras y la sucesión en perfecto orden. Pero Guillermo Cejas, el usurpador que atentó hace 12 años contra su padre mientras discutían los planos, ya está libre y, peor, adentro del predio familiar.

Al ver que les rompían el alambrado, los Ponce fueron en octubre de 2010 a encarar a Cejas, que afirmaba ser el dueño mientras, desde arriba del caballo sacó una escopeta y dio varios disparos. Le pegó en el tórax dos balazos al padre de Ponce, que estuvo en terapia intensiva durante dos meses. Todavía hoy, 12 años después, tiene secuelas de aquella agresión: está por volver a operarse. “Es desesperante porque no hay mucho que hacer”, dice el hijo.

Ponce recibió en ese momento dos heridas de bala en el tórax, que le costaron 8 cirugías y secuelas hasta hoy. Los atacantes estuvieron detenidos por cuatro años y medio. Salieron y usurparon a la familia Molina Las historias, que son múltiples y similares, dan cuenta de una provincia en la que los conflictos se dirimen por la fuerza. Por eso la asamblea de la semana pasada  hablaba de “condiciones medievales”. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con autoridades de la provincia. Las incursiones sobre lo ajeno afectan en general a productores pequeños, en algunos casos hasta de bajos recursos. Y, como contraparte, los nuevos dueños de la tierra no son necesariamente indigentes.

Es el caso de Eduardo Federico López Alzogaray, nada menos que presidente del Tribunal Supremo de Santiago del Estero, la instancia judicial más alta de la provincia, a quien dos jueces, Roxana Vera y Pedro Jury, le dieron en los últimos años la razón en un reclamo frente a los Ardiles, la quinta generación de agricultores de una familia que tiene una escritura de 1977 para 30 hectáreas

de Chaguar Punco, departamento de Robles. Criaban lechones, ovejas, cabras.

Pero entre 2018 y el año pasado, gracias a dos órdenes de desalojo, una de las cuales se hizo con la infantería de la policía provincial y delante de los nietos de los Ardiles, se fueron quedando sin nada. Un día Manuel Ascencio Ardiles, dueño del lugar, fue a pagar la boleta del seguro de riego y se encontró con que estaba a nombre de la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo argumento para discutir la propiedad es la herencia de una antepasada que, dice, es anterior a los Ardiles. Este diario intentó obtener una explicación del abogado de López Alzogaray, que tampoco contestó. Ardiles murió en enero pasado, ya sin ni un metro de tierra, a los 76 años.

 

Manuel Ascencio Ardiles, productor ya fallecido. Un día cuando fue a pagar un servicio se encontró que había pasado a nombre de Eduardo Federico López Alzogaray, presidente del Tribunal Supremo de Santiago del Estero

Muchos de estos campesinos se han resignado a una vida económica peor. Juan Lacorte, por ejemplo, pasó de propietario a changarín y albañil por las usurpaciones. Las sufre desde hace seis años en su terreno, unas 72 hectáreas en el departamento de Juan Felipe Ibarra. “En este momento, ellos están sembrando en mi campo -dice-. Muchos son gente que conozco, vecinos que hicieron la escuela conmigo”.

Hace unos años, Lacorte decidió encadenarse frente a la puerta donde se hacía la fiesta anual del Mocase para reclamar su propiedad. Lo rodeó un grupo de personas entre las que estaba, por ejemplo, Deolinda Carrizo, miembro del Mocase y hoy directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y le tiraron del pelo y lo golpearon. Dice que hizo desde entonces unas diez denuncias en Quimilí, pero que los fiscales nunca hicieron nada.