SANTIAGO DEL ESTERO CARGA CON LA INEPTITUD DEL PODER JUDICIAL

Esta noticia fue publicada en el portal: info del estero.com pero fue levantada a poco de su amplia distribución por orden de quien manda mas.

Santiago del Estero soporta una crisis profunda en estos últimos veinte años, lacerada por una corrupción y  la manipulación sin límites dentro del sistema judicial. Los recientes hechos revelan una preocupante combinación de encubrimiento institucional, violación a los derechos de los santiagueños y un desinterés absoluto por la transparencia y el respeto a la legalidad.

El caso más reciente lo protagonizó el Fiscal General santiagueño, Dr. Luis Alberto de la Rúa, - uno de los personajes más desacreditado e ignorante- que no solo pone de manifiesto la crisis de ética dentro del sistema judicial, sino también el grado de impunidad con el que se opera desde las altas y bajas esferas del poder en la provincia.

UN HECHO REPUDIABLE

Este jefe de los Fiscales en toda la provincia  Luis Alberto de la Rúa en la mañana del 29 de diciembre de 2024, protagonizó un hecho escandaloso que zarandeó a toda la opinión publica provincial, pues fue identificado extraoficialmente – en un principio- como el responsable de un accidente en el que atropelló a una mujer de 57 años sobre la calle Perú, dejándola tendida en la vía pública.

Tras el incidente, este despreciado funcionario, se dio a la fuga. El impacto, sucedido entre las 10 y 11 de la mañana, fue captado por cámaras de seguridad de la zona, pero la sospecha de manipulación de evidencia, crece a medida que se reporta la anulación de los registros del CCTV.

Posteriormente, el vehículo del Fiscal fue detenido en la intersección de Independencia y Balcarce, con el frente visiblemente dañado, evidencia inequívoca del choque.

Este incidente no puede desvincularse de un contexto más amplio de encubrimiento y abuso de poder que caracteriza a las instituciones. La falta de acción inmediata y la posibilidad de alterar informes toxicológicos refuerzan la percepción de una justicia selectiva y subordinada al poder político.

UNA SUMA DE TRAPIZONDAS

Este caso se suma a una serie de episodios que evidencian la manipulación de la justicia, para proteger a los aliados del poder. La anulación de registros del CCTV, la dilación de pericias y el potencial de alteración de informes médicos constituyen actos que destruyen la credibilidad en las instituciones.

Santiago del Estero es escenario de sobreprecios en obras públicas, desfalcos millonarios y un uso indebido de recursos públicos. Los contratos otorgados a empresas vinculadas al oficialismo, como el caso de Stilnovo y Grupo Uno Led, muestran un patrón de favoritismo y apropiación indebida de fondos.

La corrupción no es un fenómeno aislado; impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La negligencia en la provisión de servicios esenciales como salud, educación y seguridad representa una violación sistemática de los derechos básicos de la población.

El poder judicial en Santiago del Estero fue cooptado para garantizar la impunidad de los poderosos y perseguir a quienes denuncian irregularidades.

Este esquema, reforzado por funcionarios como Luis Alberto de la Rúa, perpetúa la injusticia y debilita el estado de derecho.

Resulta imprescindible garantizar una justicia independiente y eficiente que actúe conforme a la ley y sin injerencias políticas.

Auditar el Uso de Fondos Públicos, llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos y presupuestos provinciales para identificar y sancionar actos de corrupción.  Brindar seguridad a quienes han sido afectados o han denunciado abusos, evitando represalias por parte de las autoridades provinciales. Reestructurar las Instituciones, Implementar reformas profundas en las instituciones judiciales y administrativas para garantizar su autonomía y transparencia.

Próxima nota en confección: Registro de la Propiedad… un nuevo caso Rentas?

QUIENES SON LOS QUE TIENEN FUEROS?

 

En 1892 murió Don Carlos Fuero. Una calle en la ciudad de Saltillo, una en Parral y otra en Chihuahua llevan su nombre.

Por si no sabían. La historia es digna de ser conocida...

En la guerra por la República a la caída de Querétaro, quedó prisionero de los "Juaristas", el Jefe del Estado Mayor de Maximiliano, el General Don Severo Del Castillo,

En juicio breve fue condenado a muerte, y su custodia se encomendó al Coronel Carlos Fuero.

La víspera de la ejecución del General Del Castillo, el Coronel Fuero dormía, cuando su asistente lo despertó diciéndole:

 -El General Del Castillo, desea hablar con usted Coronel.- Fuero se vistió de prisa  y acudió de inmediato a la celda del condenado a muerte.

No olvidaba que el General Don Severo Del Castillo, había sido amigo de su padre.

 -Carlos-, le dijo el General, -perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes, me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor.

Quiero confesarme y hacer mi testamento.

Por favor manda llamar al padre Montes, y al licenciado José María Vázquez.

Mi General-, respondió el Coronel Fuero.

-No creo que sea necesario que vengan esos señores.  -¿Cómo?-_, se irritó el General Del Castillo,

-Deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia, ¿y me dices que no es necesario que vengan el sacerdote y el notario?

-En efecto mi General- repitió el Coronel republicano-

-No hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos, y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese.

El General Don Severo se quedó estupefacto. La muestra de confianza que le daba el joven Coronel Fuero era extraordinaria.

-Pero Carlos, le respondió emocionado -¿Qué garantía tienes de que regresaré, para enfrentarme al pelotón de fusilamiento?

-¡Su PALABRA DE HONOR mi General! , contestó Fuero. -Ya la tienes-, dijo Don Severo, abrazando al joven Coronel.

Salieron los dos y dijo Fuero al encargado de la guardia:  -El General Del Castillo, va a su casa a arreglar unos asuntos. Yo me quedaré en la celda en su lugar como prisionero. Cuando él regrese, me manda despertar.

A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, el General Sóstenes Rocha. El encargado de la guardia le informó de todo lo sucedido. Corriendo fue Rocha a la celda en donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó moviéndolo:-¡¿Qué hiciste Carlos?! ¿Por qué dejaste ir al General Del Castillo?

-Ya volverá-, le contestó Fuero.   -Y si no lo hace, entonces me fusilas a mí.

En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera:

-¿Quién vive?-, gritó el centinela. ¡México!- respondió la vibrante voz del General Del Castillo -y un prisionero de guerra.

Cumpliendo su PALABRA DE HONOR, volvía Don Severo para ser fusilado.

El final de esta historia es feliz.  El General Severo Del Castillo, no fue pasado por las armas.  El General Rocha le contó a Don Mariano Escobedo lo que había pasado, y éste le informó a don Benito Juárez.

El Benemérito conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al General Del Castillo, y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra el Coronel Fuero. Ambos hicieron honor a la Gloriosa Institución.

Ambos hicieron honor a su palabra. De ahí deriva también la palabra "Fuero",

Tener "Fuero", es tener un privilegio, que debe sustentarse en la PALABRA DE HONOR, y en un juramento que todos los abusivos políticos han olvidado, y hecho a un lado para gozar de canonjías, privilegios absolutamente extravagantes y fuera de la ley... en resumidas cuentas, ¡¡¡PARA COMETER ABUSO DE PODER SIN LÍMITES NI VERGÜENZA!!!.

También muchos de los que no son políticos han olvidado lo que es tener: “PALABRA DE HONOR", para eludir sus responsabilidades, evitar sus compromisos y engañar muchas veces, hasta a sus más allegados, a sus familiares, amigos, a sus compañeros de trabajo, a su empleador.

AFORTUNADAMENTE AÚN EXISTEN MUCHAS FAMILIAS QUE INCULCAN A SUS HIJOS TODAVÍA LO QUE ES TENER  PALABRA DE HONOR. Ahora ya saben de dónde viene el tan mentado ¡¡¡fuero!!!

Que falta hace hoy en DIA, Ojalá se recupere este VERDADERO HONOR.

Nada justifica la demora, Señor Juez

 

Por Rita Lucca

10 de Diciembre de 2024

La Corte Suprema rechazó un recurso del juez laboralista Alberto Alejandro Calandrino contra la resolución 189/2024 del Consejo de la Magistratura, que lo sancionó por demoras en la tramitación de expedientes. Los detalles del caso   

El eterno atraso y las largas demoras en la tramitación y dictado de sentencias no es algo nuevo. El problema aqueja a los diferentes fueros a lo largo y ancho del país, pero se agravó en la Justicia Nacional del Trabajo por el alto número de vacantes, la pandemia y la falta de recursos. A su vez, gran parte de las causas que tramitan son de carácter alimentario y las sumas reclamadas se ven afectadas por la inflación.

La crisis quedó nuevamente en el centro de la escena, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso deducido por el juez laboralista Alberto Alejandro Calandrino contra la resolución 189/2024 del Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo sancionó por demoras en la tramitación de expedientes. 

El titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 35, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió una sanción de apercibimiento por graves demoras en un reclamo que involucraba un crédito por despido y accidente laboral. En el caso, el letrado patrocinante de la parte actora presentó sucesivos escritos, denunciando la demora del juzgado en resolver y solicitando pronto despacho, pero todas esas peticiones fueron proveídas y suscriptas por el magistrado, quien admitió el vencimiento de los plazos legales e hizo saber a la parte que procedería a resolver, respetando el orden de ingreso de los expedientes que se encontraban en estado de dictar sentencia. Sin embargo, el magistrado omitió comunicar la situación a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tal como lo exige el artículo 167, apartado 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Las actuaciones se iniciaron el 17 de abril de 2015, pero el primer despacho se dio cuatro meses después de su radicación. El denunciante explicó, en este sentido, que el dictado de las resoluciones "ha excedido con creces los plazos", y destacó que los escritos de las partes tampoco eran agregados al expediente ni subidos al Lex100 en forma apropiada. El llamamiento de autos para sentencia en el expediente tuvo lugar el 1 de febrero de 2019, pero a la fecha de la denuncia -3 de junio de 2021- había vencido el plazo previsto. Finalmente se dictó sentencia el 18 de octubre de 2021, es decir, dos días después del descargo del magistrado ante el Consejo. 

Calandrino admitió haber suscripto las sucesivas providencias, pero se justificó: “(…) resulta curioso –y ajeno para quienes no se desempeñan en este Poder del Estado- pretender que un Magistrado firma y constata los cientos de proveídos ‘Agréguese y tiénese presente’ que se generan por día en una dependencia. Ello no se condice con la realidad y con la delegación de funciones necesaria para poder afrontar el servicio de justicia que debemos brindar (…) En definitiva, la firma de un magistrado en la recepción de un escrito no puede considerarse como toma de conocimiento –en este caso- de una demora”. 

En este escenario, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -Horacio Rosatti se excusó de intervenir- rechazaron los planteos del magistrado sancionado y advirtieron que el Consejo evaluó "cada una de las defensas ofrecidas por el magistrado y las desestimó con argumentos concretos, respaldados en la prueba obrante en el expediente". 

A la hora de decidir, el Consejo ponderó que el juez había subrogado otro juzgado desde agosto de 2015 hasta octubre de 2020; que la pandemia del COVID-19 había afectado gravemente el funcionamiento de los tribunales de justicia; y que el fuero laboral carecía de los recursos materiales y humanos necesarios para una óptima prestación del servicio. El organismo reconoció incluso lo "dificultoso el cumplimiento de los plazos legales de 30 y/o 60 días para dictar sentencia". Pese a ello, consideró que "esas circunstancias no alcanzaban para excusar la morosidad del magistrado" y que la demora era "irrazonable y excesiva". 

Calandrino dedujo un recurso contra la resolución. En este escenario, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -Horacio Rosatti se excusó de intervenir- rechazaron los planteos del magistrado sancionado y advirtieron que el Consejo evaluó "cada una de las defensas ofrecidas por el magistrado y las desestimó con argumentos concretos, respaldados en la prueba obrante en el expediente". 

"(…) el recurrente reitera que tenía mayor cúmulo de trabajo debido a la subrogancia de otro juzgado, pero no se hace cargo de que esa situación culminó un año antes de dictar la sentencia demorada. Insiste con que la pandemia y la crisis del fuero laboral impiden cumplir con los plazos legales (…), sin embargo, no advierte que no fue sancionado por incumplir esos términos sino por una morosidad que excede ampliamente esos plazos y que fue valorada como excesiva teniendo en cuenta una diversidad de elementos: tanto el contexto de pandemia y la crisis de recursos del fuero laboral, como la falta de complejidad jurídica del expediente y las reiteradas oportunidades que tuvo el magistrado de enterarse de que la causa estaba demorada y la parte requería el dictado de la sentencia definitiva", dijo el Máximo Tribunal. 

También destacaron que el juez "pretende amparar su conducta en la falta de conocimiento efectivo de los reiterados pedidos de pronto despacho y, para ello, alega que no estaba al tanto de las providencias que suscribía", pero que esta "manifestación implica, en sí misma, un reconocimiento de negligencia ya que la colaboración de otro funcionario en las tareas no puede excusar al magistrado de conocer el contenido de la resolución que rubrica y por la cual es responsable".

 

ARGENTINA UN PAÍS DONDE TODO SE SABE PERO NO SE HACE NADA

 

 

A muchos les molesta que el Presidente Milei use un lenguaje impropio de su investidura, pero no solo es eso…en estos pocos meses de su gobierno se conoció, se probó y se publicó que:

-Que hay irregularidades por $65 mil millones en la compra de medicamentos oncológicos.

-Que 9.000 personas que cobraban el plan potenciar trabajo; eran empleados públicos.

-Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados; no existen.

-Que el llamado dirigente Grabois manejó una caja de U$S 244 millones durante el gobierno anterior y hasta el momento…nada

-Que el impresentable Belliboni manejó una caja de $5 mil millones de pesos y extorsionaba a la gente.

-Que en el Chaco operó una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes de todo tipo y a la vista de todos.

-Que la Anses pagó hasta $1.700 millones por mes por sobre precios en contrataciones de seguros.

-Que Kicillof gastó $170.000 mil millones en programados llamados "Haceme Tuyo” o “Juguemos piola" de geles íntimos y otros gastos disparatados y no prioritarios.

-Que había un delegado en el exterior que cobraba U$S 13 mil al mes hace ¡31 años! y otro U$S 9 mil sin saberse bien a que se dedicaban.

-Que Pérsico se transfirió (él a él mismo) U$S 88 millones de dólares del estado a su cooperativa y hasta la fecha cero accionar judicial..

-Que existíó un consejo campesino indígena con 964 empleados, 208 vehículos y dos sedes, que le costaba al país $9 mil millones al año. Insólito.

-Que regalaron 2 hectáreas del parque nacional Nahuel Huapi a un abogado de dudosa procedencia, amigo de Grabois (¿?) entre otros 81 lotes en el país que aprobaron  a las apuradas 16 días antes del 10/12/2023. Aun no retorno esa tierra al Estado

-Que se pagó $171 millones por 500 mil guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se hicieron 3 mil; estafando, inventando o usando a cooperativas para poder facturarlos. Todos andan sueltos.

-Que 11.000 cooperativas a las que financió el Estado; no existen y otras 4.500 se están investigando si existen o no. Pero que está haciendo esta justicia?

-Que los recitales gratis nunca existieron le pagaban entre U$S 150 mil a U$S 350 mil a determinados artistas para bajar entre, tema y tema, adoctrinamiento a los jóvenes. Y los siguen contratando

-Que hubo malversación por USD 341 millones en la entrega de las Becas Progresar; que lo financiaban con un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos.

-Que las provincias no ejercían su función indelegable de pagar a los docentes, porque se gastan los presupuestos en otras prioridades. Y… ahí están todos libres.

-Y que además, ciertas provincias, solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían alguna obra en su jurisdicción, y si eran amigos del gobierno anterior, recibían más sumas de dinero sin control, ni justificación

-Que antes de dejar el gobierno se robaron 174 notebooks nuevas por un valor $290 millones. Se sabe quiénes lo hicieron, pero todos libres

-Que se pagó planes a 3.000 personas que no viven en argentina por $5.800 millones. Y… ni un solo sumario todos en sus casas

-Que para hacer el recital lola palloza un municipio perdía $60 millones, recibiendo a cambio y de cortesía, cientos de entradas.

Por todos estos  ejemplos y más, nuestra Argentina está destruida, en lo económico y en lo social. Lo que aceptas, te transforma; lo que niegas te somete.  Salvo que seas muy lento, corrupto o cómplice… y que no te importe un carajo el país en donde vives

Muy fácil es decir lo que hicieron pero peor es tener los elementos para recuperar lo mal habido y quedarse en la silla, pensando en el próximo choreo.

DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ARRECIAN LOS ROBOS DE CAMPOS

El IID intimó al zamorismo a expedirse sobre el caso de Ardiles, sino recurrirá a organismos internacionales

Miércoles 18 de septiembre de 2024, 13:02

Entregaron un documento en el que se sostiene que habrían existido irregularidades en el juicio que el presidente del Superior Tribunal, López Alzogaray, inició contra un campesino para desalojarlo de sus tierras, cerca de Forres, pese a que tenía título de propiedad sobre ellas. El anciano murió poco tiempo después, lo que atribuyeron al despojo que sufrió. Pero sostienen que no sería un caso aislado, sino un modus operandi para la apropiación de tierras.

El Instituto Interamericano por la Democracia ratificó la denuncia pública contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, a quien apuntó por las “irregularidades” en un juicio que desembocó en el desalojo de un anciano y su familia de un paraje cercano a Forres, caso que tuvo adquirió ribetes escandalosos cuando el damnificado falleció poco después de esa medida.La comisión integrada por el exembajador de EEUU en la comisión de DDHH ante la ONU, Armando Valladares, y el abogado Marcel Feraud, quienes entregaron el informe a autoridades del gobierno nacional y al propio López Alzogaray y a la ministra de Justicia, Matilde O`Mill y la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Aguila. “No nos recibió el gobernador aunque pedimos que lo hiciera, porque la intención nuestra es hablar con todas las partes”, aseguró Feraud.

Valladares advirtió que “si dentro de dos semanas no tenemos una respuesta de la Justicia de Santiago del Estero vamos a llevar este tema a las más altas instancias de los DDHH del mundo”, como la Corte Interamericana de Justicia, la OEA o la ONU. “Ya todos estos atropellos trascendieron la provincia y se conocieron en América Latina y se conocerá en el mundo”, añadió.

Valladares recordó que fue preso político del régimen castrista, en Cuba, durante 22 años, pero aclaró que “nunca vi un ensañamiento como el que se llevó a cabo con una familia humilde, un hombre que durante 60 años trabajó con su familia y fue despojado de su propiedad. Y la persona que dirigió todo esto es nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray”.

“Para mí no tiene precedentes, tanto es así que lo despojaron de sus tierras, le prendieron fuego a la casa y esto afectó muchísimo a este hombre, que habló con nosotros hace un año y ocho meses, y estando nosotros todavía en Argentina él murió de tristeza, por estas acciones en contra de él y su familia”, cuestionó.

Valladares sostuvo que el instituto comenzó a investigar el caso hace dos años “y pudimos comprobar no solamente la violación de los DDHH, sino de la normativa de la República Argentina. “La actitud de López Alzogaray tiene como consecuencia e involucra a toda la provincia en esta injusticia y violación de los Derechos Humanos”, afirmó. Pero también dijo que se constataron otros 300 casos en la provincia.

Feraud agregó que “lo grave de este caso es que no se trata de una conculcación de los DDHH de la familia Ardiles, sino que este atropello fue cometido bajo el ropaje de un proceso judicial, que agravia la injuria. Formalmente los DDHH se violan cuando es la policía o el poder el que agrede, pero acá todo eso lo hace bajo el manto de un proceso judicial, de manera muy inteligente”.

El abogado dijo que en sus años de experiencia “lo que ha sucedido en este juicio jamás lo he visto. El actor es nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, o sea la figura número uno del Poder Judicial, que demanda a Manuel Ardiles, un campesino de escasa ilustración y patrimonio, y todo lo que sucede en el juicio es lo que él pide, de inmediato. Inclusive, a través de una medida precautelatoria lo desalojan inmediatamente a Ardiles de su campo”.

“Nosotros hemos decidido ir hasta las últimas consecuencias porque consideramos que el atropello utilizando los medios de la Justicia es algo imperdonable y consideramos que la familia Ardiles debe ser atendida y compensada. Como dijo el embajador, nosotros lo conocimos a Manuel antes que falleciera cuando nosotros no habíamos terminado nuestro trabajo en Argentina. Y fallece por esto, porque lo arrancan de su campo donde él había nacido y lo ubican en los primeros días en una especie de frigorífico, donde estaban en condiciones peor que animales”.

Feraud ratificó que Ardiles era dueño de ese campo, porque su padre lo había obtenido a través de la prescripción adquisitiva de dominio, lo que se conoce como “título perfecto”, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad. El juicio de López Alzogaray buscó revisar esa sentencia de hace más de 50 años “y su argumento fue que su familia había recibido una cédula real en el Siglo XVIII, cuando la Argentina todavía no existía y que por esa línea ancestral él era dueño de esto. Si se hubiera escrito una novela hubiera pasado como ficción, pero en la realidad jurídica eso no podría haber sucedido jamás, pero pasó en Santiago del Estero y esto habla muy mal de la provincia. Por eso es que las autoridades y el gobierno provincial tienen que responder y alguien tendrá que encargarse de que esto se repare”.

El abogado reafirmó que “nosotros no representamos a ningún interés, simplemente nos llamó la atención el caso”. Valladares, también indicó el de Ardiles no fue el único caso que conocieron de Santiago del Estero: “Estamos realmente horrorizados por los testimonios que escuchamos de un grupo de familias”, dijo, en alusión a una reunión con integrantes de la Asamblea en Defensa de la Tierra. También mantuvieron un encuentro con Patricia Isorni, que denunció en la provincia y el ámbito nacional el asesinato de su hijo Franco. “No damos abasto, pero vamos a regresar”, prometió el exembajador.

“El caso Ardiles no es aislado, hay un modus operandi en la provincia de usurpación de tierras que nosotros tomamos nota y vamos a seguir con esa investigación. Es usurpación de extensos territorios y de riqueza, lo que no habla bien de la provincia”, acotó Feraud.

“Les puedo asegurar que no están solos todos los que han sufrido la represión y violación de sus DDHH y todos sus derechos, porque para nosotros esto es una prioridad”, sostuvo Valladares.

La conferencia se realizó en un hotel céntrico, bajo un clima enrarecido, porque hubo “muchos curiosos”, algún empresario y también abogados señalados por presuntamente manipular a campesinos para ocupar tierras, que intentaron romper las reuniones e imponer la agenda. Por ejemplo, Carlos “Ati” Weyemberg, a quien desde prensa de gobierno se sugirió entrevistar para intentar desacreditar al comité de IID, al sostener que “le llamaba la atención que se ocuparan de un solo caso y no de muchos otros”.

Los propios Valladares y Feraud se encargaron de desmentir esto, al sostener que si bien la investigación comenzó con el caso de Ardiles, recibieron testimonios sobre otros cientos de damnificados de la provincia. Precisamente, en el mismo lobby del hotel se ubicó el Subsecretario de Prensa, Carlos “Lito” Argañaraz para controlar quiénes ingresaban. Además, toda la conferencia se grabó por un equipo que se identificó como perteneciente a una página digital vinculada al director general de Prensa y Difusión, Walter Coria, donde curiosamente no se publicó nada.

Mientras tanto, López Alzogaray mantuvo un silencio obstinado, pese al escándalo. El fin de semana hizo publicar que había sido elegido presidente de la región Norte de la Junta Federal de Jueces, una entidad sin peso específico, como para contrarrestar el nuevo embate de IID, que fue revelado por Visión Santiago.

También trascendió que un conocido abogado del medio entrego a los visitantes una carpeta con variada documentación en donde se acusa el Director del Registro de la Propiedad Inmueble -un oscuro abogado de apellido Velarde- de manipular los dominios del interior provincial mediante informes truchos a la espera de posteriores coimas a sus propietarios .

Próximamente ampliaremos como opera este individuo y sus cómplices de adentro y de afuera de la oficina que debe velar por la seguridad jurídica.

JUZGADO DE FALTAS,,, La Defraudación superaría los $5 millones

 Lo mismo ocurre en el Registro de la Propiedad Inmueble, Catastro y Rentas, bandas internas se quedan con importantes sumas de dinero estafando al Fisco.

El organismo provincial enfrentará una auditoria interna. Tres empleados están detenidos y serán indagados este miércoles. Avanza la investigación y no se descarta la implicación de más empleados en el caso.

  La Fiscalía investiga una presunta defraudación al Juzgado de Faltas que podría superar los $5.000.000. Los empleados de apellido Díaz, Rojas Ocampo y Carrizo fueron detenidos el pasado domingo 22 de septiembre, en un operativo dirigido por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet.

El fiscal Nicolás Heredia acusó a los implicados por "presunta defraudación en perjuicio de la administración pública". La investigación se centra en el uso de facturas falsas y en operaciones fuera del horario administrativo, así como en el acceso indebido a computadoras con claves compartidas entre empleados.

Díaz, quien trabajaba en el área de notificaciones, fue indagada durante el martes, mientras que Carrizo comparecerá este miércoles ante la justicia. Ambos negaron responsabilidad y advirtieron que no se harán cargo de acciones de otros. Además, trascendió que los acusados podrían aportar más nombres a la lista de sospechosos.

el origen de la investigación se remonta a agosto, cuando se detectaron irregularidades en facturaciones y operaciones que levantaron sospechas. Las autoridades del Juzgado de Faltas notaron diferencias en los modelos de facturas, lo que derivó en la denuncia que activó los allanamientos.

No se descarta la implicación de más empleados en el caso, ya que los detenidos sugirieron que podrían existir más involucrados.

A raíz de una presunta defraudación que superaría los $5.000.000, el Juzgado de Faltas prepara una auditoría interna para esclarecer los posibles ilícitos. Aunque aún no se definió el alcance temporal de la investigación, el proceso buscará depurar las irregularidades detectadas en el manejo de facturaciones.

 Este miércoles, la Fiscalía interrogará a los acusados de apellido Carrizo y Rojas Ocampo, dos de los empleados detenidos. Carrizo insinuó que no hará declaraciones y desvió la responsabilidad hacia su compañera Díaz, quien se defendió negando todos los cargos y afirmando que su computadora era utilizada por otros compañeros.

 Las defensas de Díaz, Carrizo y Rojas Ocampo solicitaron auditorías adicionales para entender con claridad las imputaciones y el recorrido de las facturaciones, desde las infracciones hasta los pagos realizados en entidades crediticias.

Mientras la Fiscalía avanza en las indagatorias pendientes, el Juzgado se dispone a entregar una amplia documentación que respalda las acusaciones contra los tres empleados. Según fuentes del organismo, las pruebas incluyen facturas, asignación de empleados, cámaras de seguridad y la identidad de los infractores.

Por su parte, los abogados de los imputados preparan una estrategia de defensa que incluye solicitar la ratificación de las denuncias presentadas por las autoridades del Juzgado.

 

NADIE LO QUIERE A TOMMY FIGUEROA

 

Un referente de la La Libertad Avanza renunció a su cargo partidario en repudio a la designación de Tomás Figueroa como presidente del partido

El dirigente Alejandro Catán dio a conocer su dimisión al cargo de asambleísta en rechazo a la designación de “Tommy” Figueroa al frente del partido libertario en la provincia, quien se exhibe como un allegado al matrimonio gobernante.

Alejandro Catán, un reconocido dirigente de La Libertad Avanza (LLA) de Campo Gallo, anunció su dimisión al cargo de asambleísta de ese partido en Santiago del Estero, en rechazo a la designación de Tomás Figueroa como presidente de esa fuerza a nivel local.

“A los santiagueños y especialmente a la militancia libertaria quiero comunicarles mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de asambleísta del partido La Libertad Avanza en la provincia”, expresó en un comunicado.

 “Motiva esta decisión mi compromiso con todos los que ansían un verdadero cambio en Santiago del Estero y que no se sienten representados por la persona que de la noche a la mañana ha quedado a cargo de la presidencia del partido, el señor Tomás Figueroa, un viejo representante de la casta y cuyos vínculos con el zamorismo son de público conocimiento”, enfatizó.

Como reveló Visión Santiago, “Tommy” Figueroa se convirtió en empleado de la Cámara de Diputados en 1989, de la mano de su tío José “Pepe” Figueroa, en tiempos del menemismo. Se convirtió en planta permanente y fue asesor de José Emilio Neder hasta fines del año pasado, cuando fue ungido como secretario parlamentario por Martín Menem. Este año, no obstante, renunció a ese cargo, aunque mantiene su puesto en Diputados y recientemente reconoció a un medio local que continúa como “asesor político” del presidente de Menem.

“Javier Milei llego a la presidencia prometiendo dejar a la casta afuera y el señor Figueroa, que hasta diciembre se desempeñó como asesor del senador José Emilio “Pichón” Neder, jefe de la pata peronista del Frente Cívico, no solo no ha mostrado intención de combatir la casta zamorista, sino todo lo contrario, viene mostrándose como un aliado”, cuestionó Catán.

El dirigente aclaró: “Mi renuncia a un cargo partidario no significa que abandonaré la lucha. Al contrario, me sumaré al partido Unite para desde ahí continuar trabajando por las ideas de la Libertad y por un cambio verdadero en Santiago del Estero”.

Figueroa fue, además, el segundo mayor aportante de la campaña de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, en 2019, gobierno que terminó con un quebranto económico y escándalos. Figueroa donó $1.778.400 para la campaña de Frente de Todos. Con el cambio de época ahora dice abrazar “las fuerzas del cielo” y pregona el ideario libertario, aunque en una entrevista en Canal 7 evitó cualquier crítica al zamorismo.

Por el contrario, no tiene reparos en mostrarse como una espada zamorista, la “casta” que mantiene una hegemonía hace casi 20 años. Apenas fue ungido como presidente de LLA en Santiago voló a Diputados de la Nación para un homenaje que se le hizo a Oscar Ledesma Patiño, padre de Claudia Ledesma Abdala y Gerardo Zamora, con quienes posó para las fotos. Esto pese a que ya no era secretario parlamentario y estuvo en calidad de invitado especial.

Pocos días después, también se ubicó en segunda fila de la catedral, entre los invitados especiales que se sentaron detrás del matrimonio gobernante, durante la ceremonia de traslado de la sede primada a Santiago del Estero. Esa exhibición intencional al lado de los mandamases indica que el referente libertario se encuentra bajo su ala, para neutralizar una fuerza que busca disputar de la hegemonía del poder en la provincia, como genuinamente impulsan muchos santiagueños descontentos con la continuidad de la dinastía zamorista.

Fuente: Visión Santiagueña

 

OTRA TRAVESURA DEL CONTADOR HABRA… Y VAN

 Candidatos muertos y que no sabían que estaban en las listas: procesaron a cuatro apoderados de partidos políticos Ocurrió en las últimas elecciones. 170 personas afirmaron desconocer que los habían postulado en la provincia de Buenos Aires, y 6 están muertos. El juez Ramos Padilla procesó a los responsables

Candidatos muertos -en dos casos fallecidos hace más de 10 años - y otros que no sabían que figuraban en las boletas dieron paso a una investigación judicial sobre cuatro partidos políticos que se presentaron en la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO presidenciales del año pasado.

No fueron casos aislados. La Justicia electoral detectó 170 casos de postulantes que desconocían su rol. Pero además los integrantes de las Juntas Electorales Partidarias que aprobaron esas candidaturas tampoco sabían que integraban esos órganos.

Así consta en una resolución del juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, en la que procesó a los apoderados de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo” por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.

Para el magistrado la maniobra tenía como objetivo formar esas agrupaciones para hacerse de fondos públicos para la campaña y la impresión de boletas que no iban a tener ese destino. “En los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla en su resolución de 187 páginas que dictó hoy y a la que accedió Infobae.

Los procesados fueron Ernesto Raúl Habra -a quien se le allanaron tres domicilios-, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. Además se les embargó los bienes por montos de entre 480 a 50 millones de pesos, se les prohibió la salida del país y se congelaron sus cuentas

La causa se inició en paralelo a las elecciones primarias nacionales de agosto del año pasado. Cuando los partidos políticos presentaron sus listas, la justicia corroboró que los candidatos cumplan con los requisitos. Así se detectaron casos de postulantes que estaban muertos y se inició un expediente penal.

En la investigación declararon 228 personas que eran candidatas en las listas de los cuatro partido a diputados nacionales y a Parlamentarios del Mercosur: 170 dijeron que desconocían que eran postulantes para cargos electivos. Otras seis personas estaban muertas y 58 sí confirmaron que eran candidatas.

Respecto de los fallecidos, la justicia determinó que un postulantes había muerto el día 21 de octubre de 2010 y otro el 21 de noviembre de 2012.

“Creo que pueden haber sacado mis datos una vez –antes de agosto, pero no recuerdo la fecha exacta– que un pastor de una iglesia que manejaba un comedor donde mi marido y yo colaboramos, vino a mi casa en Monte Grande a pedir nuestros datos (número de DNI y nombre completo) para que nosotros podamos ir a pedir mercadería para el comedor”, declaró una mujer que era candidata. Otra dijo que no sabía leer ni escribir y que desconocía cómo llegó a una lista política.

“No estaba enterado de nada. Nosotros nos enteramos a raíz de la carta que ustedes mandaron a nuestro domicilio. No conocía la situación, me está poniendo muy mal”, declaró otro “candidato”. El desconocimiento llegaba a tal punto que uno de los postulantes a Parlamentario del Mercosur dijo que no sabía que era: “No tenía ni idea, si no me llegaba esta citación no me enteraba, no sé qué es el Parlamento del Mercosur. No conocía el partido ni las listas, no le di mi documentación a nadie, no firmé nada.”

“De las declaraciones obtenidas, se observa la existencia de un denominador común en una gran mayoría de los testigos, y es que se trataba personas vulnerables desde un punto de vista socio-económico y/o con problemas de salud de gravedad”, explicó Ramos Padilla en su resolución.

El juez destacó también que los cuatro partidos tienen en común que hicieron presentaciones similares respecto de los documentos que llevaron a la Justicia. En la causa también fueron imputados los integrantes de las Juntas Electorales de los partidos, que son las que deben corroborar la legalidad de cada candidato. Fueron citados 11 y declararon que no sabían que formaban parte de esos órganos. A ellos se les dictó la falta de mérito y seguirán bajo investigación.

“La presentación masiva de precandidaturas falsas coloca a los partidos políticos en una situación de grave sospecha respecto de su vocación real de competir y la persecución de un objeto lícito, ya que la postulación de candidatos conforma la esencia de las agrupaciones políticas, a punto tal que la no participación en elecciones es una de las causas de su caducidad”, sostuvo el magistrado.

Para el juez el objetivo de esas falsedades era constituir partidos para obtener los fondos públicos que el Estado por ley le da a las agrupaciones para la impresión de boletas y para la campaña y que son millonarios. En el caso de estos partidos con un agravante. Cada uno presentó entre tres y cinco listas internas para competir. La ley establece que el financiamiento público es por cada lista y no por partido. Por lo que a más listas, más plata. Y ninguno de los partido superó el piso de votos en las PASO para acceder a las generales.

Según la resolución, a Proyecto Joven se le asignó 352.050.020,32 de pesos; a Justicia y Dignidad Patriótica 124.224.124,30 de pesos; y a Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal no se le dieron fondos porque las listas fueron rechazadas para presentarse en las PASO.

“Teniendo en cuenta la falsedad de las pre candidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla.