Esta noticia fue publicada en el portal: info del estero.com pero fue levantada a poco de su amplia distribución por orden de quien manda mas.
El caso más reciente lo
protagonizó el Fiscal General santiagueño,
Dr. Luis Alberto de la Rúa, - uno de los personajes más desacreditado e
ignorante- que no solo pone de manifiesto la crisis de ética dentro del sistema
judicial, sino también el grado de impunidad con el que se opera desde las
altas y bajas esferas del poder en la provincia.
UN
HECHO REPUDIABLE
Este jefe de los Fiscales en
toda la provincia Luis Alberto de la Rúa en la mañana del 29 de diciembre de 2024, protagonizó
un hecho escandaloso que zarandeó a toda la opinión publica provincial, pues fue
identificado extraoficialmente – en un principio- como el responsable de un
accidente en el que atropelló a una mujer de 57 años sobre la calle Perú,
dejándola tendida en la vía pública.
Tras el incidente, este despreciado
funcionario, se dio a la fuga. El impacto, sucedido entre las 10 y 11 de la
mañana, fue captado por cámaras de seguridad de la zona, pero la sospecha de
manipulación de evidencia, crece a medida que se reporta la anulación de los
registros del CCTV.
Posteriormente, el vehículo
del Fiscal fue detenido en la intersección de Independencia y Balcarce, con el
frente visiblemente dañado, evidencia inequívoca del choque.
Este incidente no puede
desvincularse de un contexto más amplio de encubrimiento y abuso de poder que
caracteriza a las instituciones. La falta de acción inmediata y la posibilidad
de alterar informes toxicológicos refuerzan la percepción de una justicia
selectiva y subordinada al poder político.
Este caso se suma a una
serie de episodios que evidencian la manipulación de la justicia, para proteger
a los aliados del poder. La anulación de registros del CCTV, la dilación de
pericias y el potencial de alteración de informes médicos constituyen actos que
destruyen la credibilidad en las instituciones.
Santiago del Estero es
escenario de sobreprecios en obras públicas, desfalcos millonarios y un uso
indebido de recursos públicos. Los contratos otorgados a empresas vinculadas al
oficialismo, como el caso de Stilnovo y
Grupo Uno Led, muestran un patrón de favoritismo y apropiación indebida de
fondos.
La corrupción no es un
fenómeno aislado; impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
La negligencia en la provisión de servicios esenciales como salud, educación y
seguridad representa una violación sistemática de los derechos básicos de la
población.
El poder judicial en
Santiago del Estero fue cooptado para garantizar la impunidad de los poderosos
y perseguir a quienes denuncian irregularidades.
Este esquema, reforzado por
funcionarios como Luis Alberto de la Rúa,
perpetúa la injusticia y debilita el estado de derecho.
Resulta imprescindible garantizar
una justicia independiente y eficiente que actúe conforme a la ley y sin
injerencias políticas.
Auditar el Uso de Fondos
Públicos, llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos y presupuestos
provinciales para identificar y sancionar actos de corrupción. Brindar seguridad a quienes han sido afectados
o han denunciado abusos, evitando represalias por parte de las autoridades
provinciales. Reestructurar las Instituciones, Implementar reformas profundas
en las instituciones judiciales y administrativas para garantizar su autonomía
y transparencia.
Próxima nota en confección:
Registro de la Propiedad… un nuevo caso Rentas?
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