¿QUIEN ELIGE NUESTROS JUECES?

 Ambito Santiagueño

¿QUIEN ELIGE NUESTROS JUECES?

La democracia no se sostiene únicamente en elecciones periódicas. Su fortaleza real descansa en la vigencia plena de la Constitución y en el respeto a la división de poderes, especialmente en la independencia del Poder Judicial, llamado a ser la última garantía de los derechos de los ciudadanos.

En Santiago del Estero, este principio esencial se encuentra vulnerado.

· El Superior Tribunal de Justicia no está integrado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución Provincial que exige 5 miembros y hace años solo cuenta con 3.

· La mayoría de los jueces inferiores han sido designados en carácter “provisorio de 60 días” y nunca han pasado por el procedimiento establecido en el artículo 191. Esa provisionalidad de 60 días, ha vencido hace años por ministerio de la ley (mero transcurso del tiempo, el día 61 de la designación).

· Lo mismo ocurre con el Ministerio Público Fiscal y de Defensa, instituciones centrales para garantizar que los ciudadanos puedan denunciar, ser defendidos y acceder a un juicio justo.

El resultado es una situación alarmante: hoy existen magistrados y funcionarios que ejercen sus cargos sin designación válida, lo que encuadra en la figura de usurpación de cargo público (artículo 246 inciso 2° del Código Penal). En términos simples, los ciudadanos santiagueños estamos siendo juzgados, acusados o defendidos por personas cuya permanencia en el cargo es ilegítima, ilegal y podría constituir un delito.

Esta grave irregularidad no es un problema lejano, de otros o solamente de forma, institucional. Tiene efectos concretos en la vida de los santiagueños:

· Personas excluidas de sus hogares que no encuentran amparo en decisiones judiciales imparciales.

· Ciudadanos privados de su libertad, que esperan un proceso justo conducido por jueces y fiscales legítimos.

· Víctimas que realizan denuncias por delitos o violencia y ven cómo sus reclamos quedan sin respuesta, ante una inseguridad creciente.

· Acusados que no pueden ejercer plenamente su derecho de defensa por la precariedad institucional del propio Ministerio Público.

A ello se suma otro aspecto silencioso pero no menos grave: la frustración de cientos de abogados y empleados judiciales que, con años de trayectoria y preparación, esperan legítimamente acceder a cargos a través de concursos de mérito. En lugar de ello, las designaciones discrecionales favorecen a familiares, amigos o incluso parejas de quienes detentan el poder, desalojando cualquier expectativa de carrera judicial fundada en la capacidad y la transparencia.

Un Poder Judicial designado “a dedo” no sólo vulnera derechos fundamentales como la propiedad, la libre expresión, el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley. También compromete el futuro de la provincia: sin seguridad jurídica no hay desarrollo posible. Ningún inversor, local o foráneo, va a arriesgar capital en un territorio donde las reglas constitucionales no se respetan y donde la justicia depende de vínculos personales, salvo aquellos que se asocien directamente con quienes concentran el poder.

Lo más preocupante y hasta indignante, es el silencio generalizado. Ni los candidatos en campaña (especialmente los que se presentan como opositores), ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación (supuestamente independientes), ni siquiera el propio Colegio de Abogados, han puesto este tema en la agenda pública. El mutismo de quienes deberían velar por el Estado de Derecho es tan o más grave que las irregularidades mismas.

Por todo ello, entendemos que es imprescindible abrir un debate ciudadano amplio y honesto sobre la Justicia en Santiago del Estero, para lo cual esta página se pone a disposición sin color político.

Pretendemos:

1. El cumplimiento inmediato de la Constitución en la integración del Superior Tribunal de Justicia.

2. La designación de jueces, fiscales y defensores a través de los procedimientos previstos, con concursos de antecedentes y oposición.

3. El fin de las designaciones discrecionales que deslegitiman las instituciones y frustran las legítimas expectativas de quienes han hecho carrera en el ámbito judicial.

Santiago del Estero no podrá aspirar a un futuro de progreso mientras la Constitución siga siendo ignorada. Sin justicia independiente no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no hay democracia ni desarrollo posible.