¿DEMOCRATIZAR
LA JUSTICIA?
Por Jorge R. Enríquez
PERSICO: dirigente impresentable del kirchnerismo |
Hace unos días, la señora de Kirchner
volvió a reclamar la "democratización" de la Justicia y adelantó que
tenía planes para alcanzar ese objetivo.
El kirchnerismo tiene una especial maestría
para resignificar palabras, a tal punto que suele usarlas en un sentido opuesto
al de su acepción habitual. Así, por ejemplo, en cuanto a la ley de
medios, el propósito de "acallar cualquier disidencia" se enuncia
mediante la apelación a "la pluralidad de voces”.
Algo similar sucede
con esta reiterativa "democratización". ¿Qué quiere decir
democratizar la Justicia?
El Poder Judicial,
en un país republicano como el que establece nuestra Constitución, es
democrático, porque los jueces son designados en última instancia por el
pueblo. No lo son de manera directa, mediante elecciones, sino a través de
mecanismos en los que intervienen representantes del pueblo (Poder Ejecutivo,
Senado) y desde 1994, en el orden federal, también, con carácter previo, el
Consejo de la Magistratura, que se compone de representantes del pueblo, de
jueces (elegidos indirectamente por el pueblo) y de abogados (elegidos por sus
pares).
Salvo en algunos
Estados de los Estados Unidos de América, es muy raro que los jueces sean
electos popularmente en forma directa. Inclusive en ese país, tal mecanismo es
objeto de fuertes cuestionamientos, ya que parece impropio de la función
judicial hacer campañas, promesas electorales, recibir financiación
proselitista, etc.
De todas formas, si
la mentada democratización implicara la elección popular de los jueces debería
hacerse a través de una reforma constitucional, que hoy parece remota porque el
oficialismo no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso.
¿Qué procura,
entonces, la presidente cuando insiste con este críptico concepto? Es difícil
saberlo, pero aún sin tocar el texto de
la Constitución puede usar su holgada mayoría en ambas Cámaras del
Congreso para promover reformas legislativas que afecten la independencia
judicial. Acaso pretenda introducir modificaciones a la ley del Consejo de la
Magistratura para reforzar el componente político en detrimento de los
estamentos judicial y de abogados. Fue por su iniciativa, siendo senadora, que
en 2006 se modificó esa ley con el propósito de alterar inconstitucionalmente
el equilibrio previsto en el artículo 114 de la CN. ¿Profundizará este año ese
camino? En otras palabras, ¿profundizará la inconstitucionalidad? ¿Irá, también
en esta materia, tan sensible a los valores republicanos, por todo?
Otra idea que
subyace en las declaraciones de la primera mandataria y de sus habituales
voceros es la de que los jueces no pueden “alzarse” contra las decisiones de
los órganos políticos. Llevar este criterio al extremo implicaría rechazar nada
menos que el control judicial de constitucionalidad, que viene ejerciéndose en
la Argentina desde hace 150 años, cuando se sancionaron las primeras leyes de
organización de la justicia federal y se constituyó la Corte Suprema, y que
desde 1994 está expresamente reconocido en la Constitución. No hay país
civilizado en el que el control de las leyes y demás actos estatales no esté a
cargo de órganos independientes. Si el controlante es el mismo controlado no
hay límite alguno a la inconstitucionalidad. Prescindir de una ley porque es
inconstitucional es una decisión “contramayoritaria”, como lo señala la doctrina norteamericana. Y está
bien que así sea: ni una amplia mayoría legislativa –aun cuando esté respaldada
por la opinión pública- puede violar los preceptos constitucionales. Postular
lo contrario equivale a desconocer lisa y llanamente la existencia de la
Constitución.
En cualquier caso,
de algo podemos estar seguros: "democratizar", para el kirchnerismo,
es "subordinar", "alinear", "hacer obedecer al Poder
Ejecutivo". En otras palabras, conseguir jueces dóciles, que no
investiguen la corrupción gubernamental, que no ejerzan cabalmente el control
de constitucionalidad, que no molesten.
Democratizar es,
pues, en la neolengua K, terminar con la República.
Viernes 15 de febrero de
2013
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