CONTINUA EL CASTIGO A ZAMORA

La nota pertenece al editorial del diario Los Andes de Mendoza, publicado en la fecha, lo que refleja el pensamiento nacional a cerca de la postura del gobernador Zamora. Los mensajes que le envía la prensa de todo el país le están advirtiendo que se espera un cambio de rumbo, no solamente de gente. El santiagueño está gobernando con una verdadera lista de ineptos e impresentables colaboradores, quienes lo asesoraron para que viole la constitución con argumentos a los que la Corte calificó de infantiles.

 

	Santiago del Estero: burla al sistema republicano
	La tentación de eternizarse en el poder es permanente en buena parte de la dirigencia política argentina. Uno de los ejemplos más flagrantes se da en Santiago del Estero donde el gobernador, Gerardo Zamora, impuso a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, como candidata a sucederlo luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera la elección provincial del 27 de octubre último, en la cual el actual mandatario pretendía competir por un tercer período, burlando lo que prohíbe la Constitución local.
	La Corte dictó una medida cautelar que respondió a una petición efectuada por la Unión Cívica Radical de la provincia norteña. La intervención del máximo tribunal de la Nación fue muy significativa ya que desestimó el dictamen previo de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que señalaba que la Corte no debía involucrarse en un caso estrictamente provincial. Zamora asumió por primera vez la gobernación de Santiago del Estero en 2005 y rápidamente impulsó una reforma constitucional en la que se estableció que si el gobernador y el vicegobernador son reelegidos, o se suceden recíprocamente, no podrán ser elegidos nuevamente para ninguno de esos cargos, sino con un intervalo de un período. Y una cláusula transitoria especifica que el mandato del gobernador en ejercicio al momento de sancionarse la reforma debía ser considerado como el primer período de su gestión. Sin embargo, hace tres años uno de los partidos integrantes de la coalición que lidera Zamora efectuó un planteo de inconstitucionalidad de la citada cláusula transitoria. La acción fue aceptada por una jueza en lo civil y comercial de la provincia y de ese pronunciamiento se tomó el gobernador para postularse a un tercer mandato consecutivo. En los considerandos de su fallo, los jueces de la Corte señalaron que "la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que... intentaron forzar, en algunos casos hasta hacerlos desaparecer, los principios republicanos que establece nuestra Constitución", añadiendo que "ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura". Los ministros de la Corte aceptaron intervenir en el asunto, a pesar de tratarse de una cuestión provincial, en virtud de que se hallaban en juego expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, que las provincias se obligan a respetar en el artículo 5 de la Constitución nacional. Pero, el grosero desafío que lanza a la vida republicana de nuestro país el gobernador Zamora al postular a su esposa para sucederlo debe alertarnos una vez más sobre la calidad institucional que debemos exigir los argentinos. Si bien constitucionalmente nada impide que Claudia Ledesma Abdala se postule para el cargo, queda en evidencia que Santiago del Estero se encuentra gobernada por una familia que prioriza sus ambiciones y que no duda en ejercer una acción caudillesca que los convierte en virtuales dueños del poder, capaces de interpretar las normas constitucionales de acuerdo a su conveniencia o haciéndolas modificar a su antojo. La actitud de los Zamora es más grave aún si se tiene en cuenta que tienden a ejercer el mismo liderazgo de tipo feudal que durante décadas mantuvieron el peronista Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés. De ahí entonces la importancia de que a través de la Justicia sean definitivamente erradicadas interpretaciones que burlan el espíritu constitucional y atentan contra los preceptos republicanos de periodicidad en el ejercicio del poder público.