EL FALLO DE LA CORTE SALVÓ LA
REPUBLICA
Por
Jorge R. Enríquez
Como
seguramente le habrá ocurrido a la inmensa mayoría de los argentinos, el pasado
martes 18 de junio, sentí una profunda satisfacción cívica al conocer el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fulminaba por
inconstitucional el corazón de la reforma judicial kirchnerista tendiente a
domesticar la Justicia, o sea, la ley modificatoria del Consejo de la
Magistratura.
La
sentencia no sólo ratifica la férrea voluntad republicana de los magistrados,
sino que se realiza en una situación de constante persecución y descalificación
a los ministros de la Corte. Se había echado sobre el poder judicial
independiente el peso de las ignominiosas presiones de todo el aparato político
del Ejecutivo Nacional con la evidente intención de obtener una resolución
favorable.
La
Corte no se amilanó y puso un freno al ejercicio abusivo del poder y tradujo en
su sentencia la voluntad mayoritaria del pueblo argentino de seguir viviendo en
una República.
Como
era esperable, el oficialismo criticó con toda dureza el fallo y a los miembros
del Alto Tribunal que lo dictara, con un total desprecio por el Estado de
Derecho, el principio de división de poderes y las instituciones de la
República. Abundaron las diatribas, inflamadas de odio y fanatismo, alentadas
desde el vértice del Poder Ejecutivo y ejecutadas obsecuentemente por los
esbirros y aplaudidores de siempre.
En
la celebración del Día de la Bandera, que convirtió –como
suele hacer- en un acto partidario que nos permitió anoticiarnos de que Manuel
Belgrano había sido kirchnerista, Cristina Kirchner dijo que en 2015 le
gustaría ser jueza de primera instancia, porque los jueces en la Argentina
creen tener más poder que los legisladores y los presidentes. Para ello debería
sortear dos obstáculos: 1) acreditar que es abogada, circunstancia que hasta
ahora está envuelta en un halo de misterio; 2) acreditar que posee sólidos
conocimientos jurídicos como para pasar exitosamente los exámenes del Consejo
de la Magistratura. Esta última valla es casi insuperable, como puede colegirlo
cualquiera que la escuche hablar de cuestiones legales.
Sabemos, sin embargo, que la presidente no
aspira a ejercer la función judicial, sino que simplemente quiso ser irónica y
atacar a los jueces –y, en especial, a la Corte Suprema- por haber declarado
la inconstitucionalidad de los aspectos
sustanciales de la reforma al Consejo de la Magistratura. Según los corifeos
del oficialismo, declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada por el
Congreso es nada menos que actuar en contra del pueblo mismo. Pero como la
propia Corte lo recordó en su fallo, el gobierno nacional impulsó la inconstitucionalidad
de la ley de obediencia debida, también sancionada años antes por el Congreso.
Entonces, ¿el control de constitucionalidad es un triunfo del pueblo cuando su
resultado coincide con los deseos del kirchnerismo y un acto de traición a la
patria cuando su resultado es adverso a esos deseos?
Es tan burdo el argumento que corremos el
riesgo de degradarnos a nosotros mismos al contestarlo. Es, no obstante,
nuestro deber hacerlo, porque la palabra de la titular del Poder Ejecutivo,
propalada ad infinitum por la cadena
oficial y paraoficial de medios –que abarca más del 80% de los canales de TV y
radios existentes- es recibida sin precauciones por mucha gente que no tiene
por qué presumir que desde el la cima del poder se le miente en la cara de la
forma más grosera.
La Corte no usurpó funciones que no le
corresponden. Tan sólo cumplió con su deber, que es el que desde 1862 les
impone a todos los jueces federales la ley 27, la primera ley de organización
de la justicia federal, cuando en su artículo 3º establece: “Uno de sus objetos es sostener la
observancia de la Constitución nacional, prescindiendo, al decidir las causas,
de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales que esté en
oposición con ella”. Es eso lo que resolvió el alto tribunal. Otros casos admiten diversas interpretaciones. En este, toda
la comunidad jurídica cerró filas en torno a la manifiesta incompatibilidad de
la elección popular de abogados, jueces y académicos para integrar el Consejo
de la Magistratura con el texto del artículo 114 de la Constitución.
Es lamentable que un jurista de vasta
trayectoria académica como el doctor Zaffaroni haya terminado de demostrar con
su voto en disidencia que no forma parte de la Corte como un juez, sino como un
operador político del Poder Ejecutivo. Ese compromiso partidario lo llevó al
extremo de borrar con el codo en su voto lo que dijo como convencional
constituyente en 1994.
Por suerte, sus pares honraron el juramento
que prestaron al asumir sus cargos: defendieron a la Constitución y salvaron a
la República.
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